Yanette Bautista murió sin ver firmado el decreto que reglamenta la Ley de Mujeres Buscadoras. Esta norma reconoce a madres, hijas, esposas y hermanas que buscan a sus seres queridos desaparecidos. La ley está aprobada desde hace más de un año. Sin embargo, el documento permanece sin firma presidencial.
El pasado 23 de octubre se celebró el Día Nacional de las Mujeres Buscadoras. Ese día, ellas esperaban recibir el documento firmado. No obstante, nunca llegó. Desde entonces han transcurrido 50 días sin respuesta alguna. La espera se ha convertido en angustia para miles de mujeres.
Andrea Torres dirige la Fundación Nydia Erika Bautista. Ella explicó que el retraso se debe a cambios en la cartera ministerial. Eduardo Montealegre renunció al Ministerio de Justicia. Por lo tanto, el documento debe pasar nuevamente a firmas con el nuevo ministro. Esto ha generado demoras significativas en el proceso.
Torres señaló que la interlocución con las instituciones se ha reducido. Esto ocurrió desde el cambio de ministro. La situación preocupa bastante a las organizaciones de mujeres buscadoras. Además, la coordinación interinstitucional se ha complicado considerablemente.
Todos los ministerios ya habían firmado el decreto, excepto el de Agricultura. Aun así, faltaba la sanción presidencial a través del Ministerio del Interior. La coordinación con el Departamento Administrativo de la Presidencia ha sido complicada. Torres afirmó que la postura del gobierno cambió después de revisar nuevamente el decreto.
“Dicen que ellos han cambiado un poco la postura ahora”, expresó Torres. Anteriormente habían aprobado todo el contenido del documento. Los retos impuestos por el Ministerio del Interior y la Presidencia generan preocupación. Las organizaciones temen que esto retrase aún más la implementación de la ley.
Las mujeres buscadoras esperaban recibir el decreto firmado como regalo de Navidad. Con ese objetivo, las organizaciones emitieron un comunicado conjunto. El documento está dirigido al presidente Gustavo Petro. En él hacen un llamado urgente a cumplir el compromiso adquirido.
“Hemos enfrentado la discriminación, la estigmatización y la persecución por una razón sencilla, pero inmensa: buscar a nuestros seres queridos desaparecidos”, se lee en la misiva. La carta está firmada por 23 asociaciones, colectivos y organizaciones. Todas ellas exigen que se firme ya el decreto reglamentario.
La Ley de Mujeres Buscadoras reconoce, reivindica y dignifica la lucha de estas mujeres. También protege sus derechos fundamentales. La ley fue aprobada hace más de un año. El compromiso del gobierno era implementarla en un plazo máximo de tres meses.
Las organizaciones advierten que el año está por terminar. La firma del decreto no puede seguir aplazándose. “No más excusas, no más indiferencia”, escriben en el comunicado. Cada día sin esa firma se traduce en sufrimiento para las familias.
Según las organizaciones, cada jornada de espera representa una vida que se apaga. También significa una madre que muere desprotegida, como ocurrió con Yanette. Estas mujeres no tienen garantía de sus derechos. La situación se vuelve más crítica con el paso del tiempo.
“Presidente, cumplir este compromiso no es un favor: es una deuda con la historia”, escriben al final del comunicado. También es una deuda con quienes han entregado su vida a la búsqueda. La esperanza mantiene vivas a estas mujeres cada día.
Durante décadas, las mujeres han cargado sobre sus hombros esta búsqueda. Han recorrido morgues, batallones, juzgados y fosas comunes. Todo esto para encontrar a sus familiares desaparecidos. La Ley 2364 de 2024 busca respaldar ese trabajo incansable.
La normativa garantiza que el país no olvide a las víctimas. Reconoce a las mujeres buscadoras como sujetas de especial protección. Además, establece mecanismos para asegurarles una vida digna. Entre estos mecanismos se incluye el acceso a vivienda y seguridad social.
La ley también contempla educación, atención médica y apoyo psicosocial. Estos elementos son fundamentales para el bienestar de las buscadoras. Sin embargo, ninguno puede implementarse sin el decreto reglamentario. La espera se convierte así en un obstáculo para la reparación.
Un elemento central de la ley es el Registro Único de Mujeres Buscadoras. Esta base de datos permitirá conocer el número de víctimas colaterales. También orientará las medidas de reparación necesarias. No obstante, ninguna institución puede cumplir con sus responsabilidades sin el decreto firmado.
Torres explicó que las mujeres deben ser reconocidas y reparadas por los daños sufridos. Para ello es necesario crear el Registro Único. La Unidad para las Víctimas debe crear este registro. Sin embargo, no puede hacerlo hasta que haya un decreto firmado.
El decreto también determina temas de presupuesto y coordinación institucional. Cada entidad necesita cumplir con las labores necesarias. “Es un tema muy técnico que requiere recursos y articulación de las instituciones”, afirmó Torres. La complejidad del proceso no justifica el retraso prolongado.
Entre el 1 y 2 de diciembre se realizó un encuentro importante. La Red Nacional de Mujeres Buscadoras se reunió en esta ocasión. Participaron 22 procesos organizativos de familiares de distintas regiones del país. El encuentro permitió compartir experiencias sobre la labor en los territorios.
Durante la reunión se evaluó cómo las instituciones aplicaban la ley. También se analizó si existía voluntad real para cumplirla. Torres contó que el panorama era bastante oscuro. No había ninguna voluntad ni información sobre el avance del decreto.
El retraso burocrático deja en la incertidumbre a cerca de 27.882 mujeres. Estas mujeres adelantan procesos de búsqueda humanitaria según la Unidad de Búsqueda. Para ellas, la implementación efectiva de la ley no es solo un acto formal. Representa un paso decisivo hacia la reparación y la justicia.
La dignidad que han exigido durante décadas está en juego. Las mujeres buscadoras han sacrificado sus vidas por encontrar a sus familiares. Han enfrentado amenazas, estigmatización y abandono institucional. A pesar de todo, continúan su búsqueda incansable.
La desaparición forzada ha dejado miles de víctimas en Colombia. Detrás de cada desaparecido hay una familia que sufre. Las mujeres han asumido el rol de buscar a sus seres queridos. Esta labor las ha convertido en víctimas colaterales del conflicto armado.
Muchas han dedicado décadas enteras a esta búsqueda. Han gastado sus recursos económicos en viajes y trámites. Han descuidado su salud física y mental. Han enfrentado la indiferencia de las autoridades en múltiples ocasiones.
La Ley de Mujeres Buscadoras representa un reconocimiento histórico. Es la primera vez que se les considera sujetas de especial protección. La norma visibiliza su labor y su sufrimiento. También establece obligaciones claras para el Estado colombiano.
Sin embargo, la ley sin reglamentación es solo un papel. Las mujeres necesitan acciones concretas y recursos efectivos. Necesitan que las instituciones cumplan con sus responsabilidades. Necesitan que el gobierno honre sus compromisos.
El cambio de ministro no debería ser excusa para el retraso. Las víctimas no pueden seguir esperando por trámites burocráticos. Cada día que pasa es una afrenta a su dignidad. Cada semana sin respuesta es una muestra de indiferencia institucional.
Las organizaciones han mantenido la presión sobre el gobierno. Han realizado comunicados, reuniones y manifestaciones públicas. Han buscado todos los canales posibles de interlocución. A pesar de esto, la respuesta ha sido el silencio.
La muerte de Yanette Bautista simboliza la urgencia de esta situación. Ella fue una líder incansable en la búsqueda de justicia. Impulsó esta ley con su trabajo y su ejemplo. No alcanzó a ver los frutos de su lucha.
Otras mujeres podrían correr la misma suerte. Muchas son adultas mayores con problemas de salud. El tiempo no está de su lado. Cada día que pasa es una oportunidad perdida de reparación.
El gobierno de Gustavo Petro se ha caracterizado por su discurso de paz. Ha prometido priorizar a las víctimas del conflicto armado. Sin embargo, este retraso contradice esos compromisos. Las mujeres buscadoras son víctimas que necesitan atención urgente.
La firma del decreto no requiere grandes recursos ni esfuerzos extraordinarios. Solo necesita voluntad política y cumplimiento de compromisos. Las mujeres no piden favores ni privilegios. Exigen el reconocimiento de sus derechos fundamentales.
La comunidad internacional observa cómo Colombia trata a sus víctimas. El país ha suscrito múltiples tratados sobre derechos humanos. La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad. Las víctimas colaterales merecen protección y reparación.
El Registro Único de Mujeres Buscadoras permitirá dimensionar el problema. También facilitará el diseño de políticas públicas adecuadas. Sin este registro, las instituciones trabajan a ciegas. No pueden ofrecer atención diferenciada ni efectiva.
Las mujeres buscadoras realizan una labor que corresponde al Estado. Ellas han asumido la responsabilidad de buscar a los desaparecidos. Han llenado el vacío dejado por las instituciones. Merecen reconocimiento, apoyo y protección por esta labor.
La vivienda digna es uno de los derechos contemplados en la ley. Muchas mujeres han perdido sus hogares por la violencia. Otras han gastado todo su patrimonio en la búsqueda. El acceso a vivienda es fundamental para su estabilidad.
La seguridad social es otro elemento crucial de la ley. Muchas mujeres no tienen acceso a servicios de salud. Tampoco cuentan con pensión ni ingresos estables. La búsqueda ha consumido su capacidad de trabajar y generar recursos.
La educación es una herramienta de empoderamiento para estas mujeres. Muchas no pudieron completar sus estudios por la violencia. Otras necesitan capacitación para acceder a oportunidades laborales. La ley contempla este derecho como parte de la reparación.
La atención médica y el apoyo psicosocial son urgentes. El trauma de la desaparición genera graves afectaciones mentales. Las mujeres sufren depresión, ansiedad y estrés postraumático. Necesitan acompañamiento profesional para sanar estas heridas.
El decreto reglamentario establecerá cómo se implementarán estos derechos. Definirá responsabilidades institucionales y asignación de recursos. También establecerá plazos y mecanismos de seguimiento. Sin este decreto, la ley permanece como letra muerta.
Las 23 organizaciones firmantes del comunicado representan a miles de mujeres. Son colectivos que han trabajado durante años en los territorios. Conocen de primera mano las necesidades de las buscadoras. Su voz debe ser escuchada y atendida.
La presión social puede ser determinante en este proceso. Los medios de comunicación juegan un papel importante en visibilizar esta situación. La ciudadanía debe conocer lo que está ocurriendo. La solidaridad con las mujeres buscadoras es fundamental.
El Congreso de la República aprobó esta ley con amplio consenso. Reconoció la importancia de proteger a las mujeres buscadoras. Ahora el gobierno debe cumplir con su parte. La separación de poderes no puede ser excusa para la inacción.
Las mujeres buscadoras no se rendirán en su exigencia. Han demostrado resiliencia y determinación durante décadas. Continuarán presionando hasta obtener lo que por derecho les corresponde. Su lucha es legítima y merece respeto.
La Navidad se acerca y con ella la posibilidad de un gesto significativo. La firma del decreto sería un acto de justicia. Sería reconocer el valor y la dignidad de estas mujeres. Sería honrar la memoria de quienes, como Yanette, ya no están.
El 2025 está por terminar y las promesas siguen incumplidas. Las instituciones deben asumir su responsabilidad. El Ministerio del Interior debe agilizar los trámites. La Presidencia debe priorizar este tema en su agenda.
Las mujeres buscadoras han entregado su vida a una causa noble. Han sacrificado su bienestar por encontrar a sus seres queridos. Han mantenido viva la memoria de los desaparecidos. Colombia tiene una deuda histórica con ellas.
Esta deuda no se paga con palabras ni promesas vacías. Se paga con acciones concretas y cumplimiento de compromisos. Se paga con respeto a su dignidad y sus derechos. Se paga firmando el decreto que tanto han esperado.
