La deuda externa de Colombia registró una disminución frente al tamaño de la economía. Al cierre de abril, el indicador alcanzó 51,6 % del PIB. Un año atrás representaba 53,7 % del producto interno bruto. El descenso fue de 2,1 puntos porcentuales en ese período.
Sin embargo, esta reducción porcentual esconde una realidad diferente. El monto total de las obligaciones externas aumentó durante los últimos doce meses. El saldo llegó a USD 247.668 millones en abril de este año. En el mismo mes de 2025 era de USD 227.961 millones. Por lo tanto, la deuda creció cerca de USD 19.700 millones.
Este incremento representa aproximadamente 8,6 % en términos absolutos. La aparente contradicción tiene una explicación técnica clara. El indicador puede disminuir aunque el saldo aumente en términos nominales. Esto ocurre cuando la economía crece más rápido que el endeudamiento. También influyen factores financieros que reducen el peso relativo de las obligaciones.
En este caso particular intervinieron decisiones específicas del Gobierno Nacional. Entre ellas destaca la cancelación del Total Return Swap denominado en francos suizos. Además, el peso colombiano registró una apreciación frente al dólar estadounidense. Este movimiento cambiario reduce el valor en moneda local de las obligaciones contratadas. Las deudas en divisas pierden peso cuando la moneda nacional se fortalece.
Desde 2022, el Ministerio de Hacienda modificó la composición de la deuda pública. La estrategia busca depender menos de acreedores internacionales. Al mismo tiempo, pretende financiar una mayor parte de las necesidades mediante el mercado colombiano. Este giro en la política de endeudamiento tiene implicaciones importantes para la economía.
Los números reflejan claramente ese cambio de orientación. En agosto de 2022, la deuda externa representaba cerca del 40 % del endeudamiento total. Para abril de este año esa participación descendió hasta 26,5 %. En sentido contrario, la deuda interna pasó de explicar aproximadamente 65 % del total. Ahora representa cerca de 73 % de las obligaciones del Gobierno Nacional.
Este cambio significa que el Gobierno está reemplazando préstamos externos por emisiones internas. Los Títulos de Tesorería, conocidos como TES, son el instrumento principal de financiación. Con estos bonos consigue recursos entre bancos, fondos de pensiones y aseguradoras. También participan otros inversionistas locales en la compra de estos títulos.
La estrategia de financiación interna presenta ventajas evidentes para el Estado. Al conseguir recursos en pesos, reduce parte de su exposición al dólar. Si la tasa de cambio sube, el costo de la deuda local no aumenta. No hay efecto cambiario en las obligaciones denominadas en moneda nacional. Esto contrasta con las deudas contratadas en dólares o euros.
Sin embargo, el otro lado de la moneda muestra una realidad preocupante. La deuda pública interna ha crecido con rapidez durante este año. El ritmo de emisión de TES se ha acelerado notablemente. Este fenómeno genera alertas entre analistas y observadores del mercado financiero.
Este miércoles, el Ministerio de Hacienda acudió nuevamente al mercado de capitales. Terminó colocando COP 3 billones en TES con vencimientos entre 2030 y 2058. Inicialmente había ofrecido COP 1,5 billones en la subasta programada. No obstante, la demanda alcanzó COP 6,2 billones en total. Esta cifra superó más de cuatro veces el monto original ofrecido.
La alta demanda permitió activar la cláusula de sobreasignación del proceso. Así, el Gobierno pudo duplicar la emisión inicialmente planeada. Las tasas también mostraron una mejora frente a las subastas anteriores. Hacienda logró colocar los títulos con rendimientos entre 11,85 % y 12,12 %. Esta reducción representa entre 24 y 36 puntos básicos respecto de la operación previa.
Para el Gobierno, esto significa conseguir financiación a un costo ligeramente menor. Los rendimientos más bajos reducen el pago de intereses futuros. Sin embargo, el volumen de emisiones genera preocupación entre los expertos. El espacio para seguir emitiendo TES comienza a estrecharse de manera significativa.
Detrás del éxito de las subastas aparece otra señal importante. Varios analistas siguen de cerca esta tendencia con preocupación creciente. De acuerdo con cálculos del Banco de Bogotá, la situación es delicada. Al cierre de junio, el Gobierno ya había utilizado cerca del 78 %. Este porcentaje corresponde al cupo autorizado para emitir TES durante todo 2026.
Del límite anual de COP 85,3 billones, quedarían disponibles alrededor de COP 19 billones. Esta cantidad debe cubrir las necesidades del segundo semestre completo. El mismo informe advierte que el ritmo de colocaciones actual es insostenible. Si continúa así, ese margen podría agotarse hacia mediados de agosto.
Además, las estimaciones proyectan necesidades de financiación superiores a COP 30 billones. Esta cifra corresponde al resto del año fiscal en curso. El monto supera el espacio restante para emitir deuda interna mediante TES. Esta brecha entre necesidades y capacidad de emisión genera incertidumbre en el mercado.
De este modo se explica por qué la reducción de la deuda externa no implica menos endeudamiento. En buena parte, el Gobierno está cambiando la fuente de financiación. No está reduciendo sus obligaciones totales de manera significativa. Simplemente traslada la deuda de un mercado a otro diferente.
Las cifras del Comité Autónomo de la Regla Fiscal muestran esa tendencia claramente. Según su más reciente seguimiento fiscal, la deuda bruta del Gobierno Nacional Central cerró abril en 62,9 %. Esta proporción se mide frente al PIB del país. De ese total, 46,1 puntos porcentuales correspondieron a deuda interna solamente.
El propio CARF proyecta que la deuda neta alcance alrededor de 61 % del PIB. Esta estimación corresponde al cierre del año 2026. El organismo considera este nivel el más alto registrado por el país. Además, calificó el escenario como “claramente insostenible” sin ajustes fiscales importantes. La advertencia subraya la gravedad de la situación fiscal actual.
Mientras tanto, la composición de la deuda externa sigue concentrada en el sector público. De los USD 247.668 millones registrados en abril, USD 150.818 millones correspondían a obligaciones públicas. Esta cifra equivale al 60,9 % del total de la deuda externa. Los restantes USD 96.850 millones pertenecían al sector privado colombiano.
También continúa predominando el financiamiento de largo plazo en la estructura de la deuda. Más de ocho de cada 10 pesos de toda la deuda externa vencen en horizontes superiores. Estos plazos superan un año de duración en la mayoría de los casos. Apenas poco más de uno de cada 10 pesos corresponde a obligaciones de corto plazo.
Esta estructura reduce el riesgo de refinanciación inmediata para el país. No obstante, mantiene elevados compromisos financieros hacia el futuro. Los pagos de intereses y capital se extienden por décadas. Esta situación limita la flexibilidad fiscal del Gobierno en el mediano plazo.
De modo que se juntan dos noticias de naturaleza diferente. La primera es que la deuda externa perdió peso frente al tamaño de la economía. También disminuyó dentro de la estrategia de financiamiento del Gobierno Nacional. La segunda noticia es que esa menor dependencia del crédito internacional tiene un costo. Ha venido acompañada por un uso mucho más intensivo del mercado local.
El endeudamiento mediante TES ha crecido de manera acelerada y sostenida. Este aumento compensa la reducción relativa de la deuda externa. En términos prácticos, el endeudamiento simplemente cambió de lugar. No se redujo la carga total de obligaciones del Estado colombiano.
La estrategia de sustitución de deuda externa por interna tiene defensores y críticos. Los defensores argumentan que reduce la vulnerabilidad ante choques cambiarios externos. También señalan que fortalece el mercado de capitales local. Además, permite aprovechar tasas de interés relativamente favorables en el mercado doméstico.
Los críticos advierten que el mercado local tiene capacidad limitada de absorción. El ritmo actual de emisiones podría saturar la demanda de inversionistas nacionales. Esto eventualmente elevaría las tasas de interés requeridas para colocar los títulos. También podría desplazar el financiamiento disponible para el sector privado colombiano.
Otro aspecto relevante es la concentración de tenedores de TES. Los fondos de pensiones y las entidades financieras poseen la mayoría de estos títulos. Esta concentración crea interdependencia entre la salud fiscal del Gobierno y la estabilidad financiera. Un deterioro en uno afecta inevitablemente al otro componente del sistema.
La apreciación del peso frente al dólar jugó un papel importante en la reducción porcentual. Sin embargo, este factor es volátil y puede revertirse rápidamente. Una depreciación futura aumentaría nuevamente el peso relativo de la deuda externa. Por lo tanto, la mejora observada no está completamente consolidada.
El contexto internacional también influye en las decisiones de financiamiento del país. Las tasas de interés globales han experimentado cambios significativos en años recientes. La política monetaria de Estados Unidos y Europa afecta el costo del endeudamiento externo. Estos factores externos limitan las opciones disponibles para el Ministerio de Hacienda.
La situación fiscal de Colombia enfrenta desafíos estructurales importantes en el mediano plazo. Los ingresos tributarios no han crecido al ritmo necesario para cubrir gastos. El déficit fiscal persiste y requiere financiamiento continuo mediante deuda. Esta dinámica alimenta el crecimiento del endeudamiento total del Gobierno Nacional.
Las proyecciones del CARF sobre la insostenibilidad de la trayectoria actual son particularmente preocupantes. Sin ajustes fiscales significativos, la deuda podría seguir aumentando como proporción del PIB. Esto eventualmente afectaría la calificación crediticia del país. También elevaría el costo de financiamiento futuro tanto interno como externo.
El debate sobre la política fiscal apropiada continúa entre economistas y analistas. Algunos proponen aumentar los ingresos mediante reformas tributarias adicionales. Otros sugieren reducir el gasto público en áreas no prioritarias. También hay quienes argumentan que el crecimiento económico resolverá gradualmente el problema.
La realidad es que la combinación de políticas requeridas es compleja. No existe una solución simple que resuelva todos los desafíos simultáneamente. El balance entre crecimiento, estabilidad y sostenibilidad fiscal requiere decisiones difíciles. Estas decisiones tienen implicaciones políticas y sociales que trascienden lo puramente económico.
El uso intensivo del mercado local de TES también tiene límites técnicos. La liquidez del mercado secundario depende de la diversidad de participantes. Una concentración excesiva de títulos en pocos tenedores reduce la liquidez. Esto puede generar volatilidad en momentos de estrés financiero o incertidumbre económica.
La estructura de vencimientos de los TES emitidos también merece atención especial. Los títulos con vencimientos entre 2030 y 2058 implican compromisos de muy largo plazo. Esto proporciona estabilidad al no requerir refinanciamiento frecuente. Sin embargo, también significa que futuras administraciones heredarán obligaciones significativas de las decisiones actuales.
La demanda observada en las recientes subastas de TES refleja confianza del mercado. Los inversionistas locales continúan dispuestos a financiar al Gobierno Nacional. No obstante, esta confianza no es ilimitada ni permanente. Depende de la percepción sobre la sostenibilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica.
Las tasas de interés obtenidas en las últimas colocaciones muestran una mejora marginal. La reducción de entre 24 y 36 puntos básicos es positiva. Sin embargo, los rendimientos entre 11,85 % y 12,12 % siguen siendo relativamente altos. Estos niveles reflejan el riesgo percibido por los inversionistas sobre la situación fiscal.
El sector privado también enfrenta consecuencias de esta estrategia de endeudamiento público. Cuando el Gobierno absorbe una proporción grande del ahorro nacional, quedan menos recursos disponibles. Las empresas privadas deben competir por financiamiento con el Estado. Esto puede elevar sus costos de capital y limitar la inversión productiva.
La relación entre deuda pública y crecimiento económico es compleja y no lineal. Niveles moderados de deuda pueden financiar inversiones que impulsan el crecimiento. Sin embargo, niveles excesivos generan cargas de intereses que limitan otros gastos. También pueden crear incertidumbre que desalienta la inversión privada y el consumo.
Colombia no enfrenta una crisis de deuda inmediata según los indicadores actuales. El país mantiene acceso a mercados financieros tanto locales como internacionales. Las tasas de interés, aunque elevadas, no son prohibitivas. No obstante, la trayectoria actual genera preocupaciones legítimas sobre la sostenibilidad futura.
La experiencia internacional ofrece lecciones relevantes para la situación colombiana. Países que permitieron que su deuda creciera sin control enfrentaron crisis posteriores. Otros que implementaron ajustes oportunos lograron estabilizar sus finanzas públicas. La diferencia estuvo en la voluntad política de tomar decisiones difíciles oportunamente.
El papel del Banco de la República como fuente de datos es fundamental. Las cifras preliminares permiten monitorear la evolución de la deuda externa. Esta transparencia facilita el análisis y el debate informado sobre política económica. También permite a los mercados ajustar sus expectativas basándose en información actualizada.
La coordinación entre política fiscal y monetaria es crucial en este contexto. El Banco de la República maneja la política monetaria de manera independiente. Sin embargo, las decisiones fiscales del Gobierno afectan la inflación y las tasas de interés. Esta interdependencia requiere comunicación y coherencia entre las autoridades económicas.
Los próximos meses serán cruciales para observar la evolución de esta situación. Si el Gobierno agota el cupo de emisión de TES en agosto, deberá buscar alternativas. Estas podrían incluir mayor endeudamiento externo, ajustes al presupuesto o solicitar ampliación del cupo. Cada opción tiene implicaciones diferentes para la economía y los mercados financieros.
