El Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha generado nueva preocupación al anunciar que someterá a “juicio revolucionario” a cuatro funcionarios públicos que mantiene secuestrados en Arauca.
Los agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), José Antonio Pacheco y Rodrigo Antonio López, fueron capturados el pasado 8 de mayo mientras realizaban labores investigativas en el municipio de Fortul.
Posteriormente, el 20 de julio, la guerrilla secuestró al subintendente Franque Esley Hoyos Murcia y al patrullero Yordin Fabián Pérez Mendoza, ambos miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín).
El Frente de Guerra Oriental del ELN difundió varios videos en redes sociales donde se observa a los cuatro funcionarios en cautiverio. Estas grabaciones constituyen una nueva prueba de supervivencia después de más de cuatro meses de secuestro.
La situación resulta especialmente delicada considerando que estos secuestros ocurrieron durante el proceso de diálogo entre el gobierno colombiano y el ELN. Además, contradicen los compromisos adquiridos por la guerrilla en las negociaciones de paz.
Los familiares de los secuestrados han expresado su angustia ante el anuncio del “juicio revolucionario”, una práctica irregular que el grupo armado ha utilizado históricamente contra personas que considera “enemigos” de su causa.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han condenado enérgicamente estas acciones, señalando que constituyen graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario y a los protocolos establecidos en el marco del proceso de paz.
La Defensoría del Pueblo ha solicitado la liberación inmediata de los funcionarios, recordando que el secuestro es un crimen de lesa humanidad que genera profundas heridas en la sociedad colombiana.
El gobierno nacional, a través del Alto Comisionado para la Paz, ha manifestado su preocupación por esta situación y ha instado al ELN a reconsiderar su posición, advirtiendo sobre las posibles consecuencias para el proceso de diálogo.
La comunidad internacional también ha expresado su rechazo a estas acciones, considerándolas un obstáculo significativo para la construcción de confianza necesaria en cualquier proceso de negociación.
Las autoridades locales de Arauca han reportado un incremento en la tensión regional desde estos secuestros, evidenciando el impacto que tienen estas acciones en la vida cotidiana de los habitantes de la zona.
