El nuevo ataque con explosivos perpetrado por el ELN en Puerto Jordán, zona rural de Arauquita, ha vuelto a sacudir la región de Arauca. El atentado dejó como saldo un militar muerto y seis más heridos.
Este incidente no es un hecho aislado en la zona. Hace poco más de un año, el 17 de septiembre de 2024, otro ataque contra el mismo cantón militar causó 26 militares heridos y dos muertos.
Según informes oficiales, el reciente atentado ocurrió cuando la base militar fue atacada con cilindros bomba y tatucos. La estructura Camilo Cienfuegos del Frente Domingo Laín Sáenz del ELN se atribuyó la responsabilidad del ataque.
Ante estos hechos, el ministro de Defensa Pedro Sánchez anunció una recompensa de 200 millones de pesos por información sobre los responsables.
Arauca representa históricamente un bastión estratégico para el ELN desde los años ochenta. El Frente Domingo Laín Sáenz ha establecido allí un control territorial sobre comunidades rurales y zonas fronterizas.
La violencia se concentra principalmente en municipios como Arauquita, Tame, Saravena y Fortul. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, durante 2024 más de 14.000 personas sufrieron desplazamiento forzado o confinamiento.
En estas zonas, el ELN ejerce un control significativo sobre la población. La guerrilla impone toques de queda, regula la movilidad y el comercio, estableciendo una forma de gobierno paralelo al Estado.
Uno de los episodios más sangrientos ocurrió en enero de 2022. Una ofensiva del ELN contra las disidencias del Frente 10 de las FARC dejó más de 80 muertos en una semana.
El alcalde de Tame, Miguel Ángel Bastos, expresó la fatiga de las comunidades ante esta situación: “Son 60 años de guerra que ha habido en el país. Estos atentados siempre los hemos tenido”.
Paradójicamente, hace un mes el jefe negociador del ELN, Pablo Beltrán, manifestó la disposición del grupo para retornar a la mesa de diálogos. Sin embargo, los recientes ataques contradicen estas declaraciones.
El proceso de paz con el ELN ha sufrido dos suspensiones durante el gobierno de Gustavo Petro. La primera ocurrió tras el ataque de septiembre de 2024 en Puerto Jordán, y la segunda por los hechos en Catatumbo en enero de este año.
Fuentes cercanas al proceso confirmaron que el gobierno no responderá a la propuesta del ELN hasta no ver una voluntad real de paz. Este nuevo ataque en Arauca pone en evidencia la compleja situación del proceso de paz.
La guerrilla mantiene una red de influencia que incluye el cobro de impuestos a productores, control de mercancías y regulación de la contratación pública. Su presencia en la frontera con Venezuela, específicamente en el estado Apure, facilita alianzas logísticas con autoridades locales.
Los enfrentamientos entre el ELN, las disidencias de las FARC y la Fuerza Pública han generado una crisis humanitaria sin precedentes. Esta situación ha provocado desplazamientos masivos y ha afectado severamente la vida de los habitantes de la región.
