La Defensoría del Pueblo emitió este 20 de noviembre la Alerta Temprana 029 de 2026. Advierte un alto riesgo para los habitantes de Rovira, San Antonio y Roncesvalles, en el Tolima. Según el organismo, el peligro nace de la consolidación y la expansión de tres estructuras armadas disidentes.
«La expansión y consolidación de tres estructuras armadas ilegales en Rovira, San Antonio y Roncesvalles ponen en riesgo la vida, la integridad y la autonomía de las comunidades.»
Defensoría del Pueblo, comunicado 156
La alerta identifica a tres grupos. El primero es el Frente Joaquín González, adscrito al autodenominado EMBF, bajo el mando de alias Calarcá Córdoba. Según la Defensoría, se consolida en Rovira y se expande hacia San Antonio y Roncesvalles.
El segundo es el Frente Gerónimo Galeano, del Bloque Central Isaías Pardo, del autodenominado EMC de alias Iván Mordisco. Según el documento, se consolida en San Antonio y avanza hacia Roncesvalles. Actúa articulado con el Frente Ismael Ruiz.
El tercero es el Frente 57 Yair Bermúdez, una disidencia independiente. La Defensoría advierte que llega desde el Valle del Cauca a Roncesvalles. Busca asegurar pasos de alta montaña en el sector de Yerbabuena.
Los tres municipios reúnen seis corredores rurales sobre la cordillera Central. Según la alerta, se usan para el repliegue estratégico, el tránsito de tropas y el control de economías rurales. Entre ellas, la Defensoría menciona la extorsión a cafeteros, ganaderos, al comercio local y a las empresas de transporte intermunicipal.
El Sistema de Alertas Tempranas documentó varias prácticas de control sobre la población. Entre ellas figuran los carnés de identificación comunitaria obligatorios en veredas de Rovira y Roncesvalles, y los retenes informales. También aparecen el cobro de cuotas bajo la figura de «aportes voluntarios» y la regulación de los horarios de movilidad.
Además, el organismo registró citaciones obligatorias a integrantes de juntas de acción comunal. Reporta igualmente la incineración de vehículos de transporte público y la instalación de artefactos explosivos improvisados en caminos veredales.
El riesgo no recae igual sobre todos. En San Antonio, la alerta señala al pueblo indígena Pijao. Son más de 1.900 personas en el resguardo San Antonio de Calarma y en comunidades dispersas. La Defensoría advierte afectaciones a su gobierno propio.
La niñez y la juventud enfrentan, según el documento, un «riesgo crítico» de reclutamiento y de utilización en labores de inteligencia o mensajería. En Santa Helena, en Roncesvalles, los firmantes del Acuerdo de Paz sufren hostigamientos y presiones. La Defensoría advierte que esto pone en peligro su reincorporación y sus proyectos productivos.
La alerta formula 19 recomendaciones, organizadas en siete ejes. Van desde la disuasión del contexto de amenaza y la asistencia humanitaria hasta la protección de liderazgos y de menores. También piden investigación y judicialización efectivas. Suman inversión en infraestructura rural, fortalecimiento de los gobiernos propios y seguimiento del Ministerio Público.
Los destinatarios son el Ministerio de Defensa, la fuerza pública, la Fiscalía, la Uariv, el ICBF, la UNP y la ARN. También lo son la Gobernación del Tolima y las tres alcaldías.
La Defensoría pidió que las entidades actúen con un enfoque de seguridad humana. Según el texto, la atención a los riesgos debe ir más allá de las intervenciones sobre el orden público.
El organismo aclaró el alcance del documento:
> «Las Alertas Tempranas son preventivas, no predictivas, y su propósito es salvaguardar la vida, la libertad y la integridad de las comunidades.»
> — Defensoría del Pueblo, comunicado 156
El Frente Joaquín González ya había sido descrito por la Fiscalía en una audiencia, en noviembre de 2025. La fiscal Gloria Isabel Lastra expuso un control que llega a escuelas, veredas y fincas. Abarcaba el Tolima, el Huila y el Meta, según Noticias RCN. Son señalamientos de la Fiscalía, no sentencias.
En febrero de 2025, el Ejército reportó la muerte en Rovira de alias Cancharino, el segundo al mando de Calarcá. Según el Ejército, Calarcá le había encargado organizar ese frente en el Tolima.
El departamento también vive otra arista del conflicto. El 1 de noviembre, un atentado en Planadas dejó cuatro civiles muertos y 18 heridos. El Ministerio de Defensa señaló como presuntos responsables a integrantes de la estructura Gerónimo Galeano. Planadas no hace parte de los tres municipios de esta alerta.
Fuentes: Defensoría del Pueblo (comunicado 156 y cuenta oficial en X), Noticias RCN y Blu Radio.