En el panorama actual de la justicia colombiana, se vislumbra un horizonte de cambios significativos con la propuesta de reforma a la justicia que el Ministerio de Justicia presentará al Congreso durante este 2024. Este proceso de reforma se encuentra en una etapa crucial de recopilación de análisis y propuestas por parte de expertos y entidades clave en el ámbito judicial. Recientemente, la Corte Suprema de Justicia ha tomado un papel protagonista al entregar sus propuestas enfocadas en la justicia penal, laboral, agraria, civil y rural, delineando un camino hacia una justicia más eficiente y accesible para todos los colombianos.
La justicia penal se encuentra en el centro de esta discusión, con la Corte Suprema proponiendo una vuelta al sistema penal acusatorio de 2004, antes de las reformas que complicaron y alargaron los procesos judiciales. La Corte argumenta que estas modificaciones han mermado la capacidad de los funcionarios judiciales para concluir los procesos de manera anticipada, generando dilaciones judiciales extensas. Específicamente, en casos de delitos sexuales, la Corte destaca la importancia de la terminación anticipada para evitar la revictimización, considerando que muchos victimarios son cercanos o miembros de la familia de la víctima.
Además, la Corte Suprema señala la necesidad de facilitar y precisar la aplicación del principio de oportunidad, que permite eximir de investigación a personas que delinquen por primera vez bajo ciertos criterios, evitando así el desgaste del sistema judicial. Sin embargo, observa que, a pesar de la existencia de preacuerdos y allanamientos a cargo, estos mecanismos no han logrado evitar que los casos se prolonguen en instancias superiores, sugiriendo una reforma que defina claramente las penas aplicables y los beneficios penales desde el inicio.
La profesionalización de los fiscales y la instauración de una carrera en la Fiscalía son vistas como soluciones a la falta de preparación y empoderamiento con los casos, aunque la Corte reconoce que esto podría escapar a la esfera de una reforma legislativa. La división de funciones entre los fiscales, que ha llevado a irregularidades en los procesos desde su inicio, es otro punto crítico. La Corte propone que los fiscales manejen los casos desde el principio hasta el final, asegurando una gestión integral y coherente.
En el ámbito de la justicia laboral, la Corte Suprema enfatiza la importancia de incorporar tecnologías en la administración de justicia, como el expediente electrónico, y sugiere la creación de jueces municipales y del circuito en los territorios para fortalecer los procesos. Además, propone reformas a las reglas procesales para agilizar los procesos judiciales y fomentar la conciliación extrajudicial entre las partes. Por último, en lo que respecta a la justicia civil, agraria y rural, la Corte solicita reformas que aborden la congestión judicial, un problema persistente que afecta la eficiencia y accesibilidad de la justicia en Colombia.
Esta propuesta de la Corte Suprema de Justicia representa un paso adelante hacia una reforma integral de la justicia en Colombia, buscando soluciones a problemas estructurales que han afectado la eficacia del sistema judicial. La implementación de estas propuestas podría marcar un antes y un después en la administración de justicia en el país, ofreciendo un sistema más ágil, transparente y justo para todos los colombianos. La discusión en el Congreso promete ser un momento decisivo en este proceso de transformación, con la esperanza de que las voces de los expertos y las necesidades de la ciudadanía sean escuchadas y atendidas en la reforma final.
