Este 20 de noviembre, el Estado colombiano difundió el texto completo de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que lo declara responsable por el asesinato del docente y defensor de derechos humanos Jesús Ramiro Zapata en Segovia, Antioquia. La Fiscalía, la Cancillería, la Agencia de Defensa Jurídica, la Consejería de Derechos Humanos y la Gobernación de Antioquia publicaron el mismo mensaje en X, entre las 11:57 a. m. y las 12:51 p. m.
El fallo no es nuevo. La Corte lo dictó el 3 de octubre de 2025 y lo notificó el 23 de febrero de 2026. Lo de hoy es el cumplimiento de la orden de publicar la sentencia, que la Corte fijó en los párrafos 278 y 279. Debe estar al menos un año en los sitios de la Cancillería, la Fiscalía, la Agencia de Defensa Jurídica y la Gobernación o la Alcaldía de Segovia, y difundirse en redes al menos cinco veces en seis meses.
«Jesús Ramiro Zapata dedicó su vida a la educación y a la defensa incansable de la dignidad humana».
Consejería Presidencial de Derechos Humanos, en X
Según la sentencia, Zapata fue asesinado el 3 de mayo de 2000, hacia las 10:30 p. m., en el sitio Marmajito, en Segovia. Dos hombres que se identificaron como de las Autodefensas Unidas de Colombia lo sacaron de un billar, lo subieron a un taxi y le dispararon en la cabeza. Zapata era docente, sindicalista y miembro del Comité de Derechos Humanos del municipio.
El 2 de mayo de ese año, un día antes, había escrito a su abogado que paramilitares lo buscaban desde abril. En la carta, citada en el fallo, dijo: «el personero no funciona, el alcalde tampoco, los sindicatos nada».
Antes del crimen, según la sentencia, Zapata ya había sido objeto de investigaciones, con el teléfono interceptado y un allanamiento a su casa en 1996. Informes de inteligencia lo señalaban como delincuente. Ese mismo año fue detenido por una supuesta falsedad en su cédula y la Gobernación de Antioquia lo suspendió de manera provisional. El Estado reconoció estos hechos.
El caso llegó a la Corte IDH por una petición que presentaron el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) ante la Comisión Interamericana el 6 de junio de 2000. La Comisión sometió el caso al tribunal el 16 de diciembre de 2023, más de 23 años después.
El Estado reconoció los hechos y su responsabilidad en lo central. Aun así, siguió discutiendo el contexto de agresión sistemática a defensores, la presencia paramilitar en Segovia antes del crimen y la relación de la investigación con militares conectados con paramilitares. La Corte aceptó el reconocimiento, con seis votos a favor y uno parcialmente en contra.
La sentencia declara violados, entre otros, los derechos a la vida, la integridad, la libertad personal, la honra, la vida privada, la circulación, el trabajo, las garantías judiciales y la verdad de los familiares. También declara violado el derecho autónomo a defender los derechos humanos. La Corte consideró que el Estado conocía un riesgo «real e inminente» para Zapata.
El tribunal tuvo siete jueces. Hubo votos disidentes de Nancy Hernández López, entonces presidenta de la Corte, de Patricia Pérez Goldberg y de Alberto Borea. Los jueces Rodrigo Mudrovitsch y Ricardo Pérez Manrique presentaron votos concurrentes. La parte sobre una de las hijas de Zapata salió 4 a 3.
La sentencia ordena al Estado continuar la investigación del homicidio y de las amenazas y hostigamientos «en un plazo razonable». Además, debe entregar a la familia la información que sus dependencias tengan sobre Zapata y garantizar que se corrijan o eliminen sus datos en archivos de inteligencia.
También ordena un acto público de reconocimiento y disculpas «presidido por altas autoridades», una placa en la escuela pública «Santo Domingo Savio» y un documental en un canal nacional en horario de mayor audiencia. El acto y la placa tienen plazo de un año. El documental, de dos años. La Corte supervisará el cumplimiento y pidió un informe en un año.
En dinero, la Corte fijó, entre otros pagos:
– USD 6.000 de rehabilitación para cada una de nueve víctimas.
– USD 90.000 de lucro cesante y USD 80.000 de daño inmaterial para Zapata, a favor de sus derechohabientes.
– USD 25.000 de daño inmaterial para cada uno de diez familiares.
– USD 45.000 en costas para CAJAR y USD 25.000 para CEJIL.
El pago debe hacerse en un año, sin deducciones fiscales, y con interés moratorio si hay retraso. Según el cálculo de El Centavo a partir de la fecha de notificación, los plazos de un año vencen el 23 de febrero de 2027.
Los mensajes de hoy hablan de la memoria y el legado de Zapata. No indican cuándo será el acto de disculpas, quién lo presidirá ni cómo avanza el proceso penal, y tampoco anuncian pagos. El fallo, por su parte, ordena «continuar» la investigación y no precisa si hay procesados.
CAJAR y CEJIL representaron a la familia ante el sistema interamericano. En X, CEJIL compartió este viernes el mensaje de la Fiscalía.
Fuentes: sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Zapata vs. Colombia; comunicado de la Corte IDH del 23 de febrero de 2026; cuentas oficiales de la Fiscalía General de la Nación, la Cancillería, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la Consejería Presidencial de Derechos Humanos y la Gobernación de Antioquia.