Las estaciones de servicio en Colombia enfrentan una crisis financiera sin precedentes. Los costos laborales han aumentado de manera dramática en los últimos dos años. Esta situación amenaza la operación continua que caracteriza al sector.
La unión gremial Somos Uno encendió las alarmas sobre esta problemática. El gremio advierte que el modelo de atención 24/7 está en peligro. Las cifras revelan un panorama preocupante para el futuro del sector.
Entre julio de 2024 y julio de 2026, los costos laborales se dispararon. El incremento alcanzó un 53,5 % en apenas dos años. Este aumento representa una presión financiera insostenible para muchas estaciones.
En términos monetarios, las cifras son contundentes. El costo de mantener una posición laboral pasó de COP 1,18 millones. Actualmente, esta cifra alcanza los COP 1,81 millones por trabajador.
David Jiménez Mejía es el vocero gremial nacional de Somos Uno. Él presentó estas preocupaciones en el Foro Sectorial SODICOM 2026. El evento se realizó en la ciudad de Cali.
“Las estaciones de servicio han hecho un esfuerzo importante por generar empleo formal y mejorar las condiciones de sus trabajadores. Pero hoy enfrentamos una realidad: los costos laborales están creciendo mucho más rápido que la remuneración reconocida por la regulación”, afirmó David Jiménez Mejía.
El sector ha demostrado un compromiso real con el empleo formal. Los números respaldan esta afirmación de manera contundente. Las estadísticas muestran un crecimiento sostenido en la generación de puestos.
Entre 2022 y 2025, el sector experimentó una expansión significativa. Los empleos aumentaron de 52.000 a 68.000 posiciones. Este crecimiento representa un incremento del 29,3 % en tres años.
Paralelamente, la informalidad laboral mostró una reducción importante. La tasa bajó de 28,7 % a 21,4 % en el mismo período. Este descenso refleja el esfuerzo del sector por formalizar sus operaciones.
Los trabajadores también han visto mejoras en sus ingresos. Los salarios reales de los isleros aumentaron 25,3 %. Sin embargo, estos avances ahora están en riesgo por el incremento desmedido.
Las estaciones pequeñas y rurales enfrentan desafíos particulares. Estas instalaciones tienen menor capacidad para absorber los aumentos. La situación se vuelve crítica en municipios alejados de las grandes ciudades.
“Una estación de bajo volumen no tiene la misma capacidad para absorber estos incrementos. En algunos municipios, el cierre de una estación no significa simplemente perder un negocio, sino poner en riesgo el abastecimiento de combustibles de toda una comunidad”, señaló Jiménez.
El análisis gremial identificó una brecha económica preocupante. Existe una diferencia de COP 272 por galón vendido. Esta cifra representa el desfase entre costos laborales y margen regulado.
El vocero gremial fue enfático en aclarar el propósito del análisis. La cifra no constituye una solicitud de aumento del margen. Se trata de una medición técnica de la realidad económica actual.
La discusión debe abordarse desde una perspectiva técnica y transparente. Así lo manifestó Jiménez ante los asistentes al foro sectorial. El futuro del empleo formal depende de encontrar soluciones viables.
“Esta cifra no constituye una propuesta de aumento del margen, sino una medición de la diferencia entre los costos laborales y lo que actualmente reconoce la regulación. La discusión debe ser técnica y transparente. Si queremos preservar el empleo formal y garantizar el abastecimiento de combustibles en todo el país, debemos hablar también de la sostenibilidad económica de las estaciones de servicio”, concluyó.
El gremio solicita una revisión urgente de la situación actual. Esta evaluación debe considerar la sostenibilidad financiera del sector. De lo contrario, las consecuencias podrían ser graves para todos.
Los puestos de trabajo formales están en riesgo inminente. La disponibilidad del servicio 24/7 también podría verse comprometida. Ambas situaciones afectarían directamente a millones de colombianos.
Las estaciones de servicio representan un eslabón fundamental en la cadena económica. Su operación continua garantiza el abastecimiento nacional de combustibles. Por tanto, su estabilidad financiera trasciende el interés particular del sector.
El debate sobre los costos laborales no es nuevo en Colombia. Sin embargo, la velocidad del incremento en este sector es excepcional. Ninguna industria puede sostener aumentos del 53,5 % en dos años.
La regulación actual no contempló esta escalada de costos. Las fórmulas de remuneración quedaron desactualizadas frente a la realidad. Esta desconexión genera un desequilibrio insostenible en el tiempo.
Las comunidades rurales serían las más afectadas por eventuales cierres. En muchos municipios existe una sola estación de servicio. La pérdida de este punto de abastecimiento aislaría territorios completos.
El sector ha invertido significativamente en formalización laboral. Los resultados de esta inversión son evidentes en las estadísticas. No obstante, estos logros podrían revertirse sin ajustes regulatorios adecuados.
Los trabajadores del sector también observan con preocupación esta situación. Sus empleos formales y mejores condiciones están en juego. La paradoja es que las mejoras laborales amenazan la viabilidad operativa.
El foro sectorial en Cali reunió a los principales actores del sector. Las discusiones giraron en torno a la sostenibilidad del modelo actual. Todos coincidieron en la urgencia de encontrar soluciones equilibradas.
La presión financiera varía según el tamaño de cada estación. Las grandes instalaciones urbanas tienen mayor capacidad de absorción. En contraste, las pequeñas estaciones rurales operan al límite de rentabilidad.
El margen regulado no se ha ajustado proporcionalmente a los costos. Esta desactualización crea una tijera financiera cada vez más amplia. La brecha de COP 272 por galón ilustra claramente este problema.
Los isleros han visto mejoras reales en su poder adquisitivo. El aumento del 25,3 % en ingresos reales es significativo. Estas conquistas laborales no deberían perderse por falta de ajustes regulatorios.
La informalidad laboral sigue siendo un desafío nacional en Colombia. El sector de estaciones de servicio logró reducirla notablemente. Este avance podría revertirse si las estaciones no pueden sostener empleos formales.
El gremio enfatiza que no busca confrontación sino soluciones técnicas. La sostenibilidad del sector beneficia a trabajadores, empresarios y consumidores. Por ello, el diálogo debe incluir a todos los actores.
Las autoridades regulatorias aún no han emitido pronunciamiento oficial. El sector espera que la revisión solicitada sea expedita. Cada día que pasa aumenta la presión sobre las finanzas de las estaciones.
La operación 24/7 es una característica distintiva del sector en Colombia. Los ciudadanos dependen de esta disponibilidad permanente de combustible. Cualquier reducción en el horario afectaría la movilidad nacional.
El abastecimiento de combustibles es un asunto de seguridad nacional. Las estaciones de servicio garantizan este suministro en todo el territorio. Su estabilidad financiera trasciende lo meramente comercial.
Los 68.000 empleos generados por el sector representan familias colombianas. Cada puesto de trabajo formal significa estabilidad para un hogar. La protección de estos empleos debe ser prioridad de política pública.
El incremento del 29,3 % en empleos demuestra el dinamismo del sector. Este crecimiento ocurrió en un contexto económico complejo. Sin embargo, la sostenibilidad de este ritmo está ahora cuestionada.
Las estaciones de servicio operan con márgenes ajustados por regulación. Este modelo funciona cuando los costos son predecibles y estables. Los aumentos abruptos desestabilizan todo el sistema de precios.
La competencia en el sector es intensa en las zonas urbanas. No obstante, en áreas rurales muchas estaciones operan sin competencia cercana. Su cierre dejaría a comunidades enteras sin acceso a combustible.
El sector ha cumplido con todas las obligaciones laborales impuestas. Los aumentos salariales y beneficios se han implementado puntualmente. Ahora, el gremio solicita que la regulación reconozca esta realidad.
La discusión técnica debe incluir análisis de costos y márgenes. También debe considerar el impacto social de eventuales cierres. Las decisiones regulatorias tienen consecuencias que van más allá de lo financiero.
El Foro Sectorial SODICOM 2026 sirvió como plataforma de visibilización. Las preocupaciones del sector ahora son públicas y documentadas. La pelota está en el campo de los reguladores y tomadores de decisión.
La brecha de COP 272 por galón podría parecer pequeña. Sin embargo, multiplicada por millones de galones vendidos, es significativa. Esta diferencia determina la viabilidad o quiebra de muchas estaciones.
El sector no pide privilegios sino equidad en la regulación. Los costos reales deben reflejarse en las fórmulas de remuneración. De lo contrario, el sistema colapsa por insostenibilidad matemática.
Los próximos meses serán decisivos para el futuro del sector. Las decisiones que se tomen afectarán a trabajadores y consumidores. La responsabilidad de encontrar soluciones equilibradas recae en todos los actores.
