En la intrincada trama del tráfico ilegal de vida silvestre, el caso del envío incautado en el aeropuerto El Dorado de Bogotá en septiembre de 2021 destaca por su complejidad y las conexiones que revela. La operación, que involucró casi 3,500 aletas de tiburón destinadas a Hong Kong, escondidas entre más de 100 kilogramos de vejigas de pescado, pone de manifiesto la persistencia del comercio ilegal incluso frente a las prohibiciones legales. La Secretaría de Ambiente de Bogotá estimó que entre 900 y 1,000 tiburones fueron asesinados para este envío, lo que subraya la magnitud del impacto en la biodiversidad marina.
La implicación de Fernando Rodríguez Mondragón, hijo del difunto jefe del Cartel de Cali, en este caso, añade una capa de complejidad al asunto. A pesar de que las autoridades no nombraron públicamente a los involucrados, la filtración de archivos de la fiscalía colombiana y el trabajo de investigación periodística han permitido rastrear el paquete desde su origen en Maicao hasta su destino en Hong Kong. La investigación en curso por lavado de dinero, revelada por una hoja de cálculo filtrada de la fiscalía, sugiere que las redes del crimen organizado continúan encontrando formas de operar a pesar de las restricciones legales.
El procesamiento de las aletas de tiburón en Colombia, utilizando técnicas raramente encontradas fuera de Asia, indica una posible transferencia de habilidades y conocimientos que podría tener implicaciones significativas para la lucha contra el tráfico de vida silvestre. El biólogo Diego Cardeñosa señala que este es el primer caso legal conocido en el que el procesamiento de aletas tuvo lugar en la nación donde se capturaron los tiburones, antes de ser exportados. Esto sugiere un cambio en las operaciones de tráfico, que podrían estar buscando maximizar las ganancias procesando las aletas localmente antes de la exportación.
La ruta del envío, que pasó por Roldanillo, donde estaba registrada la empresa de Rodríguez Mondragón, y la detención de este bajo arresto domiciliario, reflejan la seriedad con la que las autoridades están abordando el caso. A pesar de las afirmaciones de Rodríguez Mondragón de que probará su inocencia y su acusación de un “abuso de confianza” por parte de un empleado chino, la evidencia parece apuntar a una operación bien organizada y con conocimientos técnicos avanzados.
La situación se complica aún más con el problema de las vejigas de pescado, que también carecían de los documentos adecuados. Aunque el comercio de vejigas de pescado no es ilegal en general, está regulado, y la falta de permisos adecuados para el envío sugiere una posible negligencia o intento de evadir las regulaciones. La insistencia de Rodríguez Mondragón en que el comercio de vejigas de pescado no requería permiso de AUNAP porque se consideraban un producto de desecho contrasta con la afirmación del abogado de AUNAP, Henry Gómez, de que se requería un permiso debido a la posibilidad de “ganancia económica”.
El origen de las vejigas de pescado en Maicao y la falta de permisos para procesarlas en la región de La Guajira, donde se encuentra Maicao, añaden otra capa de irregularidad al caso. La declaración de AUNAP de que “no tiene registro de comerciantes que tengan permisos para comerciar dicho producto” en Maicao refuerza la idea de que el envío incautado podría haber estado operando fuera de los límites legales.
La conexión con la empresa Ho’S Import & Export Limited en Hong Kong y las discrepancias en los datos aduaneros sobre los envíos de vejigas de pescado de Fernapez a esta empresa plantean preguntas sobre la transparencia y la legalidad de estas operaciones. La visita de un reportero a la dirección donde está registrada Ho’S Import & Export y el hallazgo de una oficina cerrada en un edificio de 15 pisos en una zona industrial remota sugieren que podría haber más de lo que se ve a simple vista.
La sofisticación del procesamiento de las aletas de tiburón, con más de la mitad de las aletas en el envío incautado siendo de la especie de tiburón sedoso, clasificado como “vulnerable”, y otras aletas provenientes de especies clasificadas como en “peligro crítico” o “amenazadas”, destaca la gravedad del impacto en especies protegidas. La utilización de estas aletas para hacer sopas en Hong Kong, que pueden costar hasta $200 el tazón, refleja la lucrativa naturaleza de esta industria ilegal.
El hecho de que las aletas en el envío incautado hubieran sido procesadas antes de la exportación muestra que los traficantes de vida silvestre parecían estar comenzando a importar este conocimiento de Asia, lo que podría complicar la lucha contra el tráfico de vida silvestre al hacer más difícil identificar la especie de tiburones sin pruebas de ADN. La observación de Alicia Kuroiwa, directora de hábitats y especies amenazadas en Oceana Perú, sobre la complicación que representa tener aletas peladas para la identificación, subraya la importancia de abordar este problema de manera integral y con cooperación internacional.
En resumen, el caso del envío incautado en Bogotá no solo revela la persistencia del comercio ilegal de aletas de tiburón y vejigas de pescado, sino que también destaca la necesidad de una vigilancia y aplicación de la ley más estrictas, así como de una mayor colaboración internacional para combatir eficazmente el tráfico de vida silvestre y proteger las especies en peligro.
