El gobierno ha decidido ajustar el precio de la gasolina y del diésel en Colombia. Esta medida busca evitar que aumente el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). A partir del domingo 4 de agosto, el precio del diésel para los grandes consumidores se incrementará. Esto se debe a que se cumplen los 45 días de margen entre la publicación del decreto, el 18 de junio, y su aplicación.
La medida afecta a empresas con su propia logística, que no acuden a las bombas de gasolina. Estas empresas se encuentran principalmente en sectores como la producción de cemento, la minería, las explotaciones de petróleo y carbón, y el sector de la caña. En este último caso, no se trata de la producción de azúcar o etanol, sino del funcionamiento de los trenes cañeros. Así lo explicó el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.
Es importante destacar que la medida no aplica para las empresas generadoras de energía ubicadas en zonas no interconectadas ni para los sistemas de transporte terrestre masivo de pasajeros. Tampoco modificará el precio en las bombas de gasolina ni en los distribuidores minoristas. El documento oficial establece que el ingreso al productor deberá ser, como mínimo, el precio de paridad internacional. Los grandes consumidores representan el 5 % del consumo total de ACPM, y la medida afecta a 150 empresas. Según cálculos del Ministerio de Hacienda, esto se traduce en un ahorro de $50.000 millones mensuales para el país.
El FEPC terminó 2022 con un déficit de $37 billones. Si no se resolvía, este déficit tendría que ser asumido con el Presupuesto General. El Gobierno de Gustavo Petro ya ajustó el precio de la gasolina, pero el gran pendiente sigue siendo el ajuste en el diésel. En 2023, el déficit del FEPC fue de $15,2 billones y este año cerraría en $12 billones, correspondiente exclusivamente al ACPM, según las cuentas del Ministerio de Hacienda.
Sin embargo, esta decisión ha generado alertas y críticas. Los gremios de transporte de carga están en desacuerdo con la medida del Gobierno. Arnulfo Cuervo, vicepresidente de la Federación de Empresarios del Transporte de Carga (Fedetranscarga), considera que la decisión podría tener consecuencias negativas tanto en la economía como en los hogares del país. La crítica principal de Cuervo se centra en la falta de un incremento gradual similar al que se aplicó en su momento al precio de la gasolina. Según él, los grandes consumidores, como los productores de cemento, podrían trasladar este aumento a los precios de sus productos, afectando así el desarrollo de la industria de la construcción en Colombia.
El gremio transportador, representado por Fedetranscarga, le solicitó al Gobierno que excluya al sector de transporte de carga de estos incrementos para garantizar el abastecimiento nacional, especialmente de alimentos. Además, el incremento del ACPM coincide con las previstas subidas en las tarifas de peajes. Esto intensifica el impacto en los costos de transporte, lo que a su vez afecta los precios de bienes y servicios. En última instancia, los consumidores podrían sentir el efecto en sus bolsillos.
La medida del Gobierno de Gustavo Petro de ajustar el precio del diésel para los grandes consumidores tiene como objetivo principal reducir el déficit del FEPC. Sin embargo, esta decisión ha generado una serie de reacciones y preocupaciones en diversos sectores de la economía. Por un lado, el ahorro de $50.000 millones mensuales es significativo y necesario para las finanzas del país. Por otro lado, los gremios de transporte de carga y otros sectores afectados temen que el aumento en los costos de producción y transporte se traduzca en un incremento en los precios de bienes y servicios, afectando a los consumidores finales.
El debate sobre el ajuste del precio del diésel pone de manifiesto la complejidad de las políticas económicas y sus impactos en la sociedad. Mientras el Gobierno busca soluciones para reducir el déficit del FEPC, es crucial considerar las implicaciones de estas medidas en la economía real y en la vida cotidiana de los ciudadanos. La búsqueda de un equilibrio entre la estabilidad financiera y el bienestar social es un desafío constante que requiere diálogo y colaboración entre todos los actores involucrados.
