El Decreto 0173 de 2026 introduce un nuevo impuesto temporal al patrimonio en Colombia. A primera vista, parece una medida técnica más dentro del menú fiscal del Gobierno. Sin embargo, sus implicaciones para la educación superior son profundas y preocupantes.
La norma grava con una tarifa general del 0,5% a las personas jurídicas. Aplica a quienes posean un patrimonio superior a 200.000 UVT. Esta cifra equivale a más de 10.400 millones de pesos colombianos. Además, el decreto eleva la tarifa al 1,6% para sectores específicos. Entre ellos están el financiero y el extractivo.
Detrás de esa cifra aparentemente moderada se esconde una decisión problemática. Las universidades privadas en Colombia son entidades sin ánimo de lucro. No distribuyen utilidades entre accionistas. Tampoco tienen socios que reciban dividendos al final del año fiscal.
Los excedentes de estas instituciones se reinvierten completamente. Van a infraestructura, laboratorios, bibliotecas y centros de investigación. También financian bienestar estudiantil y programas de becas. Su patrimonio no es riqueza privada acumulada por individuos. Es capital académico construido durante décadas para garantizar sostenibilidad.
Gravar ese patrimonio equivale a imponer un costo adicional. Ese costo recae sobre los recursos destinados a cumplir una función pública esencial. Las universidades medianas y grandes superan con creces el umbral fijado. Poseen campus extensos, hospitales universitarios y equipos científicos de última generación. También cuentan con centros de investigación y reservas prudenciales.
Estas reservas se construyeron con disciplina financiera a lo largo del tiempo. Bajo este nuevo impuesto, una universidad con patrimonio de 200.000 millones de pesos deberá pagar alrededor de 1.000 millones. En instituciones con activos mayores, la cifra crece proporcionalmente.
En un sector donde los márgenes son estrechos, esos montos no son marginales. Los recursos se reinvierten constantemente en mejorar la calidad educativa. Esos miles de millones de pesos dejan de financiar proyectos de investigación. También se reduce la contratación de profesores calificados. La modernización tecnológica se posterga indefinidamente.
Los programas de apoyo estudiantil sufren recortes significativos. El efecto sobre la calidad puede ser silencioso al principio. No obstante, será progresivo y acumulativo con el tiempo. Menos inversión en laboratorios significa menos capacidad de investigación aplicada.
Menos recursos para contratación implica mayor presión sobre los profesores existentes. Estos deben asumir más carga académica y administrativa. Menos margen financiero reduce la posibilidad de ofrecer becas internas. Cuando los costos aumentan, la tentación de trasladarlos a las matrículas se vuelve real.
Es decir, el impuesto termina afectando directamente a los estudiantes. Resulta paradójico que un gobierno que dice defender la equidad actúe así. Termina imponiendo cargas adicionales a instituciones que financian buena parte del acceso. Estas instituciones complementan la oferta pública de educación superior en el país.
Más aún cuando muchas universidades privadas otorgan miles de becas anualmente. También ofrecen descuentos significativos que alivian el gasto de las familias. Estas ayudas financieras representan millones de pesos en apoyo estudiantil directo.
No es la primera vez que esta administración envía señales de desconfianza. Recordemos el intento de trasladar a las universidades el pago de los intereses. Se trataba de los créditos Icetex de sus estudiantes. Afortunadamente, aquella medida no prosperó como se planteó inicialmente.
Aunque igual las universidades hicieron los aportes correspondientes. Aquella medida pretendía que las instituciones asumieran una obligación. Esa obligación corresponde al Estado o al diseño mismo del sistema. El mensaje era claro entonces. El sector privado debía pagar por una política pública mal estructurada.
Hoy el nuevo impuesto al patrimonio parece seguir esa misma lógica. Más preocupante aún es el contexto en el que se da. Colombia necesita aumentar su inversión en ciencia, tecnología e innovación. Necesita universidades fuertes que investiguen y generen conocimiento pertinente.
Necesita instituciones que formen capital humano avanzado para el desarrollo. Necesita alianzas público-privadas que amplíen cobertura y calidad educativa. Pero en lugar de fortalecer ese ecosistema, se grava su base patrimonial.
El debate de fondo no es solo fiscal. Es fundamentalmente conceptual y de visión de país. ¿Considera el Gobierno a las universidades privadas de alta calidad como aliadas? ¿O las ve como actores sospechosos que deben ser controlados y gravados?
Las señales recientes apuntan claramente a lo segundo. En un país con enormes rezagos en cobertura, esta medida resulta contradictoria. También existen brechas significativas en calidad e investigación científica. Debilitar financieramente a las instituciones que aportan a la formación de capital humano no parece coherente.
No se alinea con un proyecto de desarrollo sostenible a largo plazo. Más bien refleja una visión ideológica que desconfía del sector privado. Minimiza el papel de la ciencia y la educación como motores de progreso.
Las universidades no piden privilegios especiales ni exenciones injustificadas. Piden reglas claras, estabilidad jurídica y reconocimiento de su función social. Si el Estado quiere más calidad, debe crear incentivos para invertir. Si quiere más investigación, debe facilitar la inversión en ciencia.
Si quiere más acceso, no debe castigar el patrimonio que lo sostiene. Gravar a las universidades puede generar ingresos fiscales de corto plazo. Esos recursos entran rápidamente a las arcas del Estado. Pero el costo de largo plazo puede ser mucho más alto.
El impacto en calidad educativa será significativo. La investigación científica se verá afectada negativamente. Las oportunidades para los jóvenes se reducirán progresivamente. La capacidad de competir internacionalmente disminuirá.
Los estudiantes enfrentarán matrículas más altas o menos servicios. Las familias colombianas verán reducidas las opciones de becas. Los profesores trabajarán con menos recursos y más presión. Los laboratorios quedarán obsoletos más rápidamente.
La infraestructura se deteriorará sin inversión constante. Los hospitales universitarios tendrán menos capacidad de modernización. Los centros de investigación perderán competitividad frente a instituciones internacionales. El país retrocederá en indicadores de desarrollo científico y tecnológico.
Esta medida envía un mensaje equivocado al sector educativo. Desalienta la inversión privada en educación de calidad. Genera incertidumbre sobre futuras políticas fiscales. Debilita la confianza necesaria para planificar a largo plazo.
Las universidades requieren estabilidad para desarrollar proyectos académicos robustos. Necesitan certeza para atraer talento nacional e internacional. Requieren recursos predecibles para mantener estándares de acreditación. Todo esto se pone en riesgo con este tipo de gravámenes.
El patrimonio universitario representa décadas de esfuerzo institucional. Refleja la confianza de generaciones de familias colombianas. Simboliza el compromiso con la excelencia académica y la investigación. No debería tratarse como riqueza ociosa sujeta a impuestos extraordinarios.
La educación superior privada de calidad complementa la oferta pública. No la reemplaza ni compite deslealmente con ella. Amplía las opciones disponibles para estudiantes de diferentes perfiles. Genera conocimiento que beneficia a toda la sociedad.
Las universidades privadas forman profesionales que trabajan en el sector público. Investigan problemas que afectan a comunidades vulnerables. Transfieren tecnología a empresas pequeñas y medianas. Contribuyen al desarrollo regional y nacional de múltiples formas.
Castigar fiscalmente esta contribución resulta contraproducente. Envía señales negativas a potenciales donantes y filántropos. Desalienta la inversión privada en proyectos educativos de largo aliento. Genera un clima de incertidumbre que afecta la planificación estratégica.
*Decana, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Javeriana
