El asfalto de la placa polideportiva quedó marcado por manchas de sangre. El sol las secó con el paso de las horas. Nadie se atrevió a pisar la cancha ese día. La comunidad de Tarso, en Antioquia, sabía lo que había sucedido. Tres de sus habitantes habían sido ejecutados allí mismo. Sus cuerpos permanecieron a la vista de todos.
Los hombres armados llegaron al caserío de la vereda El Cedrón. Era la noche del 28 de enero, cerca de las 11:30 p.m. Tocaron las puertas de varias casas. Preguntaron por tres personas específicas. Dijeron sus nombres en voz alta. Buscaban a Elizabeth Zapata Osorno, lideresa comunal de 35 años. También a su esposo Alonso Cano Ramírez. Y a Edinsson Molina Marulanda, un joven de 27 años.
Los sacaron de sus viviendas sin dar explicaciones. Los llevaron caminando hasta el polideportivo del pueblo. Allí los ejecutaron con armas de fuego. Las autoridades manejan una hipótesis inicial sobre el crimen. El hecho respondería a la disputa territorial entre dos grupos. El Clan del Golfo y Los Pachecos estarían enfrentados por el control.
Esta masacre no fue un hecho aislado en Colombia. Durante enero se registraron doce masacres en total. Los hechos violentos dejaron 63 víctimas en 31 días. Enero se convirtió así en el mes más sangriento desde 2023. Los datos provienen del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz.
El balance representa una muerte violenta cada doce horas. Las cifras muestran un aumento del 40% frente a años anteriores. La escalada de violencia preocupa a organizaciones sociales y autoridades. El contexto electoral agrava la situación en los territorios.
Leonardo González dirige Indepaz y analiza estos patrones de violencia. Según él, las masacres tienen un propósito comunicativo claro. “Las masacres buscan generar ruido, miedo y terror”, explicó González. Los grupos armados demuestran así su presencia en el territorio. También muestran que pueden ejercer violencia sin consecuencias.
El caso de Tarso ilustra esta estrategia de terror. El mensaje no iba dirigido solo a las víctimas. Buscaba intimidar a la Junta de Acción Comunal completa. También pretendía amedrentar a toda la comunidad. “Fue una demostración de gobernanza armada en el territorio”, añadió González.
Los otros once hechos violentos ocurrieron en diferentes regiones del país. Santander de Quilichao en Cauca registró una masacre. San José de Cúcuta en Norte de Santander también fue escenario. Los límites entre Remedios y Amalfi en Antioquia sufrieron violencia. Maicao y Riohacha en La Guajira tuvieron hechos similares.
Abejorral en Antioquia apareció en la lista de municipios afectados. Lérida en Tolima vivió episodios de violencia colectiva. La Gloria en Cesar no escapó a la ola sangrienta. Ansermanuevo en Valle del Cauca registró víctimas mortales. El Retorno en Guaviare cerró la lista con el hecho más letal.
La masacre de El Retorno ocurrió el 16 de enero. Allí murieron 27 personas en un solo evento. Las primeras versiones hablaban de un enfrentamiento entre grupos disidentes. El Estado Mayor Central y el Estado Mayor de los Bloques estarían involucrados. Sin embargo, la Fiscalía descartó esta hipótesis inicial.
Los cuerpos presentaban tiros de gracia a corta distancia. Esto descarta la teoría del combate entre facciones. El hecho fue una ejecución planificada y sistemática. Las víctimas estaban bajo el mando de Iván Mordisco. El grupo de Calarcá Córdoba habría ejecutado el ataque.
Este evento se interpreta como una demostración de fuerza. Calarcá busca mostrar su capacidad militar en la guerra. Además, parece priorizar el conflicto sobre el proceso de paz. La masacre envía un mensaje claro sobre sus intenciones.
González reflexiona sobre el impacto en las negociaciones de paz. “Estos hechos siempre van a afectar las mesas de negociación”, afirmó. Las conversaciones parten de un principio de buena voluntad. También exigen el respeto al Derecho Internacional Humanitario. Especialmente requieren protección para la población civil.
La ocurrencia de masacres genera interrogantes sobre el proceso. ¿Están los grupos realmente comprometidos con la paz? ¿Pueden garantizar el cese de la violencia contra civiles? Estas preguntas cobran relevancia en el contexto actual.
La escalada violenta coincide con el ciclo electoral que se avecina. El inicio del año ha marcado un pulso preocupante. Las garantías de seguridad para las elecciones de 2026 están en duda. Las comunidades temen por lo que pueda ocurrir durante las votaciones.
González contextualiza la violencia en el momento político actual. “Esto ocurre en un ambiente electoral”, señala el director de Indepaz. También se produce previo a un cambio de gobierno nacional. Los grupos armados buscan imponer un orden violento en sus territorios. Además, intentan fortalecer su capacidad de guerra antes del cambio.
Este propósito pasa por el control de economías ilegales. La minería ilegal genera recursos importantes para los grupos. La deforestación también alimenta sus finanzas. El tráfico de personas se suma a estas actividades. La extorsión completa el portafolio criminal de estas organizaciones.
Esta dinámica ha encendido las alarmas en múltiples sectores. Las comunidades locales viven con temor constante. Las organizaciones sociales denuncian la situación repetidamente. La Defensoría del Pueblo expresa preocupación por los próximos meses.
El informe “Comunidades en medio de la violencia: balance 2025” de Indepaz aporta contexto. Las masacres siguen siendo una expresión persistente de la violencia armada. Su comportamiento entre 2016 y 2025 no responde a episodios aislados. Más bien refleja dinámicas estructurales que se repiten constantemente.
La organización advierte que esta violencia “no puede leerse como coyuntural”. Hay patrones profundos que la explican y sostienen. Estos patrones requieren análisis y respuestas estructurales.
El año 2020 marcó el punto más alto de esta escalada. Se registraron 91 masacres en esos doce meses. Murieron 378 personas en estos hechos violentos. Para Indepaz, ese pico “no fue un hecho aislado”. Fue consecuencia de procesos acumulados durante años anteriores.
La reconfiguración de actores armados explica parte del fenómeno. La expansión de economías ilegales también influyó en el aumento. El debilitamiento de la presencia estatal en territorios fue determinante. La pandemia agravó todos estos factores simultáneamente.
Desde entonces, las masacres se consolidan como herramienta sistemática. Los grupos las usan para ejercer control social. También las emplean para dominar territorios estratégicos. Las periferias urbanas son especialmente afectadas por esta práctica.
Entre 2021 y 2023 el número de víctimas por evento descendió. Sin embargo, la recurrencia de las masacres se mantuvo alta. En 2024 se registró una disminución aparente. Se contabilizaron 76 masacres con 267 víctimas en total.
Esta tendencia podría interpretarse como una mejora en la situación. No obstante, la reducción no se consolidó en 2025. Las masacres aumentaron a 78 eventos ese año. El número de víctimas descendió levemente a 256 personas.
Indepaz advierte que esta dinámica refleja una transformación del patrón. Hay menos víctimas por evento individual. Sin embargo, la práctica sigue plenamente vigente. Las masacres continúan siendo un mecanismo de control armado efectivo.
González explica estas cifras desde los vacíos del Acuerdo de Paz. La implementación ha dejado brechas importantes en seguridad. Las garantías previstas para los territorios no se cumplieron. Estas zonas habían sido controladas por las antiguas FARC.
“El acuerdo preveía garantías de seguridad para los territorios”, recuerda González. Los primeros años no se dio esa garantía prometida. La Fuerza Pública no llegó a los territorios abandonados. Otros grupos armados coparon rápidamente esos espacios vacíos.
Las disidencias ocuparon muchas de esas zonas estratégicas. El ELN expandió su presencia en varios departamentos. El Clan del Golfo fortaleció su control territorial. Otros grupos menores también aprovecharon el vacío de poder.
Esta reconfiguración generó acciones violentas contra la población civil. Los grupos compiten por el control de rutas y recursos. Las comunidades quedan atrapadas en medio de estas disputas. La violencia se convierte en herramienta de dominación territorial.
A esto se suma la presencia simultánea de varias estructuras ilegales. Hay zonas donde dos o tres grupos armados se enfrentan. En medio de esos enfrentamientos queda la población civil. Los habitantes no tienen forma de protegerse efectivamente.
“Queda la población civil en medio”, enfatiza González. Las comunidades no pueden elegir bando sin consecuencias. Tampoco pueden permanecer neutrales sin riesgos. Cualquier decisión puede significar represalias de algún grupo.
Frente a este mapa violento, la preocupación crece exponencialmente. Faltan menos de treinta días para las elecciones legislativas. El aumento de masacres como forma de gobernanza preocupa profundamente. La seguridad será un reto mayúsculo en los próximos meses.
El desafío no es solo para los últimos meses del Gobierno Petro. También será una prueba para el próximo mandatario que asuma. La violencia estructural requiere respuestas sostenidas en el tiempo. No bastan las soluciones coyunturales o reactivas.
Mientras tanto, la población civil de las zonas más golpeadas vive con temor. El miedo se ha instalado en la vida cotidiana. Las comunidades temen que su pueblo sea el próximo. Nadie quiere que se repita una escena como la de Tarso.
La placa polideportiva de El Cedrón permanece vacía ahora. Las manchas de sangre ya no están visibles. Pero la memoria de lo ocurrido permanece intacta. Los habitantes recuerdan a Elizabeth, Alonso y Edinsson cada día.
Sus muertes representan mucho más que una estadística. Son rostros, historias, familias destruidas por la violencia. Son líderes comunitarios que trabajaban por su vereda. Son vecinos que compartían la vida cotidiana del pueblo.
La comunidad de Tarso sabe que el mensaje fue claro. Los grupos armados pueden llegar cuando quieran. Pueden ejecutar a quien consideren necesario. Pueden hacerlo sin temor a consecuencias inmediatas.
Esta sensación de impunidad alimenta el ciclo de violencia. Los grupos actúan con la certeza de que no habrá castigo. Las autoridades llegan después de los hechos. Las investigaciones avanzan lentamente o no avanzan.
Las organizaciones sociales insisten en la necesidad de presencia estatal. No solo presencia militar, sino institucional integral. Se requieren servicios básicos, oportunidades económicas legales, acceso a justicia. La seguridad debe ser parte de un enfoque más amplio.
El Acuerdo de Paz contemplaba precisamente esta visión integral. La reforma rural debía transformar las condiciones en los territorios. Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial buscan ese objetivo. Sin embargo, su implementación ha sido lenta y desigual.
Los vacíos de implementación se traducen en vacíos de poder. Estos vacíos son llenados por actores armados ilegales. La violencia se convierte en el lenguaje predominante. Las masacres son la expresión más brutal de ese lenguaje.
El reto para Colombia es inmenso en los próximos años. Las elecciones de 2026 se desarrollarán en este contexto complejo. Los candidatos deberán pronunciarse sobre seguridad y paz. Las propuestas deberán ir más allá de los discursos tradicionales.
La población civil espera respuestas efectivas y sostenibles. Las comunidades necesitan garantías reales de seguridad. Los líderes sociales requieren protección para ejercer su labor. Las familias merecen vivir sin el temor constante a la violencia.
Mientras esto no ocurra, las cifras seguirán siendo alarmantes. Los informes de Indepaz continuarán documentando masacres. Los nombres de municipios como Tarso se repetirán en las noticias. Y las placas polideportivas seguirán siendo escenarios de horror.
