La Federación de Aseguradores de Colombia solicita retirar una disposición controversial de un proyecto legislativo. Según el gremio, la medida impactaría negativamente a más de 13 millones de colombianos. Estos ciudadanos cuentan actualmente con licencia de conducción vigente.
El artículo 37 del proyecto de ley 277-25S–058 24C genera la polémica. Esta iniciativa se encuentra ya en cuarto debate legislativo. La propuesta plantea crear una póliza obligatoria de responsabilidad civil extracontractual. Dicha póliza estaría asociada directamente a la licencia de conducción.
El nuevo seguro funcionaría de manera adicional al SOAT existente. El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito ya opera en el país. Sin embargo, ahora se propone sumar otro requisito obligatorio para los conductores.
El proyecto legislativo busca proteger derechos fundamentales en las vías colombianas. Entre estos derechos se encuentran la vida, la integridad personal y la salud. Además, la iniciativa contempla la creación del sistema de sanción por puntos. También incluye el establecimiento del sistema de licenciamiento gradual.
Fasecolda manifestó estar de acuerdo con el objetivo general del proyecto. No obstante, el gremio considera la creación del nuevo seguro problemática. Según su análisis, la medida resulta tanto inconveniente como inviable.
El gremio asegurador presentó múltiples argumentos técnicos contra la disposición. En primer lugar, señala que el seguro se aplicaría sobre la licencia. Mientras tanto, el riesgo asegurable surge del uso efectivo del vehículo. También proviene de la actividad concreta de conducción.
Poseer una licencia vigente no genera automáticamente un riesgo real. Una persona puede tener licencia sin conducir regularmente. Igualmente, alguien puede mantener su documento sin poseer vehículo propio. Por lo tanto, la conexión entre licencia y riesgo no es directa.
Esta desconexión rompe el vínculo fundamental entre riesgo y aseguramiento. Además, afecta la coherencia regulatoria del sistema de seguros colombiano. También dificulta la administración eficiente del mecanismo propuesto por el legislador.
Fasecolda explicó los elementos indispensables en la estructura de todo seguro. Primero, debe definirse claramente el interés asegurable. Segundo, resulta necesaria la delimitación precisa del riesgo. Tercero, se requiere garantizar la suficiencia de la cobertura ofrecida.
Asimismo, la prima debe calcularse de manera técnicamente adecuada. Los ajustes operativos requeridos también deben determinarse con anticipación. Finalmente, debe evaluarse si la medida representa un beneficio real. O si constituye simplemente una carga económica adicional sin protección proporcional.
El gremio denunció que el artículo fue incorporado sin consulta previa. No hubo discusión técnica con el sector asegurador. Sin embargo, el diseño de un seguro obligatorio requiere análisis especializado. La operatividad y sostenibilidad dependen de variables complejas. Estas variables deben ser evaluadas por quienes asumen y administran el riesgo.
La medida tendría consecuencias económicas regresivas sobre las familias colombianas. Generalmente, un mismo vehículo es utilizado por varios miembros del hogar. Los padres, hijos y otros familiares suelen compartir el automóvil.
Exigir el seguro por licencia y no por vehículo crea duplicidad. Cada conductor debería adquirir una póliza distinta. Sin embargo, todos cubrirían exactamente el mismo riesgo. Esta situación multiplica los costos para una misma familia.
Los hogares colombianos enfrentarían gastos innecesarios y repetitivos. La protección no aumentaría proporcionalmente a la inversión realizada. Por el contrario, las familias pagarían múltiples veces por idéntica cobertura.
Gustavo Morales, presidente de Fasecolda, se pronunció sobre posibles alternativas futuras. Según él, podría evaluarse la conveniencia de un seguro de responsabilidad civil. No obstante, su diseño debería contar con discusión técnica apropiada.
El análisis permitiría establecer si genera beneficios reales para los ciudadanos. También determinaría si resulta proporcional para el sistema asegurador. Cualquier propuesta requeriría estudios actuariales y operativos previos.
Los conductores colombianos ya enfrentan múltiples obligaciones económicas relacionadas con sus vehículos. El SOAT constituye un gasto anual obligatorio. La revisión técnico-mecánica debe realizarse periódicamente. Los impuestos vehiculares representan otra carga significativa.
Adicionalmente, existe el pago por semaforización en muchas ciudades. Los peajes son frecuentes en las carreteras del país. La sobretasa a la gasolina incrementa constantemente el costo del combustible. Todos estos gastos resultan acumulativos para los propietarios de vehículos.
La sostenibilidad económica de mantener un vehículo se vuelve cada vez más difícil. Las familias de clase media enfrentan presiones financieras crecientes. Agregar un nuevo seguro obligatorio agravaría esta situación.
El proyecto de ley continúa su trámite en el Congreso colombiano. Al encontrarse en cuarto debate, se acerca a su aprobación final. Sin embargo, Fasecolda insiste en la necesidad de eliminar el artículo controversial.
El gremio mantiene su posición de que la medida carece de fundamento técnico. También sostiene que no existe justificación actuarial para el nuevo seguro. Las aseguradoras argumentan que duplica coberturas sin beneficio adicional.
La discusión refleja tensiones entre objetivos de política pública y viabilidad técnica. Por un lado, el legislador busca mejorar la seguridad vial. Por otro, el sector privado señala inconsistencias en el mecanismo propuesto.
La implementación del seguro adicional requeriría ajustes administrativos significativos. Los organismos de tránsito deberían verificar su cumplimiento. Las aseguradoras necesitarían desarrollar nuevos productos y sistemas. Los costos operativos se trasladarían inevitablemente a los consumidores.
La experiencia internacional muestra diversos modelos de seguros obligatorios. Algunos países vinculan el seguro al vehículo. Otros lo asocian al conductor. Cada sistema presenta ventajas y desventajas específicas.
En Colombia, el SOAT funciona vinculado al vehículo desde hace décadas. Este modelo ha demostrado ser operativo y comprensible para los ciudadanos. Cambiar la lógica del sistema podría generar confusión y dificultades administrativas.
El debate sobre seguros obligatorios adicionales continuará en las próximas semanas. Los legisladores deberán considerar los argumentos técnicos presentados por Fasecolda. También evaluarán el impacto económico sobre millones de familias colombianas.
La decisión final tendrá consecuencias significativas para el sector asegurador. Igualmente afectará el bolsillo de todos los conductores del país. Por ello, diversos sectores observan atentamente el desarrollo del cuarto debate.
