El acontecer político en Colombia copa toda la atención de la opinión pública. Además, inquieta en su diario vivir a la ciudadanía con la proximidad de las elecciones de 2026. Los partidos políticos, las consultas, la conformación de listas y las alianzas se convirtieron en asociaciones inicuas para conseguir votos. Desde luego, hay excepciones que merecen ser reconocidas.
Todo este proceso debería causar alegría si lo pretendido es renovar el compromiso con los valores democráticos. Sin embargo, esta época electoral genera inseguridad, miedo y la alteración del orden público se recrudece. Muchos candidatos para figurar utilizan un fárrago. Entre más pendencieros mejor, todo un contrasentido. La violencia verbal es el detonante para la agresión física.
En 2025, uno de los sucesos más escandalosos y repugnantes fue el protagonizado por el representante a la Cámara, Miguel Polo Polo. La Corte Constitucional mediante sentencia T-375 de 2025 le ordenó reparar a las víctimas de los falsos positivos. Esto ocurrió luego de que el mencionado congresista violentara una manifestación artística llamada “Mujeres con las botas bien puestas”. Dicha manifestación fue realizada por el Colectivo de Madres de Falsos Positivos (MAFAPO).
La Corte consideró que la expresión artística de las MAFAPO está protegida constitucionalmente. Por el contrario, las acciones del congresista no están amparadas por la libertad de expresión. La sentencia de tutela no se ha cumplido. Ahora, se espera que la Corte aplique las sanciones respectivas.
Lo anterior es un ejemplo que obliga a realizar un proceso de reflexión sobre la importancia de votar a conciencia. Nadie que promueva el odio, la discriminación y el sectarismo puede ser elegido o reelegido. Esto aplica sea cual fuere su partido o movimiento político. Asimismo, aquellos que tienen como propuesta la eliminación del otro para recomponer la sociedad tampoco merecen respaldo.
Los electores tendrán que decidir entre aspirantes y jefes políticos disímiles. Muchos de ellos permanecen inmersos en escándalos, en problemas judiciales, disciplinarios e incluso familiares. Es preciso revisar con cuidado los antecedentes personales. También, la gestión y los logros obtenidos como servidores públicos. Que la memoria no falle.
Abrir la puerta a nuevos liderazgos y representantes oxigena la política. No obstante, no se debe dejar de lado la revisión de quien los respalda. Al finalizar el presente año está pendiente el cumplimiento de la sentencia de tutela mencionada a favor del Colectivo de Madres de Falsos Positivos.
Además, 23 asociaciones, colectivos y organizaciones le exigen al presidente Petro firmar el decreto que reglamenta la Ley 2364 de 2024. Esta norma reconoce y protege de forma integral la labor y los derechos de las mujeres buscadoras de víctimas de desaparición forzada. Este decreto es necesario, entre otros aspectos, para que las instituciones puedan cumplir con las obligaciones derivadas del Registro Único de Mujeres Buscadoras.
Igualmente, el decreto permitiría materializar la especial protección constitucional que las ampara y los deberes del Estado. La ley fue promulgada hace 18 meses. Para las próximas elecciones hay que elegir a quien haya asumido un compromiso serio de salvaguarda de los derechos humanos.
Lideresas, candidatas y candidatos que con acciones afirmativas, solidaridad, ejecutorias reales y compromiso defienden esta causa merecen apoyo. También aquellos que en sus propuestas la consideran prioritaria. En nuestro país hay millones de víctimas que requieren ser escuchadas, atendidas y reparadas. No deben ser instrumentalizadas ni utilizadas con fines electorales.
Lamentablemente, el ejercicio del voto libre en numerosas zonas del país está prohibido. La dominación territorial de los grupos al margen de la ley y las permanentes infracciones al Derecho Internacional Humanitario así lo determinan. Se identifica con los principios democráticos el candidato o candidata que proponga el diálogo para superar los conflictos y la violencia.
Sin embargo, la comisión o participación en crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra no tiene alternativa diferente de responder ante la justicia. Tampoco se puede seguir cometiéndolos mientras hay acercamientos o negociaciones. Por otro lado, los procesos judiciales en ocasiones no logran satisfacer las demandas de justicia con respecto a personas relacionadas con la comisión de graves delitos.
Pues bien, ahí está a la mano la sanción moral por parte de los ciudadanos y el castigo político en las urnas. No cabe duda de que ayer y hoy en Colombia las mujeres asumieron con valentía la lucha contra la impunidad. También han liderado la búsqueda de la reconciliación.
Madres, hijas, hermanas, esposas, compañeras, familiares, lideresas, defensoras de los derechos humanos son constructoras de paz. Representan un ejemplo vivo de perseverancia, valor y dignidad. Este año quedó demostrado: “las cuchas tienen razón”.
El contexto electoral colombiano exige una ciudadanía informada y consciente. Especialmente cuando se trata de proteger los derechos de las víctimas y las mujeres buscadoras. La responsabilidad de elegir representantes comprometidos con la paz y los derechos humanos recae directamente en los votantes. Cada papeleta depositada en las urnas tiene el poder de transformar o perpetuar las dinámicas de violencia.
Las mujeres que buscan a sus seres queridos desaparecidos enfrentan obstáculos institucionales diariamente. Muchas veces, el Estado no responde con la celeridad ni la sensibilidad que sus casos ameritan. Por eso, la implementación efectiva de la Ley 2364 de 2024 resulta crucial para garantizar sus derechos. Estas mujeres no solo buscan cuerpos, sino también verdad, justicia y reparación.
La situación de violencia política en Colombia se agrava con la proximidad de cada ciclo electoral. Los grupos armados ilegales ejercen control territorial en diversas regiones. Consecuentemente, imponen candidatos, amenazan a líderes sociales y restringen la libertad de elección. Este panorama vulnera los principios más básicos de la democracia.
La violencia verbal en la política colombiana ha escalado peligrosamente en los últimos años. Congresistas y figuras públicas utilizan discursos de odio para ganar notoriedad. Esta estrategia, lejos de fortalecer el debate democrático, lo envenena. Además, normaliza la agresión y el irrespeto como herramientas políticas válidas.
El caso del representante Miguel Polo Polo ilustra claramente esta problemática. Su ataque contra las madres de víctimas de falsos positivos no fue un hecho aislado. Por el contrario, refleja una tendencia preocupante de descalificación y violencia contra quienes buscan verdad y justicia. La decisión de la Corte Constitucional establece un precedente importante.
No obstante, el incumplimiento de la sentencia evidencia las debilidades del sistema judicial colombiano. Las órdenes judiciales carecen de valor si no se ejecutan efectivamente. Mientras tanto, las víctimas continúan esperando la reparación que les corresponde por derecho.
Las mujeres constructoras de paz en Colombia han demostrado una resiliencia extraordinaria. A pesar de las amenazas, la estigmatización y el abandono estatal, continúan su labor. Muchas de ellas han dedicado décadas a buscar a sus familiares desaparecidos. Su trabajo no solo beneficia a sus propias familias, sino a toda la sociedad.
El Colectivo de Madres de Falsos Positivos representa apenas una fracción de estas mujeres valientes. Existen cientos de organizaciones similares en todo el territorio nacional. Cada una enfrenta realidades particulares según su región. Sin embargo, todas comparten el mismo objetivo: encontrar la verdad y alcanzar la justicia.
La expresión artística se ha convertido en una herramienta poderosa para estas mujeres. A través del arte, visibilizan sus luchas y mantienen viva la memoria de sus seres queridos. La intervención “Mujeres con las botas bien puestas” simboliza la fortaleza y determinación de las madres de víctimas. Las botas militares, convertidas en macetas, representan la transformación del dolor en esperanza.
El reconocimiento constitucional de estas expresiones artísticas es fundamental. Protege el derecho de las víctimas a narrar sus experiencias sin censura ni intimidación. Además, establece límites claros a quienes pretenden silenciarlas mediante la violencia o el hostigamiento.
La construcción de paz en Colombia no puede avanzar sin la participación activa de las mujeres. Ellas han estado al frente de los procesos de reconciliación en sus comunidades. Han mediado conflictos, protegido a jóvenes de ser reclutados y preservado el tejido social. Su rol trasciende la búsqueda de desaparecidos.
Las elecciones de 2026 representan una oportunidad para reconocer y fortalecer este trabajo. Los votantes deben identificar candidatos que realmente apoyen a las mujeres constructoras de paz. No basta con menciones superficiales en discursos de campaña. Se requieren propuestas concretas, presupuestos asignados y compromisos verificables.
La instrumentalización de las víctimas con fines electorales es una práctica recurrente en Colombia. Políticos de diversos sectores utilizan el dolor ajeno para ganar simpatías. Prometen justicia y reparación durante las campañas. Luego, una vez elegidos, olvidan sus compromisos.
Esta dinámica genera desconfianza en las instituciones democráticas. Las víctimas se sienten traicionadas repetidamente por el sistema político. Por eso, resulta imperativo que los electores examinen los antecedentes de los candidatos. Las acciones pasadas predicen mejor el comportamiento futuro que las promesas de campaña.
El Registro Único de Mujeres Buscadoras constituye un avance significativo en el reconocimiento de su labor. Este registro permitiría caracterizar a estas mujeres, entender sus necesidades y diseñar políticas públicas específicas. Sin embargo, sin el decreto reglamentario, el registro permanece como letra muerta.
La demora en la firma del decreto refleja la falta de prioridad que el gobierno otorga a este tema. Han transcurrido 18 meses desde la promulgación de la ley. Mientras tanto, las mujeres buscadoras continúan su labor sin el apoyo institucional que merecen. Muchas de ellas enfrentan riesgos de seguridad constantes.
La protección de lideresas sociales debe ser una prioridad estatal ineludible. Colombia ostenta uno de los índices más altos de asesinatos de defensores de derechos humanos en el mundo. Las mujeres lideresas enfrentan riesgos particulares, incluyendo violencia sexual y amenazas contra sus familias.
Los candidatos que aspiran a cargos de elección popular deben presentar planes específicos para proteger a estas mujeres. No se trata únicamente de esquemas de seguridad. También se requieren medidas para combatir la estigmatización y garantizar su participación política sin temor.
El diálogo como herramienta para superar conflictos ha demostrado su efectividad en diversos contextos colombianos. Las negociaciones de paz han permitido la desmovilización de miles de combatientes. Sin embargo, el diálogo no puede significar impunidad para quienes han cometido crímenes atroces.
La justicia transicional busca equilibrar la paz con la justicia. Ofrece alternativas a las penas ordinarias a cambio de verdad, reparación y no repetición. Este modelo ha sido adoptado en Colombia con resultados mixtos. Su éxito depende de la voluntad política y del compromiso genuino de todos los actores.
La sanción moral y el castigo político en las urnas son mecanismos democráticos legítimos. Cuando la justicia ordinaria no alcanza, la ciudadanía puede ejercer su poder soberano. Esto implica no elegir a personas vinculadas con graves violaciones de derechos humanos. También significa no reelegir a quienes han incumplido sus promesas.
La memoria histórica juega un papel crucial en este proceso. Los votantes deben recordar las acciones y omisiones de los políticos. Las redes sociales y los medios de comunicación facilitan el acceso a esta información. No obstante, también circula desinformación que puede confundir a los electores.
La verificación de datos se vuelve esencial en este contexto. Antes de votar, los ciudadanos deben contrastar la información que reciben. Consultar fuentes diversas y confiables ayuda a formar opiniones informadas. Las organizaciones de la sociedad civil frecuentemente publican análisis sobre trayectorias de candidatos.
Los nuevos liderazgos pueden aportar perspectivas frescas a la política colombiana. Sin embargo, la inexperiencia también puede ser un riesgo. Por eso, resulta importante evaluar no solo la novedad, sino también la preparación y los valores de los nuevos candidatos. Igualmente, conocer quiénes los respaldan financiera y políticamente.
Las alianzas políticas en Colombia frecuentemente responden a cálculos electorales más que a afinidades ideológicas. Partidos con posiciones opuestas se unen para maximizar votos. Estas alianzas pragmáticas dificultan que los electores identifiquen propuestas coherentes. Además, favorecen la perpetuación de prácticas clientelistas.
La renovación política no se logra únicamente cambiando nombres en las listas. Requiere transformar las prácticas, los discursos y las prioridades. Implica romper con el clientelismo, la corrupción y el uso de la violencia. Los electores tienen el poder de impulsar esta renovación con sus votos.
Las mujeres buscadoras de desaparecidos han desarrollado metodologías propias para su labor. Aprenden técnicas de excavación, análisis forense y documentación de evidencias. Muchas se han convertido en expertas sin reconocimiento académico formal. Su conocimiento empírico resulta invaluable para encontrar a las víctimas.
El Estado debería aprovechar y potenciar este conocimiento. En lugar de ignorarlas o relegarlas, las instituciones deberían trabajar colaborativamente con estas mujeres. Ellas conocen el territorio, tienen la confianza de las comunidades y poseen información crucial. Su participación activa en las investigaciones aumentaría significativamente las posibilidades de éxito.
La dignidad de las víctimas debe ser el centro de cualquier política pública relacionada con el conflicto armado. No se trata de estadísticas ni de cifras. Cada desaparecido tiene nombre, historia y familia. Las mujeres buscadoras lo recuerdan constantemente con su trabajo incansable.
El año 2025 demostró que “las cuchas tienen razón”. Esta frase resume el reconocimiento social a la labor de las mujeres mayores que lideran la búsqueda. Su sabiduría
