La violencia en el norte de Colombia vuelve a escalar. La Sierra Nevada y el Magdalena están en el centro de la tensión. Los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada han generado desplazamientos forzados en Aracataca. Además, existen advertencias sobre posibles riesgos para las elecciones en la región.
Las disputas armadas se han extendido hacia zonas del Cesar y La Guajira. Paralelamente, el cierre indefinido del Parque Nacional Natural Tayrona por razones de seguridad abrió un debate intenso. La discusión se centra en la injerencia de estructuras ilegales en uno de los principales destinos turísticos del país.
Mauricio Silva lidera la delegación del Gobierno en la mesa sociojurídica con las Autodefensas Conquistadoras. Silva reconoce que existe riesgo en el territorio. También admite que hay denuncias de amenazas contra funcionarios públicos. El grupo armado ejerce control territorial en amplias zonas de la Sierra Nevada.
Sin embargo, el delegado sostiene una posición cautelosa. No puede atribuirles responsabilidad penal en los hechos que rodearon el cierre del parque. Tampoco puede hacerlo respecto a los amedrentamientos a funcionarios sin investigaciones judiciales concluyentes. Para Silva, admitir la delicada situación de seguridad es una cosa. Señalar autores específicos sin pruebas es otra muy diferente.
Esta distinción marca la posición oficial del Gobierno. La negociación con el grupo armado está en curso. Al mismo tiempo, existe presión institucional por resultados en materia de orden público. El equilibrio entre ambos frentes resulta complejo y delicado.
Silva inicialmente señala que las razones del cierre son principalmente climáticas. No obstante, la resolución 091 menciona explícitamente temas de seguridad. Hay amenazas a funcionarios del parque documentadas. Incluso existe una alerta de la Defensoría sobre riesgos de violencia por enfrentamientos entre grupos armados.
El delegado aclara que la Sierra Nevada no es una zona pequeña. Es una cordillera que ocupa tres departamentos completos. No ha habido enfrentamientos directamente dentro del Parque Tayrona. La referencia del informe de la Defensoría se dio por combates en mayo, junio y julio. Estos ocurrieron en San Juan del Cesar y en La Guajira.
Aquella zona es territorio en disputa. Hubo afectación grave sobre la población civil durante esos meses. Posteriormente vino un seguimiento institucional de la situación. También ha habido enfrentamientos en Aracataca y otras acciones en el Cesar. Según Silva, nada de eso pasa donde está ubicado el parque.
El delegado insiste en que se trata de una situación del territorio en general. Sin embargo, reconoce que los enfrentamientos afectan zonas vecinas. También impactan a las comunidades aledañas al parque. La violencia no respeta límites geográficos precisos.
Silva contextualiza la situación con una perspectiva histórica. Estamos hablando de la cuarta generación de una gobernanza criminal y delincuencial. Esta situación lleva cuarenta años arraigada en el territorio. Básicamente, la seguridad y la justicia las provee un grupo armado ilegal.
Por lo tanto, no se superará la violencia hasta transformar el territorio. Se necesitan tres elementos fundamentales: seguridad, justicia y goce efectivo de derechos. El objetivo es transformar el territorio, no simplemente desmovilizar un grupo. Esta visión integral marca la estrategia del Gobierno en la negociación.
Respecto a la violencia contra funcionarios del parque, Silva ofrece una explicación matizada. Existe una instrumentalización histórica de las comunidades indígenas. Algunas personas dicen a otras que están respaldadas “por los de arriba”. Todo el mundo les cree por la historia de cuarenta años.
Se han dado casos de personas quitando manillas de entrada al parque. Dicen que actúan de parte del grupo armado. Sin embargo, las Autodefensas Conquistadoras niegan estos hechos. Silva siempre les pide a las víctimas que denuncien formalmente.
El delegado no niega que el grupo instrumentalice a la población. Claro que lo hace, reconoce. Pero también hay denuncias que no son ciertas. No puede afirmar categóricamente que las amenazas o las extorsiones sean reales. Tampoco puede negar que lo sean sin investigación.
Lo que existen son hechos concretos: amenazas, denuncias, daños y gente con miedo. Eso está pasando en el territorio. Ahora bien, la autoría específica es otra cosa. Eso les corresponde determinarlo a las autoridades judiciales.
Silva no puede construir una verdad oficial basándose en rumores. Tampoco puede basarse solo en lo que dicen terceros. Pero tampoco puede actuar como si nada estuviera ocurriendo. Entonces la posición es clara: hay riesgo, hay denuncias y hay una situación delicada.
Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada lo niegan. Silva no tiene prueba para contradecirlos de manera categórica. Pero tampoco tiene elementos para exonerarlos completamente. Esta ambigüedad define la complejidad de su rol como negociador.
Las resoluciones hablan de varias razones para el cierre del parque. Entre ellas está la seguridad como factor determinante. Hay alertas sobre incrementos en los homicidios en la región. Existe presencia activa de estructuras armadas ilegales. También hay amenazas directas para funcionarios del Parque Tayrona.
El grupo armado dice que no tiene nada que ver con el cierre. Afirman que no han amenazado a nadie. Tampoco han incitado o llevado a esa situación. Esto es lo que se puede decir desde el espacio de conversación sociojurídica.
La pregunta se formuló en dos ocasiones. Incluso se hizo el día de la firma del acuerdo sobre las elecciones. Ese día, el jefe máximo del grupo explicó personalmente la posición. Aseguró que el grupo no tiene nada que ver con esa situación.
Parece contradictorio no creer lo que dicen entidades del mismo Gobierno. Parques Nacionales y la Defensoría emiten alertas claras. Silva aclara que no está diciendo que no haya alertas. Tampoco niega que cierren por falta de seguridad.
Le consta que es por inseguridad. Estuvo conversando con funcionarios cuando se iba a cerrar el parque. Sabe qué pasó ahí. Por lo tanto, la medida era la que había que tomar. No fue apresurada ni injustificada.
El grupo tiene injerencia en lo que pasa en el territorio. Es un grupo ilegal, eso está claro. Tiene control territorial en amplias zonas. Esa es la razón por la que el Gobierno conversa con ellos.
También porque el grupo quiere transformar su territorio. Esto ocurre en el marco de la Ley 2272. No es un grupo rendido militarmente. Es un grupo que quiere que su territorio se transforme.
El grupo niega participación en los amedrentamientos a funcionarios del parque. Lo niega rotundamente. Eso es lo que Silva puede decir desde la mesa de paz. Desde otras instancias como Policía o Fuerza Pública no puede saber. No conoce sus investigaciones en detalle.
Silva sabe lo que le dice Parques Nacionales. Sabe lo que le dice el grupo armado. Eso es lo que conoce directamente. Lo que hacen permanentemente es evitar que esto pase. Avanzan en transformaciones territoriales con las comunidades.
También avanzan en la firma de acuerdos. Estos deben conducir al tránsito a la vida civil. También deben disminuir las violencias en el territorio. No está diciendo que sepa si el grupo fue o no responsable. No tiene idea con certeza.
Sabe del clima de tensión. Sabe de lo que pasa allá. Hay tensiones evidentes en el territorio. Pero nadie del parque está sacando a nadie por la fuerza. Eso no es cierto, le consta personalmente.
La gente se va a ir del parque. Tiene que irse por seguridad. Pero no es que los estén sacando a la fuerza. Eso es lo que puede afirmar. Personalmente le gustaría que avanzara más la investigación policial y judicial.
Se ha dicho que el parque funciona como corredor ilegal. También hay denuncias de extorsión vinculada al ingreso de turistas. Silva dice que no hay investigación sobre la autoría. Sin embargo, tanto la resolución como la Defensoría apuntan al Clan del Golfo. También señalan a las Autodefensas Conquistadoras como responsables.
Silva conoce los dichos y los rumores. Pero no hay investigación formal concluida. Él no tiene competencia investigativa ni de seguridad. Eso lo tienen la Policía y la Fiscalía.
Todos los dichos señalan que todo es responsabilidad del grupo. No dice que no lo sea. Pero no ha visto una investigación que lo confirme. Le consta de varios casos que no son responsabilidad de ellos.
La masacre que se le endilga al grupo en enero no fue obra suya. Incluso el video del Bendito Menor tampoco fue real. Hace seis meses el grupo sacó un comunicado. Decía que por un tiempo iba a dejar de extorsionar.
Lo hicieron efectivamente. Y se disparó la extorsión en Santa Marta firmada como Autodefensas Conquistadoras. Resulta que nunca en la vida habían firmado una extorsión. Esto sugiere que otros aprovechan su nombre para delinquir.
Silva no puede decir que el grupo protege a personas que amenazan a Parques. Pero tampoco puede decir que no lo haga. Solo tiene el dicho de ellos como fuente. Es simplemente el jefe de una negociación sociojurídica.
Se trata de desmovilizar y transformar el territorio. También de hacer un tránsito a la vida civil. Además de someter al grupo a la justicia. De eso se trata el proceso. Y eso está acordado desde el día cero de las conversaciones.
Respecto a la masacre de enero, Silva es categórico. La masacre pasó, eso es un hecho. Pero no fue el grupo armado el responsable. Y el video del Bendito Menor amenazando al presidente Petro es un montaje.
Silva tiene el video original. Eso es mentira, afirma. También es falso que mataron a la esposa del Bendito Menor. Y es falso que se entregó a las autoridades. Eso nunca pasó. Fue una ficción completa.
El Bendito Menor salió reconociendo y negando eso como tres veces. Dio su nombre y cédula. Dio toda su información personal. Que él es un bandido, claro que sí. Si no, Silva no estaría trabajando en esto.
Pero las cosas son las cosas. No está diciendo que el grupo es un montón de angelitos. Sabe con quién está conversando. Eso lo tiene absolutamente claro. Pero una cosa es una cosa y otra es otra.
Sobre el tema de las extorsiones, es un tema a viva voz. El grupo controla casi todo lo que pasa en Santa Marta. Lo que Silva ha visto este año es que eso se ha retrocedido. Lo han conversado en las mesas de negociación.
La situación en la Sierra Nevada refleja cuarenta años de conflicto. La gobernanza criminal está profundamente arraigada. Las comunidades indígenas han sido instrumentalizadas históricamente. La transformación territorial requiere tiempo y recursos.
El Gobierno enfrenta un dilema complejo. Debe negociar con grupos armados ilegales. Al mismo tiempo debe proteger a la población civil. También debe mantener la credibilidad institucional frente a las denuncias.
Las alertas de la Defensoría del Pueblo son claras. Los informes de Parques Nacionales son contundentes. Existe riesgo real para funcionarios y visitantes. La violencia entre grupos armados continúa en zonas aledañas.
El cierre del Parque Tayrona tiene múltiples implicaciones. Es uno de los principales destinos turísticos del país. Genera empleo e ingresos para comunidades locales. Su cierre afecta la economía regional significativamente.
Las comunidades indígenas están en medio del fuego cruzado. Los Wiwa y otros pueblos ancestrales habitan la Sierra Nevada. Han sido víctimas históricas de la violencia. Ahora son instrumentalizados por diferentes actores armados.
La estrategia del Gobierno busca transformación integral. No solo desmovilización de combatientes. Requiere seguridad, justicia y derechos efectivos. Es un proceso largo y complejo.
Las investigaciones judiciales avanzan lentamente. La atribución de responsabilidades requiere pruebas sólidas. Los rumores y dichos no son suficientes. La justicia debe actuar con base en evidencias.
Mientras tanto, la población vive con miedo. Las amenazas son reales aunque la autoría sea difusa. Los funcionarios públicos trabajan bajo presión. Los turistas evitan la zona por inseguridad.
El control territorial de grupos armados es innegable. Las Autodefensas Conquistadoras tienen presencia en amplias zonas. El Clan del Golfo disputa esos territorios. Los enfrentamientos afectan a la población civil.
La Ley 2272 ofrece un marco para la negociación. Permite conversaciones con grupos armados. Busca tránsito a la vida civil. Pero requiere voluntad de todas las partes.
El grupo armado niega las acusaciones más graves. Dice no extorsionar ni amenazar. Afirma querer transformar el territorio. Pero las denuncias continúan llegando.
Silva mantiene una posición equilibrada. No puede acusar sin pruebas. Tampoco puede ignorar la realidad. Su rol como negociador requiere esta delicadeza.
La situación requiere investigación seria. La Policía y la Fiscalía deben actuar. Las pruebas deben recopilarse sistemáticamente. La justicia debe llegar al territorio.
Las comunidades necesitan protección efectiva. Los funcionarios públicos requieren garantías. Los pueblos indígenas merecen respeto. El territorio debe transformarse profundamente.
La violencia de cuarenta años no se supera fácilmente. Requiere compromiso sostenido del Estado. También necesita voluntad de los grupos armados. Y participación activa de las comunidades.
El Parque Tayrona permanece cerrado indefinidamente. La fecha de reapertura es incierta. Depende de condiciones de seguridad. También de acuerdos entre las partes.
Los desplazamientos forzados continúan en Aracataca. Las familias abandonan sus hogares. Buscan seguridad en otros municipios. La crisis humanitaria se agrava.
Las elecciones enfrentan riesgos en la región. Los grupos armados pueden interferir. Las amenazas a candidatos son posibles. La democracia está en juego.
El Cesar y La Guajira también sufren. La violencia no respeta límites departamentales. Los corredores ilegales atraviesan varios territorios. El control es difícil.
La transformación territorial es la apuesta. No hay soluciones rápidas ni fáciles. Se requiere presencia integral del Estado.
