Una disputa sobre una silla estratégica amenaza con frenar investigaciones cruciales. La controversia involucra a Ricardo Rodríguez Yee, representante de los departamentos productores. Su eventual salida podría alterar el funcionamiento de la junta directiva de Ecopetrol.
Rodríguez Yee preside el Comité de Auditoría y Riesgos desde febrero de 2026. Este organismo tiene bajo su responsabilidad conducir la auditoría forense recientemente aprobada. La investigación interna busca esclarecer cinco casos relacionados con contratos y nombramientos cuestionados.
Además, el directivo encabeza el Comité de Negocios de la petrolera estatal. Ecopetrol lo acredita como experto financiero ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Esta entidad reguladora es conocida internacionalmente como SEC.
Su perfil técnico cumple requisitos estatutarios específicos para la conformación de la junta. Los estatutos exigen que al menos un miembro posea experiencia comprobada en asuntos financieros. Actualmente, Rodríguez Yee satisface esta condición dentro del organismo directivo.
El conflicto surgió cuando algunos gobernadores comenzaron a impulsar un nuevo proceso de selección. Este movimiento contradice directamente la solicitud del ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez. El funcionario pidió ratificar a Rodríguez Yee hasta finalizar su periodo institucional en 2029.
La Unidad Investigativa de EL TIEMPO obtuvo una carta enviada por el ministro. En el documento, Gómez recuerda a los gobernadores el periodo vigente del directivo. La comunicación solicita notificar formalmente la ratificación del representante de los territorios productores.
Sin embargo, al menos dos mandatarios departamentales se negarían a seguir ese lineamiento. Estos gobernadores respaldarían a otra candidata para ocupar ese renglón de la junta. La posición representa un primer distanciamiento frente a las directrices del Ejecutivo nacional.
Los departamentos productores de petróleo y gas participan en esta decisión crucial. Entre ellos figuran Arauca, Boyacá, Casanare, Huila, Meta y Santander. Los estatutos de Ecopetrol reservan el octavo renglón de la plancha para su representante.
Fuentes del Gobierno consultadas señalaron que los mandatarios promoverían a Maritza Martínez. La saliente magistrada del Consejo Nacional Electoral entraría como alternativa al directivo actual. Martínez es esposa del exsenador y exgobernador del Meta Luis Carlos Torres Rueda.
Torres Rueda fue destituido por la Procuraduría en el pasado. Su nombre aparece vinculado a la candidata propuesta por algunos gobernadores. El proceso de selección alternativo contradice la solicitud de ratificación presentada por Hacienda.
Hasta el momento existe un proyecto de carta dirigido al ministro Gómez. El documento plantea no ratificar a Rodríguez Yee y adelantar un nuevo proceso. Sin embargo, todavía no ha sido radicado ante el Ministerio de Hacienda.
Al proyecto le faltan cuatro de las seis firmas requeridas de los gobernadores. Por lo tanto, el movimiento aún no representa una decisión formal consolidada. La posición definitiva de todos los mandatarios se conocerá durante esta semana.
La decisión tendría consecuencias adicionales sobre la composición estatutaria de la junta directiva. Cambiar a Rodríguez Yee podría obligar a conservar a uno de los directores nombrados anteriormente. Esta situación alteraría el equilibrio que busca establecer la nueva administración.
Entre quienes podrían permanecer aparecen Hildebrando Vélez, padre de la exministra Irene Vélez. También figura Alberto Merlano Alcocer, pariente de la exprimera dama Verónica Alcocer. Esta última figura está relacionada con uno de los frentes que incluiría la auditoría.
La aritmética estatutaria crearía este efecto no deseado para el Gobierno actual. Las reglas de conformación exigen tanto representación territorial como experiencia técnica específica. El reemplazo tendría que considerar ambos requisitos simultáneamente para cumplir las normas.
La junta de Ecopetrol, presidida por Luis Felipe Henao, aprobó la auditoría forense recientemente. La investigación revisará cinco grandes casos relacionados con posibles hechos de corrupción. También examinará contratos cuestionados y presuntas injerencias en designaciones de directivos.
Las pesquisas retomarían las revisiones a los negocios de Termomorichal I y II. Igualmente incluirían el caso Gaxi, objeto de investigación por parte de la Fiscalía. Según información revelada, la Fiscalía adelanta actuaciones contra el expresidente de Ecopetrol Ricardo Roa.
La auditoría también indagaría la presunta injerencia de la exprimera dama Verónica Alcocer. Otro foco de investigación sería alias el Bachiller o ‘Jorge A.’. Este contratista tendría influencia en los Santanderes, según la información conocida.
Las pesquisas buscarían establecer si este contratista pagó para controlar dos vicepresidencias. También se investigaría si influyó en otros cargos dentro del Grupo Ecopetrol. Estos señalamientos deberán ser verificados mediante la investigación interna y las actuaciones correspondientes.
El Gobierno de Abelardo De La Espriella dio su respaldo a la auditoría. No obstante, el cambio del miembro que dirige el Comité de Auditoría podría modificar las condiciones. Esta alteración plantearía dudas sobre la continuidad de las revisiones aprobadas.
Rodríguez Yee ha ocupado posiciones relevantes dentro de la junta directiva de la petrolera. “No fue un encargo improvisado. Rodríguez Yee preside el Comité de Auditoría y Riesgos desde febrero de 2026, preside también el Comité de Negocios”, señalaron fuentes de Ecopetrol.
Las fuentes agregaron que es “la persona que la compañía reporta como experto financiero del comité de auditoría ante la Bolsa de Valores de Nueva York”. Esta acreditación cobra relevancia por las obligaciones que Ecopetrol mantiene como emisor. La petrolera estatal tiene compromisos significativos en ese mercado financiero internacional.
El directivo también ha asumido posiciones contrarias a decisiones respaldadas por la mayoría anterior. Junto con Luis Felipe Henao, se opuso a la permanencia de Ricardo Roa. Esta oposición se produjo pese a las dos imputaciones penales mencionadas en la información.
El eventual reemplazo abriría interrogantes sobre el cumplimiento de los requisitos previstos. La composición de la junta debe satisfacer condiciones específicas establecidas en los estatutos. Cualquier cambio debe considerar estas exigencias para mantener la validez del organismo.
La disputa no se limita únicamente a un nombramiento de carácter administrativo. El caso involucra al comité que deberá revisar los cinco casos cuestionados. Por lo tanto, las implicaciones trascienden la simple sustitución de un miembro.
Mientras se define la ratificación, la auditoría forense permanece formalmente aprobada. El punto pendiente será establecer quién presidirá el Comité de Auditoría y Riesgos. También quedará por definir bajo qué composición continuará la investigación interna.
El desenlace tendrá efectos múltiples sobre el funcionamiento de la junta directiva. Impactará el cumplimiento de los requisitos financieros exigidos por los estatutos. Igualmente afectará la conducción de la auditoría respaldada por el Ejecutivo nacional.
El resultado dependerá de la posición que adopten los seis gobernadores finalmente. También influirá la validez del periodo institucional señalado por el ministro de Hacienda. En algunos sectores del Gobierno, la iniciativa es interpretada como un distanciamiento significativo.
Las autoridades competentes deberán adelantar las actuaciones que correspondan según los hallazgos. La investigación interna complementará el trabajo de las entidades de control y justicia. Los cinco casos bajo revisión representan episodios críticos en la gestión de la petrolera.
La continuidad de las pesquisas dependerá de la estabilidad del Comité de Auditoría. Este organismo técnico tiene la responsabilidad de conducir el proceso investigativo aprobado. Su composición y liderazgo resultan determinantes para el desarrollo de las indagaciones.
