La Corte Suprema de Justicia enfrentó el jueves 5 de marzo de 2026 una votación dividida. La Sala de Instrucción no alcanzó consenso sobre los seis congresistas investigados. El escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres marca el proceso.
Los parlamentarios Juan Pablo Gallo, Liliana Bitar, Karen Manrique, Julián Peinado y Wadith Manzur permanecen bajo investigación. Además, el exrepresentante Juan Diego Muñoz enfrenta señalamientos similares. La resolución quedó aplazada por un empate en la votación.
El alto tribunal programó la designación de dos conjueces para el miércoles 11 de marzo. Esta fecha posterga cualquier determinación hasta después de las elecciones del 8 de marzo. Algunos de los investigados aspiran a la reelección en estos comicios.
Otros buscan pasar de una corporación legislativa a otra. El periodo en disputa comprende entre 2026 y 2030. La decisión judicial podría implicar un llamado a juicio contra los congresistas.
También contempla posibles medidas de aseguramiento contra los parlamentarios investigados. El caso involucra recursos públicos por más de 1,2 billones de pesos. Esta cifra representa cálculos aproximados de los montos comprometidos.
Los testimonios de Olmedo López resultan fundamentales en la investigación. López ejerció como exdirector de la Ungrd durante el periodo investigado. Sneyder Pinilla, exsubdirector de la entidad, también aportó declaraciones clave.
Ambos funcionarios rindieron testimonio bajo declaración jurada ante la Fiscalía. Sus relatos se convirtieron en el eje central de la investigación. La Corte Suprema actúa como juez natural por el fuero especial de los congresistas.
El expediente rastrea una presunta red de contratos amañados en la entidad. Asimismo, documenta el desvío de recursos públicos destinados a la gestión del riesgo. Los señalamientos vinculan desde altos congresistas hasta asesores y exfuncionarios.
López afirmó ante la Fiscalía detalles sobre pagos y gestiones políticas irregulares. Según su testimonio, “la instrucción para entregar 1.000 millones de pesos a Andrés Calle vino directamente de Carlos Ramón González”. González fungía entonces como director del Dapre durante los hechos investigados.
El exdirector señaló que la orden surgió durante una reunión en el Palacio de Nariño. Esta reunión habría vinculado a miembros de las comisiones económicas del Congreso. El dinero habría sido dirigido al expresidente de la Cámara Andrés Calle Aguas.
El propósito declarado era “financiar campañas políticas en Córdoba”, según el testimonio de López. Adicionalmente, el exdirector relató la supuesta entrega de 3.000 millones de pesos. Esta suma habría llegado al senador Iván Name a través de canales irregulares.
La exconsejera Sandra Ortiz habría servido como intermediaria para canalizar estos recursos. El expediente da cuenta de montos específicos destinados a diversos municipios del país. También detalla los beneficiarios de la red de contratos al interior de la Ungrd.
Las declaraciones consignadas por la Fiscalía revelan cómo operaba el sistema irregular. En reuniones destinadas a la asignación de contratos participaron congresistas y funcionarios. Los municipios mencionados incluyen Cotorra, Saravena y Carmen de Bolívar.
Los participantes actuaban como enlaces entre el Gobierno y el Congreso. Coordinaban la ejecución de proyectos y la entrega de recursos públicos. Las cifras ascendieron a montos cercanos a los 92.000 millones de pesos.
Karen Manrique aparece señalada en ese entramado operativo según los documentos. Wadith Manzur también figura entre los mencionados en las investigaciones. María Alejandra Benavides, exasesora del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, está igualmente vinculada.
La incorporación de evidencia material ha fortalecido significativamente la investigación judicial. Entre los hallazgos destaca una libreta de apuntes incautada en la residencia de López. Este objeto contiene nombres de legisladores y referencias directas a regiones específicas.
También incluye menciones a adjudicaciones de contratos en diversos territorios del país. La libreta menciona a Liana Ester Bitar entre los congresistas señalados. Julián Peinado, Juan Diego Muñoz y Juan Pablo Gallo aparecen igualmente referenciados.
Martha Peralta está asociada a la gestión de proyectos para La Guajira. Además, se le vincula con nombramientos irregulares en la Ungrd. Las pruebas digitales incluyen chats de WhatsApp entre los funcionarios involucrados.
También se hallaron matrices de colaboración que comprometen a otros funcionarios públicos. Según los testimonios examinados por la Fiscalía, existía un propósito político claro. “La intermediación de contratos buscaba asegurar apoyos legislativos a las reformas presentadas por el Gobierno”.
Entre los congresistas mencionados en estos nuevos elementos probatorios aparece Berenice Bedoya. Germán Rogelio Rozo también figura en los archivos digitales examinados. La colaboración de Sneyder Pinilla con la Fiscalía dejó al descubierto irregularidades significativas.
Su testimonio reveló casos de desvío de recursos públicos al interior de la Ungrd. Los detalles aportados complementan las declaraciones previas de Olmedo López. Ambos testimonios conforman el núcleo de la acusación contra los congresistas.
La Corte Suprema de Justicia deberá decidir si llama a juicio a los implicados. Esta determinación llegará luego de la votación empatada en su Sala de Instrucción. El tribunal incorporará la evidencia documental presentada por la Fiscalía.
También considerará los testimonios jurados de los exdirectivos de la entidad. Los registros electrónicos forman parte de las nuevas pruebas en el caso. La decisión final dependerá del concepto de los dos conjueces designados.
El caso representa uno de los escándalos de corrupción más grandes en Colombia. La magnitud de los recursos involucrados supera ampliamente otros casos recientes. Las elecciones del 8 de marzo transcurrirán sin una resolución judicial definitiva.
Algunos de los congresistas investigados participarán en estos comicios electorales. La situación genera incertidumbre sobre el futuro político de los implicados. Las autoridades judiciales mantienen la reserva sobre los detalles del proceso.
Sin embargo, las filtraciones de documentos han revelado la complejidad del entramado. La red de corrupción habría operado durante varios años en la entidad. Los contratos amañados abarcaron múltiples regiones del territorio nacional.
La coordinación entre funcionarios del Gobierno y congresistas resulta evidente en las pruebas. Los testimonios coinciden en señalar reuniones específicas en el Palacio de Nariño. Las entregas de dinero habrían seguido un patrón sistemático y organizado.
La libreta incautada a López constituye una prueba física fundamental. Sus anotaciones manuscritas detallan nombres, fechas y montos específicos. Los investigadores confrontaron estos registros con transacciones bancarias y contratos oficiales.
Las coincidencias fortalecen la hipótesis de una red organizada de corrupción. Los chats de WhatsApp revelan conversaciones comprometedoras entre los involucrados. Las matrices de colaboración muestran la distribución territorial de los contratos irregulares.
Cada región tenía asignados congresistas específicos como gestores de los proyectos. Los montos variaban según la importancia política de cada territorio. Las campañas electorales habrían sido financiadas con estos recursos desviados.
La Fiscalía continúa recopilando evidencia adicional para fortalecer el caso. Nuevos testimonios podrían surgir en las próximas semanas del proceso. La presión pública sobre la Corte Suprema aumenta conforme avanzan las revelaciones.
Los ciudadanos demandan celeridad y transparencia en las investigaciones judiciales. Las organizaciones de la sociedad civil monitorean de cerca el desarrollo del caso. Los medios de comunicación mantienen cobertura permanente sobre cada avance del proceso.
El escándalo ha generado debates sobre la reforma a la justicia en Colombia. También ha reavivado discusiones sobre el fuero de los congresistas investigados. Algunos sectores políticos proponen eliminar o limitar este privilegio constitucional.
Otros defienden la necesidad de mantener la independencia del poder legislativo. La polarización política se refleja en las interpretaciones del caso. Los partidarios del Gobierno señalan persecución política contra los investigados.
Los opositores denuncian intentos de obstruir la justicia y proteger a los implicados. La designación de conjueces el 11 de marzo será crucial para el proceso. Estos magistrados temporales definirán el futuro judicial de los seis congresistas.
Su decisión podría cambiar radicalmente el panorama político colombiano antes de las elecciones. La imparcialidad en la selección de los conjueces genera preocupación en diversos sectores. Los mecanismos de designación serán escrutados con atención por observadores judiciales.
El caso de la Ungrd representa un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción. Las instituciones judiciales enfrentan una prueba de credibilidad ante la ciudadanía. La resolución del caso marcará precedentes para futuras investigaciones similares.
Los recursos públicos desviados estaban destinados originalmente a la atención de desastres naturales. Las comunidades afectadas por emergencias fueron las principales perjudicadas por esta corrupción. Los proyectos de infraestructura y ayuda humanitaria quedaron sin financiación adecuada.
La magnitud del daño social supera ampliamente las cifras económicas involucradas. Las víctimas de desastres naturales esperaban asistencia que nunca llegó completamente. Los fondos destinados a su protección fueron desviados hacia fines políticos.
Esta situación evidencia las consecuencias humanas de la corrupción administrativa. Las investigaciones continúan expandiéndose hacia otros posibles involucrados en el esquema. Nuevos nombres podrían surgir conforme avancen las indagaciones de la Fiscalía.
La colaboración de López y Pinilla podría revelar más detalles comprometedores. Ambos exfuncionarios habrían negociado beneficios judiciales a cambio de su testimonio. Sus declaraciones están protegidas bajo acuerdos de cooperación con la justicia.
La credibilidad de estos testimonios será evaluada por los conjueces designados. Las pruebas documentales y digitales respaldan muchas de sus afirmaciones. Sin embargo, las defensas de los congresistas cuestionan la veracidad de los señalamientos.
Los abogados argumentan motivaciones personales en las declaraciones de los exdirectivos. También señalan posibles irregularidades en la recolección de algunas pruebas. El debate jurídico se intensificará cuando se reanuden las audiencias.
La opinión pública sigue con atención cada desarrollo del caso mediático. Las redes sociales amplifican tanto las acusaciones como las defensas presentadas. La presión social por resultados concretos aumenta sobre el sistema judicial.
El calendario electoral añade urgencia política a las decisiones judiciales pendientes. Los partidos políticos ajustan sus estrategias según evoluciona el escándalo. Algunos congresistas investigados enfrentan el rechazo de sus propias colectividades.
Otros mantienen el respaldo de sus organizaciones políticas a pesar de los señalamientos. La fragmentación del panorama político se acentúa por estas divisiones internas. Las elecciones del 8 de marzo reflejarán el impacto electoral del escándalo.
Los votantes decidirán si castigan o respaldan a los congresistas bajo investigación. Esta situación convierte los comicios en un referéndum sobre la corrupción política. El resultado electoral enviará señales importantes sobre la tolerancia ciudadana a estos casos.
