Yamile Roncancio ha visto cambios profundos en su vida recientemente. Durante años, su trabajo como litigante en casos de violencia de género le trajo represalias. Sin embargo, esta vez la situación alcanzó dimensiones distintas. Un caso en Bucaramanga, donde defiende a dos menores, desató una ola de ataques. Además, enfrentó estigmatización y una investigación disciplinaria en la Rama Judicial.
Ahora, su credencial profesional está bajo amenaza. No obstante, su historia no es aislada. Según el Ministerio del Interior, decenas de defensoras manifiestan sentir desprotección constante. Algunas reciben amenazas directas. Otras ven cómo atacan a sus familias, patrimonio o vidas.
La Defensoría del Pueblo reportó un aumento del 176% en asesinatos de defensoras durante 2025. Este dato revela la magnitud de la crisis. Mientras tanto, Colombia cuenta con aproximadamente 50 decretos, sentencias y leyes para protegerlas. En 2018 surgió el Programa de Garantías para Mujeres Defensoras y Lideresas. Esta iniciativa busca articular 33 entidades estatales con organizaciones civiles. Su objetivo es prevenir y proteger desde lideresas ambientales hasta litigantes urbanas.
Sin embargo, los resultados han sido insuficientes. Jennifer Cordón, coordinadora en Sisma Mujer, describe el avance como “desalentador”. La articulación interinstitucional presenta fallas graves. Además, existe un desconocimiento generalizado de las normas existentes. Estos factores han impedido materializar una protección real y efectiva.
Juliet Gómez cofundó la Coletiva Justicia Mujer. Ella representa judicialmente a víctimas de violencias de género. Por ello, ha experimentado temor constante en su labor. “Colombia es el país más peligroso para defender derechos humanos”, afirma. Cerca del 30% de las agresiones se dirigen contra mujeres. Además, el 75% de las defensoras no encuentran respuestas efectivas al denunciar.
La Defensoría del Pueblo identifica un doble riesgo para estas mujeres. Primero, enfrentan violencias estructurales por su trabajo. Segundo, sufren discriminación por ser mujeres que rechazan el ámbito doméstico. Las repercusiones se manifiestan de múltiples formas. Incluyen amenazas, agresiones físicas y delitos de alto impacto. Entre estos últimos figuran violencia sexual, desplazamientos forzados y asesinatos.
Martha Polanco trabaja como defensora de familia del ICBF en Santander de Quilichao, Cauca. Durante una audiencia de conciliación, el abogado contrario le dijo: “Doctora, usted me excita”. Este tipo de violencia verbal refleja la hostilidad que enfrentan. Claudia Quintero dirige la Fundación Empodérame desde hace 12 años. Ella ha llevado la defensa de numerosas víctimas. También ha convivido con amenazas relacionadas con su género y color de piel.
“En un Estado social de derecho nos debe defender el Estado”, señala Quintero. “Pero en la práctica nos cuidamos solas”, agrega. Convertirse en defensora implica volverse una persona incómoda para ciertos sectores. Aún se castiga a las mujeres por denunciar y liderar. También se las sanciona por ocupar espacios públicos históricamente negados.
Sara Jaramillo litiga en Medellín contra la trata de personas. Ella define su labor como “una pelea con las uñas”. “Hacemos esto porque amamos la defensa de derechos”, explica. “Pero lo hacemos desde una posición de mucha soledad”, añade. La búsqueda de estas mujeres es simple: que defender no implique una sentencia. La apatía social se combina con misoginia profunda. Esto las obliga a enfrentar consecuencias desproporcionadas. Además, son medidas con un doble rasero constante.
“La solidaridad es la única defensa que tenemos”, sostiene Jaramillo. A pesar del miedo, el trabajo continúa sin pausa. Roncancio ha sido apoderada de víctimas de feminicidio. Ha logrado 50 sentencias condenatorias a lo largo de su carrera. Buscar justicia es un proceso costoso y de largo aliento. Debe llevarse hasta las últimas instancias judiciales. De lo contrario, se fallaría a mujeres que depositan su esperanza.
Defender a otras mujeres implica más costos que beneficios tangibles. Roncancio cambia constantemente de domicilio para estar cerca de las víctimas. También rebusca recursos para mantener funcionando su fundación, Justicia para Todas. “Hay jornadas que pueden ser de 15 horas diarias”, relata. “Y no lo vemos como un sacrificio”, aclara. Ella cree que Colombia no valora suficientemente a las defensoras de derechos.
Todas las entrevistadas coinciden en una reflexión importante. Si pudieran volver al pasado, elegirían exactamente el mismo camino. Este medio intentó conocer el trabajo del Ministerio de Justicia. No obstante, al cierre de esta nota no hubo respuesta oficial. El trabajo de estas mujeres no es una vocación que pueda olvidarse. A pesar de los riesgos, tiene historias dignas de aplauso.
Cada lucha que emprenden significa una familia con derechos restablecidos. También representa una mujer que encontró protección necesaria. Las victorias, aunque pequeñas, son significativas. Cada sentencia favorable es un triunfo contra la impunidad. Cada medida de protección otorgada salva una vida potencialmente.
El contexto colombiano presenta desafíos particulares para estas defensoras. La violencia estructural contra las mujeres persiste en múltiples niveles. Además, los grupos armados ilegales ven a las lideresas como amenazas. En territorios rurales, la situación se agrava considerablemente. Allí, las defensoras ambientales y comunitarias enfrentan riesgos extremos.
Las lideresas indígenas y afrodescendientes experimentan discriminación múltiple. Enfrentan violencia por su género, etnia y labor de defensa. Esta interseccionalidad agrava su vulnerabilidad de manera exponencial. Sin embargo, muchas continúan su trabajo con valentía extraordinaria.
La respuesta institucional sigue siendo inadecuada en muchos casos. Las rutas de protección son lentas y burocráticas. Frecuentemente, las medidas llegan tarde o resultan insuficientes. Mientras tanto, las defensoras deben ingeniárselas para sobrevivir. Crean redes de apoyo mutuo y sistemas de alerta temprana.
Las organizaciones de mujeres funcionan como espacios de protección colectiva. Allí comparten estrategias de seguridad y apoyo emocional. También documentan las agresiones para visibilizar la problemática. Esta labor de registro es fundamental para exigir respuestas estatales.
La comunidad internacional ha expresado preocupación por la situación. Diversos organismos han emitido recomendaciones al Estado colombiano. No obstante, la implementación de estas sugerencias avanza lentamente. Las defensoras continúan esperando acciones concretas y efectivas.
El trabajo de litigio en casos de género presenta desafíos específicos. Los procesos judiciales suelen ser largos y revictimizantes. Además, persisten estereotipos de género en el sistema judicial. Estos prejuicios dificultan el acceso a la justicia. Las defensoras deben combatir no solo la impunidad, sino también la discriminación institucional.
Los recursos económicos son escasos para este tipo de trabajo. Muchas fundaciones operan con presupuestos mínimos o voluntariado. Las abogadas frecuentemente asumen costos de su propio bolsillo. Esto incluye transporte, comunicaciones y gastos procesales. La sostenibilidad de estas iniciativas es permanentemente precaria.
A pesar de todo, las defensoras encuentran motivación en las sobrevivientes. Cada mujer que logra salir de una situación de violencia es un impulso. Cada niña protegida de un abuso representa esperanza. Estos pequeños triunfos alimentan la resistencia y la persistencia.
“A mí me salvaron las mujeres, y lo siguen haciendo”, concluye Quintero. Cuando el miedo o el cansancio amenazan con desbordarlo todo, allí están. Entre mujeres se construye protección, conciencia y resistencia. Esta solidaridad femenina es el escudo más poderoso. Es también la semilla de transformación social más profunda.
Las defensoras colombianas continúan su labor contra viento y marea. Enfrentan un sistema que las desprotege y una sociedad que las cuestiona. Sin embargo, no se rinden ante la adversidad. Su trabajo salva vidas, restaura dignidades y construye justicia. Merecen reconocimiento, protección y apoyo incondicional del Estado y la sociedad.
