Cuba cerró agosto con 1.339 presos políticos registrados. Esta cifra representa el número más alto en décadas. Así lo confirmó el informe mensual de Prisoners Defenders. El recuento incluye 19 nuevas incorporaciones durante ese mes. También registra siete bajas en el mismo período. Esto representa un aumento neto de 12 personas respecto de julio.
En los últimos 12 meses la situación empeoró dramáticamente. Del 1 de septiembre de 2025 al 31 de agosto de 2026 ingresaron 281 presos políticos nuevos. Esta es la cifra más alta en tres años. El promedio supera los 23 casos por mes.
Javier Larrondo preside Prisoners Defenders. Él detalló la gravedad de la situación en diálogo con Infobae. “Reclamar agua o electricidad puede llevar a la cárcel”, declaró. Además advirtió que grabar a un agente violando sus funciones puede llevar a prisión. El castigo llega también a los hijos y las madres. Alcanza a toda la familia.
Del total de personas registradas, 155 son mujeres. Este es un récord absoluto en décadas según la organización. La lista incluye además a 38 personas detenidas siendo menores de edad. De ellas, 14 permanecen encarceladas actualmente.
Cuba ha totalizado 2.167 presos políticos en sus cárceles desde julio de 2021. Este conteo abarca hasta finales de agosto de 2026. Son cinco años y dos meses de represión documentada. De ese total, 2.020 ingresaron en prisión desde entonces.
La represión no se limita a la persona directamente perseguida. El informe documenta que alcanza también a madres y padres. Llega a hijos y comunidades enteras. Se ejecuta mediante encarcelamientos simultáneos y amenazas. También incluye sanciones económicas, vigilancia y separación forzosa familiar.
“El castigo se ceba en los hijos y en la familia completa”, afirmó Larrondo. Estamos hablando de madres que reclaman lo imprescindible para sus hijos. “¿Cómo puede la respuesta ser detenerlas?”, cuestionó. Eso es la realidad cotidiana de Cuba. Un infierno para cualquier ser humano.
Doraikis Delgado González fue detenida sin orden de arresto el 7 de julio pasado. Tampoco tuvo tutela judicial. Ella transmitió en directo una protesta en Alamar, La Habana. Los vecinos reclamaban el restablecimiento de la electricidad. Llevaban más de un mes de apagones.
Permanece en prisión provisional en la Prisión de Mujeres de Occidente. El centro está ubicado en El Guatao. La acusan del delito de “difamación de las instituciones y organizaciones”. También de difamación “de los héroes y mártires”.
Doraikis padece hemofilia. Necesita atención médica especializada. Las autoridades le negaron ese derecho. Rechazaron la modificación de su medida cautelar. Es madre de dos niños de siete y ocho años. Ellos quedaron al cuidado de vecinos. Su padre trabaja para sostener económicamente a la familia. También debe sostener a la propia Doraikis en prisión.
Sady Reynaldo Companioni es madre de una niña de seis años. Fue detenida el 28 de agosto en su vivienda de Lawton. Esta zona pertenece al municipio habanero de Diez de Octubre. Ella denunció durante más de dos semanas la falta de agua. Ante el desabastecimiento, la familia recogía agua de lluvia para beber.
Cuatro agentes se presentaron en su casa sin citación previa. La detuvieron delante de su hija menor. La niña lloraba al ver cómo se llevaban a su madre. Fue trasladada al Centro de Torturas El Vivac. La excarcelaron el 2 de septiembre.
Sin embargo, según la información recibida por la organización, debe presentarse diariamente a firmar. Debe hacerlo en una unidad policial. “Otra familia en la que van a cebarse”, señaló Larrondo. De nuevo, el castigo se ceba en los hijos. También en la familia al completo.
Christian de Jesús Crespo Álvarez tiene 16 años. Es preso de conciencia. Fue detenido sin orden de arresto durante las protestas de marzo. Estas protestas ocurrieron en Morón contra los apagones. Permanece en prisión provisional en el penal de Canaleta. Este penal está en Ciego de Ávila.
En junio se confirmó que contrajo hepatitis dentro de la prisión. Las autoridades se negaron a trasladarlo a un hospital. No recibió atención especializada. Lo mantuvieron en la enfermería del penal.
“Contrajo hepatitis en la cárcel”, relató Larrondo a Infobae. Esto pasa en decenas de miles de casos al año. Sucede con multitud de enfermedades en las cárceles de Cuba. Pero no lo trasladaron a un hospital. Fue agredido después de rechazar la comida. La rechazó por su pésimo estado y condiciones.
Como represalia por un supuesto intento de fuga, las autoridades le impusieron una sanción disciplinaria. Lo trasladaron a una zona donde permanece recluido junto a presos adultos. Estos presos son considerados peligrosos. Esto ocurre pese a su condición de menor.
Su familia denuncia además que las autoridades pretenden imputarle delitos graves. Buscan acusarlo de “sabotaje” y “evasión”. No han tenido acceso a la petición fiscal. Tampoco a información oficial del proceso.
El informe documenta 463 presos con patologías médicas graves. Estas personas permanecen encarceladas actualmente. Las enfermedades están relacionadas con la falta de alimentación. También con los malos tratos y el ambiente represivo. Se agravan por la negación sistemática de atención médica.
También se verificaron 54 presos de conciencia con trastornos graves de salud mental. No reciben tratamiento adecuado.
Ángel Serrano Hernández fue condenado a 15 años de prisión. Su delito fue manifestarse el 11 de julio de 2021. Fue esposado y golpeado el 26 de agosto. Esto ocurrió en la Prisión de Trabajo Forzoso La Lima. El centro está en Guanabacoa, La Habana.
Se negó a realizar labores incompatibles con su estado de salud. Según la denuncia de su familia, el Teniente Coronel Parada lo golpeó brutalmente. Parada es el jefe de la prisión. Le provocó inflamaciones en todo el cuerpo. Además le dejó un ojo morado e hinchado. Le negaron un examen médico tras la agresión.
El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria ya había declarado arbitraria su privación de libertad. Exigió su liberación inmediata.
“Le negaron incluso un examen médico tras la agresión”, denunció Larrondo. Esto se hizo para que no hubiera pruebas documentales de la barbarie. Naciones Unidas ya había exigido su liberación. Mientras tanto, en Europa se venden los puros cubanos. También se vende el carbón vegetal que elaboran los presos en Cuba. Lo hacen en estas condiciones.
El 1 de septiembre un tribunal condenó a Carlos Alberto McDonald Ennis. Recibió siete años de prisión. Carlos desarrolló un cáncer maligno en la región maxilofacial. Esto ocurrió mientras estaba encarcelado. Durante ese período las autoridades le negaron atención médica. También le negaron medicamentos y acceso a los resultados de las pruebas realizadas.
Necesita 35 sesiones de radioterapia. Solo ha podido completar cuatro. La sentencia todavía no es firme. Mantiene una fianza de 50.000 pesos hasta que adquiera firmeza. Sin embargo, amenaza con devolverlo a prisión mientras continúa el tratamiento.
La condena se sostiene sobre una supuesta vinculación con la organización Cuba Primero. Tanto Carlos como la propia organización niegan esta vinculación. El tribunal no acreditó ningún acto violento. Tampoco identificó una conducta penal concreta atribuible a él.
“Es decir, una sentencia de muerte velada”, afirmó Larrondo. Hay que luchar con todo por la vida de estas personas. Lo peor es que le envían a prisión no por un acto violento. Tampoco por una conducta individual que justifique ninguna pena. Solo porque dicen que es miembro de Cuba Primero. Es una organización con la que él jamás ha mantenido siquiera contacto. La organización, además, lo ratifica.
Según la metodología de Prisoners Defenders, los 1.339 prisioneros políticos verificados se dividen en categorías específicas. Hay 807 convictos de conciencia. También 495 condenados de conciencia. Además existen 37 casos catalogados como otros presos políticos. Estas categorías están vinculadas al tipo de proceso judicial. También a la naturaleza de los cargos imputados.
“Son unos pocos casos que explican lo que pasa con otros cientos de casos”, relató el presidente de la ONG. No son tan excepcionales. Por desgracia, estas situaciones son las habituales entre los presos políticos en Cuba.
El informe completo recoge los detalles y las cifras. Detrás de estos 1.339 nombres hay personas que necesitan atención. Requieren protección y libertad. También hay familias que siguen esperando una respuesta. Mientras tanto, el daño continúa cada día. La comunidad internacional permanece en silencio.
