Frente del Palacio de Justicia, sede de la Corte Suprema de Justicia, en la Plaza de Bolívar de Bogotá
Foto de archivo: José Luiz / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema rechazó las nulidades de las defensas. Con ello mantiene el juicio contra seis integrantes de la Comisión de Crédito Público de 2023. Los procesados responden por el presunto delito de cohecho impropio, en el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Así lo reveló Semana el 17 de octubre, a partir de un auto de 667 páginas. La audiencia preparatoria será este martes 20 de octubre.

El auto no es una declaración de culpabilidad. Los procesados tienen presunción de inocencia, y las pruebas se debatirán en el juicio.

Los seis son Juan Pablo Gallo Maya, Juan Diego Muñoz Cabrera, Liliana Esther Bitar Castilla, Wadith Alberto Manzur Imbett, Julián Peinado Ramírez y Karen Astrith Manrique Olarte. En 2023 integraban la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, según un comunicado de la Corte de noviembre de 2024. Los medios los describen de forma distinta, como congresistas o como excongresistas, por lo que esta nota no precisa su condición actual.

Según la Corte, los procesados "probablemente aceptaron promesa remuneratoria ofrecida por agentes del Ministerio de Hacienda y Crédito Público". Esa frase aparece en el auto citado por Infobae, Minuto60 y El Colombiano. La hipótesis de la Corte es que, a cambio de conceptos favorables a créditos públicos, les habrían ofrecido proyectos de la UNGRD. Los proyectos mencionados son Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar. Sumarían más de $90.000 millones. Son hechos que se les atribuyen y no están probados.

En 2023, la Comisión emitió 13 de los 18 conceptos del Ministerio sobre operaciones de crédito, según la Corte. Esas decisiones se tomaron entre el 28 de noviembre y el 15 de diciembre de ese año.

Este proceso no trata de los carrotanques para La Guajira. Es uno de los procesos del caso UNGRD y se refiere a los créditos que votó la Comisión.

La decisión que reveló Semana el 17 de octubre se suma a un trámite que viene de antes. El 12 de noviembre de 2024, la Sala de Instrucción abrió la investigación formal. El 30 de abril de 2026 ratificó el llamamiento a juicio, y el 26 de mayo el caso pasó a la Sala de Primera Instancia. Según Asuntos Legales, solo Manzur y Manrique tienen medida de aseguramiento en un centro carcelario. Ese dato es de abril de 2026. La Corte negó la libertad de Manzur el 29 de septiembre, por el riesgo de contacto con testigos, según Openmedios.

Los procesados han planteado su defensa dentro del proceso. Gallo y Muñoz pidieron cerrar el caso. Argumentaron que gestionar obras para las regiones hace parte de la función congresional. La Sala dejó ese debate para el juicio, según Infobae y Minuto60.

Muñoz también pidió excluir los interrogatorios de Olmedo López, Sneyder Pinilla y María Alejandra Benavides, además del material del celular de Benavides. La Corte lo negó en esta fase. Esas pruebas son de cargo y aún deben ser controvertidas en el juicio.

La defensa de Manzur alegó juez natural y un traslado irregular de documentos. Esa nulidad fue negada. El 29 de septiembre invocó además el artículo 392 de la Ley 600 de 2000. Según la defensa, en julio de 2025 la Corte decidió no imponer medida de aseguramiento y no podía cambiarla.

Manrique, Bitar y Muñoz cuestionaron a los conjueces Jesús Alfredo Rey y Javier Fonseca. Estos respaldaron la detención de Manzur y Manrique, según El Colombiano. Manrique también pidió como testigo a Mauricio Gómez Amín, hoy ministro de Comercio, quien integraba la Comisión.

Hasta el cierre de esta nota, no se conocía un pronunciamiento público de los seis procesados posterior al auto.

En la audiencia preparatoria se definirán las pruebas. Entre los testigos decretados están Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, y los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle. También figura Gómez Amín. Que una persona sea testigo no implica que se le impute algún delito. Después vendrá el juzgamiento, que según El Colombiano comenzará en las próximas semanas, sin fecha de sentencia.

Fuentes: Semana, Infobae, El Colombiano, La Silla Vacía, Minuto60, Asuntos Legales, Openmedios, Corte Suprema.

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