El alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, se pronunció sobre las denuncias de estafa masiva. Estas involucran al menos tres concesionarios de vehículos en la ciudad. A través de sus redes sociales, emitió un mensaje contundente para las víctimas.
“No están solos. Ya hemos hablado desde la Alcaldía con algunas de las víctimas. Son muchas y se trata de un caso que involucra al menos tres empresas fachada”, afirmó el mandatario local. Las denuncias comenzaron a hacerse visibles y escalaron hasta llegar al Distrito de Medellín.
La Fiscalía actualmente investiga estos casos de presunta estafa. Numerosos ciudadanos reportaron la desaparición de vehículos tras realizar negocios. También denunciaron el incumplimiento de pagos por parte de estos establecimientos. Un concesionario ubicado en la avenida El Poblado concentra la mayoría de quejas.
Agustín Vásquez protagoniza uno de los casos más representativos. Vendió su camioneta Volkswagen Amarok a través de Autos MG. Solo recibió una fracción del dinero acordado en el contrato. Al regresar al concesionario, los vehículos y equipos ya no estaban. Las sedes de San Diego y la Milla de Oro estaban vacías.
Además, Vásquez recibió un comunicado donde se informaba algo sorprendente. El propietario del establecimiento había fallecido, según el documento. Medios locales corroboraron posteriormente este hecho.
El alcalde Gutiérrez detalló las acciones que tomarán las autoridades. Están agrupando las denuncias y trabajando en una mesa priorizada. La Fiscalía, la Policía Judicial y equipos de analistas municipales participan. Estos equipos han recopilado información relevante sobre los casos.
Las autoridades tienen placas de vehículos, recorridos y valores de las estafas. También cuentan con números de celulares, modus operandi y nombres relacionados. Gutiérrez enfatizó que “los encontraremos y tendrán que responder ante la justicia”.
La alcaldía estableció canales de contacto con las víctimas. Mientras tanto, los denunciantes impulsan una denuncia colectiva. Esta busca agrupar a quienes puedan haberse visto afectados. El concesionario investigado respondió a algunos medios de comunicación. Está realizando una auditoría interna, según sus declaraciones.
Sin embargo, no dio mayores explicaciones sobre el destino de los vehículos. Tampoco informó sobre los pagos pendientes a los afectados. Las autoridades locales insisten en que la investigación avanza. Reiteran el llamado a sumarse a la denuncia colectiva.
Más de 113 personas denunciaron ante las autoridades estos hechos. Una pareja compartió su testimonio con medios locales. Hicieron negocio con AutoSur o Autos MG. “Este concesionario que es AutoSur o Autos MG comienza a dilatar el proceso ya sabiendo que le habíamos entregado 11 millones de pesos para la compra del vehículo en donde se empiezan a presentar diferentes irregularidades”, informaron.
El medio Alerta Paisa reportó otro caso similar. Camila Moreno y su esposo denunciaron ante la Fiscalía General. Fueron víctimas de presunta estafa tras entregar su vehículo. El concesionario estaba ubicado en la Milla de Oro.
La pareja acordó la venta de un Toyota Corolla híbrido 2021. El precio pactado fue de 77 millones de pesos. Firmaron un contrato autenticado en notaría. Recibieron solo un anticipo de tres millones de pesos.
La promesa era que el resto del dinero sería consignado. Esto debía ocurrir en el mes siguiente. Sin embargo, el pago nunca se concretó. Moreno explicó cómo operaba el concesionario. Contactaba a los interesados a través de plataformas digitales.
Ofrecía descuentos atractivos y solicitaba la entrega del vehículo. Supuestamente esto era para completar la transacción. La pareja verificó en el Registro Único Nacional de Tránsito. El carro seguía a nombre del esposo.
Esto indica que tampoco se realizó el traspaso a un nuevo propietario. “Con un solo carro estafan a dos personas: a nosotros, que nunca recibimos el dinero, y a quien supuestamente lo compra, porque tampoco lo ponen a su nombre”, explicó la denunciante.
El caso no sería aislado según las investigaciones. Al menos otras 30 personas aseguran haber vivido situaciones similares. Todas con el mismo concesionario. Actualmente el establecimiento tiene su sede cerrada.
Solo ofrece un número de contacto para reclamos. Hasta el momento, la administración del establecimiento no ha respondido. Los medios de comunicación han intentado consultarla sin éxito.
La Fiscalía General de la Nación adelanta las investigaciones correspondientes. Busca esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. Las víctimas solicitan celeridad en el proceso. También piden la identificación de los presuntos responsables.
El objetivo es evitar que más ciudadanos resulten afectados. El concesionario contactaba a las personas a través de plataformas digitales. Ofrecía descuentos y solicitaba la entrega del vehículo inmediatamente. Prometía completar la transacción en poco tiempo.
Las víctimas verificaron la información en el RUNT. Descubrieron que los vehículos seguían a nombre de los vendedores. Nunca se realizaron los traspasos a nuevos propietarios. Esta modalidad permitía estafar a dos personas con un solo vehículo.
Por un lado, los vendedores nunca recibían el dinero completo. Por otro, los supuestos compradores tampoco obtenían la propiedad legal. El modus operandi era sistemático y planificado. Los estafadores utilizaban empresas fachada para dar apariencia de legalidad.
Los contratos se autenticaban en notaría para generar confianza. Los anticipos pequeños convencían a las víctimas de la seriedad. Posteriormente, las excusas y dilaciones comenzaban a aparecer. Las sedes físicas daban credibilidad a la operación.
Estaban ubicadas en zonas reconocidas de Medellín. La avenida El Poblado y la Milla de Oro son sectores comerciales. Esto hacía que las víctimas confiaran en la legitimidad. Las redes sociales mostraban publicaciones de vehículos disponibles.
Estas publicaciones ya no están disponibles actualmente. Fueron eliminadas cuando comenzaron las denuncias. El cierre de las sedes ocurrió de manera repentina. Los vehículos y equipos desaparecieron sin dejar rastro.
Los equipos de analistas municipales trabajan en el caso. Han recopilado información detallada sobre los movimientos. Las placas de vehículos ayudan a rastrear los desplazamientos. Los números de celulares permiten identificar a los responsables.
Los valores de las estafas suman cantidades millonarias. Cada caso individual representa pérdidas significativas para las víctimas. La suma total podría alcanzar cifras alarmantes. El modus operandi se repite en cada denuncia.
Esto facilita la labor investigativa de las autoridades. Los nombres relacionados con cada caso están siendo verificados. Algunos podrían ser identidades falsas o prestadas. La Policía Judicial trabaja en establecer conexiones entre los casos.
La mesa priorizada permite coordinar esfuerzos entre entidades. La Fiscalía aporta su experiencia en investigaciones penales. La Policía Judicial realiza el trabajo de campo. Los analistas municipales procesan la información recopilada.
El alcalde Gutiérrez mantiene contacto directo con las víctimas. La alcaldía facilita canales de comunicación y seguimiento. Este apoyo institucional fortalece la confianza de los afectados. La denuncia colectiva gana fuerza con cada nuevo testimonio.
Más personas se animan a reportar sus casos. La unión de las víctimas aumenta la presión sobre los responsables. También facilita el trabajo de las autoridades judiciales. El mensaje del alcalde fue claro y contundente.
Las víctimas no están solas en este proceso. Las autoridades están comprometidas con la investigación. Los responsables serán encontrados y enfrentarán la justicia. Este compromiso público genera expectativas en la ciudadanía.
La auditoría interna que menciona el concesionario genera dudas. No ha producido resultados ni explicaciones concretas. Las víctimas esperan respuestas sobre el destino de sus vehículos. También sobre los pagos pendientes que nunca se realizaron.
El fallecimiento del propietario añade complejidad al caso. No exime de responsabilidad a la organización. Otras personas podrían estar involucradas en la operación. La investigación debe determinar la estructura de la red.
Las víctimas continúan organizándose para fortalecer sus reclamos. Comparten información y experiencias entre ellas. Esto ayuda a construir un panorama completo de la situación. Los medios de comunicación han dado visibilidad al caso.
Esto ha permitido que más víctimas se identifiquen. También genera presión pública sobre las autoridades. La transparencia en el proceso es fundamental. Las redes sociales amplifican el mensaje de las víctimas.
El hashtag y las publicaciones circulan ampliamente. Esto previene que más personas caigan en el engaño. La comunidad se alerta sobre estos establecimientos. Las autoridades recomiendan verificar antecedentes antes de hacer negocios.
Consultar el RUNT es fundamental en transacciones de vehículos. Verificar la existencia legal de las empresas es necesario. Las notarías solo autentican firmas, no garantizan contenidos. Los anticipos pequeños deben generar sospecha.
Los pagos deben realizarse contra entrega de documentos. La transparencia total debe ser requisito en estas transacciones. Las víctimas ahora conocen estas precauciones demasiado tarde. Su experiencia sirve de advertencia para otros ciudadanos.
La investigación continúa avanzando según las autoridades. Cada día se suman nuevos elementos al expediente. La presión pública mantiene el caso en la agenda. El compromiso institucional parece firme y sostenido.
Las próximas semanas serán cruciales para el proceso. Se esperan avances significativos en la identificación de responsables. Las víctimas mantienen la esperanza de recuperar algo. Al menos esperan que se haga justicia.
