La reciente decisión del gobierno argentino de permitir la compra de armas semiautomáticas y de asalto a civiles ha generado un intenso debate en el país. Este decreto, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de ministros Guillermo Francos y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, marca un cambio significativo en la política de control de armas en Argentina. Desde 1995, la compra y uso de este tipo de armamento estaba restringido al ámbito militar. Sin embargo, ahora se autoriza a “legítimos usuarios” la adquisición de armas semiautomáticas, alimentadas con cargadores de quita y pon, similares a fusiles, carabinas o subametralladoras de asalto derivadas de armas de uso militar de calibre superior al 22.
Este cambio se enmarca en una serie de medidas que han flexibilizado la tenencia de armas en el país. En mayo, el gobierno simplificó el proceso de obtención de permisos mediante la “tenencia express”, un trámite digital a través de la plataforma de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac). Esta medida busca facilitar y agilizar la obtención de armas de fuego tanto para civiles como para miembros de las Fuerzas Armadas, de seguridad o policías. Sin embargo, los civiles deben justificar el uso deportivo de las armas.
La flexibilización de las leyes de armas ha sido un tema controvertido en Argentina, especialmente considerando que, según datos del Centro de Estudios Legales y Sociales, en 2022 uno de cada dos homicidios dolosos fue cometido con un arma de fuego. La decisión de permitir la compra de armas semiautomáticas y de asalto a civiles ha sido criticada por quienes temen un aumento en la violencia armada. No obstante, los defensores de la medida argumentan que el derecho a portar armas es una cuestión de libertad individual y seguridad personal.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha sido una firme defensora de la libre portación de armas. En una declaración, cuestionó por qué a los 18 años no se podría ser un legítimo usuario o portador de un arma, cuando a esa edad ya se pueden tomar decisiones significativas como votar, ir a la guerra o formar una familia. Esta postura ha sido respaldada por algunos sectores que ven en la portación de armas un derecho fundamental.
Por otro lado, el presidente Milei, aunque en el pasado se manifestó a favor de la libre portación de armas, ha señalado que una reforma en ese sentido no formaba parte de su plataforma presidencial. Esta aparente contradicción ha generado confusión y críticas entre sus seguidores y detractores.
En Argentina, con una población de 45 millones de habitantes, cerca de un millón de personas tienen credenciales de usuario de armas de fuego. Sin embargo, más del 65% de estas credenciales están vencidas, según una investigación de Chequeado. Este dato pone de relieve la necesidad de un sistema de control más riguroso y actualizado.
La decisión de permitir la compra de armas semiautomáticas y de asalto a civiles plantea múltiples desafíos. Por un lado, está la cuestión de la seguridad pública y el potencial aumento de la violencia armada. Por otro lado, está el debate sobre los derechos individuales y la libertad de portar armas. En este contexto, es crucial que el gobierno implemente medidas efectivas para garantizar que las armas no caigan en manos equivocadas y que se promueva un uso responsable y seguro de las mismas.
Además, es fundamental que se realice un seguimiento exhaustivo de las consecuencias de esta medida. Esto incluye la recopilación de datos sobre el impacto en la violencia armada y la evaluación de la efectividad de los controles implementados. Solo a través de un análisis riguroso y basado en evidencia se podrá determinar si esta política contribuye a mejorar la seguridad en el país o si, por el contrario, agrava los problemas existentes.
