La Defensoría del Pueblo presentó su segundo informe sobre el cumplimiento del “Compromiso por un proceso electoral libre y en paz”. Este reporte evalúa las acciones de las 13 candidaturas presidenciales frente a nueve puntos fundamentales. El documento abarca el periodo comprendido entre el 16 de diciembre de 2025 y el 8 de abril de 2026.
Siete candidaturas han suscrito formalmente el Compromiso. Por otro lado, seis no lo han hecho hasta el momento. La iniciativa busca proteger la vida durante el proceso electoral. También promueve la adopción de políticas de no violencia en todas las campañas.
La defensa de la democracia constituye otro pilar central del acuerdo. Asimismo, se enfoca en fortalecer las instituciones del Estado. El compromiso impulsa el uso de un lenguaje constructivo entre los candidatos. Además, busca posicionar la información veraz como elemento fundamental del debate público.
La visibilización del liderazgo juvenil forma parte de los objetivos establecidos. Finalmente, el documento respalda el derecho a la protesta pacífica. Estas nueve dimensiones conforman el marco de evaluación aplicado por la Defensoría.
El cumplimiento general se mantiene en un nivel medio según el monitoreo. Sin embargo, la Defensoría identificó desafíos importantes que persisten en el ambiente electoral. Estos obstáculos ponen en riesgo la realización de elecciones verdaderamente libres. También amenazan la construcción de un proceso en paz.
Los resultados muestran contrastes significativos entre diferentes áreas evaluadas. La defensa de la democracia registró niveles altos de cumplimiento. El respeto institucional también obtuvo calificaciones favorables en el seguimiento. El diálogo democrático se mantiene en parámetros aceptables entre las candidaturas.
No obstante, otras dimensiones presentan un panorama preocupante. La adopción de políticas de no violencia muestra niveles bajos de cumplimiento. El lenguaje constructivo no ha sido implementado adecuadamente por los candidatos. La eliminación de la estigmatización registra indicadores críticos en el monitoreo.
La difusión de información veraz constituye otra área problemática. Muchas candidaturas no verifican los datos que comparten públicamente. El respeto a las manifestaciones pacíficas también presenta falencias importantes. Estas debilidades comprometen la calidad del debate democrático actual.
El uso de lenguaje ofensivo representa uno de los principales retos identificados. Expresiones misóginas aparecen frecuentemente en declaraciones de algunos candidatos. También se detectaron comentarios homofóbicos en espacios de campaña. Este tipo de discurso daña la convivencia democrática.
El lenguaje estigmatizante persiste como práctica común en el debate político. Diversas candidaturas realizan acusaciones de delitos sin presentar pruebas. Además, asocian a sus rivales con grupos criminales sin fundamento. Estas tácticas generan polarización y desconfianza entre la ciudadanía.
La difusión de información falsa se ha convertido en problema recurrente. Contenidos manipulados circulan sin verificación en redes sociales. Las acusaciones graves carecen frecuentemente de elementos probatorios. Esta situación deteriora la calidad del debate público electoral.
La Defensoría envió recomendaciones específicas a todas las candidaturas presidenciales. En primer lugar, solicita fomentar el uso de lenguaje respetuoso. Esto implica evitar la estigmatización de adversarios políticos. También requiere abstenerse de la descalificación personal en los debates.
Las candidaturas deben garantizar la verificación de toda información difundida. Especialmente cuando se trata de acusaciones contra otros candidatos. La entidad insta a no realizar señalamientos sin respaldo documental. Esta práctica fortalecería la credibilidad del proceso electoral.
La adopción de medidas concretas contra la violencia política resulta urgente. Particularmente, se debe proteger a las mujeres candidatas y militantes. Las poblaciones históricamente excluidas también requieren garantías especiales. Estos grupos enfrentan mayores riesgos durante las campañas electorales.
El rechazo activo al hostigamiento constituye otra recomendación fundamental. Este fenómeno incluye ataques que ocurren en el entorno digital. Las redes sociales se han convertido en espacios de agresión sistemática. Las candidaturas deben fomentar una cultura de comunicación responsable.
Este seguimiento se enmarca en la necesidad de fortalecer la democracia. También busca proteger los derechos políticos de toda la ciudadanía. La calidad del proceso electoral depende del compromiso de todos los actores.
La iniciativa cuenta con el respaldo de importantes organizaciones nacionales e internacionales. La Conferencia Episcopal participa activamente en este esfuerzo. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también forma parte. Su presencia en Colombia aporta legitimidad al proceso de monitoreo.
La MAPP OEA contribuye con su experiencia en observación electoral. La Misión de Verificación de Naciones Unidas igualmente participa en el seguimiento. ONU Mujeres apoya específicamente el componente de protección a candidatas. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo aporta recursos técnicos.
La Misión de Observación Electoral complementa el trabajo de verificación. Esta red de instituciones garantiza un monitoreo integral del proceso. Además, proporciona credibilidad a las evaluaciones realizadas por la Defensoría.
El informe evidencia que el camino hacia elecciones libres requiere mayor compromiso. Los candidatos deben asumir responsabilidad sobre sus declaraciones públicas. También necesitan implementar códigos de conducta más estrictos en sus campañas. La ciudadanía merece un debate político de mayor calidad.
Las próximas semanas serán determinantes para el clima electoral colombiano. La Defensoría continuará monitoreando el cumplimiento de los nueve puntos acordados. Los siguientes informes mostrarán si las candidaturas atienden las recomendaciones formuladas. El fortalecimiento democrático depende de acciones concretas y verificables.
La eliminación del lenguaje estigmatizante debe convertirse en prioridad inmediata. Los candidatos tienen la responsabilidad de elevar el nivel del debate. Esto beneficia no solo al proceso electoral actual. También sienta precedentes para futuras contiendas democráticas en el país.
La verificación de información debe institucionalizarse en todas las campañas. Los equipos de comunicación requieren protocolos rigurosos antes de difundir contenidos. Especialmente cuando involucran acusaciones contra adversarios políticos o instituciones. La verdad constituye el fundamento de cualquier democracia saludable.
La protección de mujeres y poblaciones vulnerables no puede ser opcional. Las candidaturas deben implementar medidas preventivas contra la violencia política. También necesitan establecer canales de denuncia efectivos. El respeto a la diversidad fortalece la legitimidad del proceso electoral.
El entorno digital requiere atención especial de todas las candidaturas. Las redes sociales amplifican tanto el diálogo constructivo como el hostigamiento. Los candidatos deben moderar activamente los espacios virtuales de sus campañas. La responsabilidad comunicativa se extiende a todos los canales utilizados.
La Defensoría del Pueblo mantiene su compromiso con la transparencia electoral. Los informes periódicos permiten a la ciudadanía evaluar a sus candidatos. Esta información empodera a los votantes para tomar decisiones informadas. La rendición de cuentas pública beneficia la salud democrática del país.
