Dos coroneles retirados del ejército venezolano han lanzado un llamado público a Nicolás Maduro. Ambos oficiales, además doctores en Derecho, coinciden en una petición contundente. El mandatario debe reconocer su derrota electoral del 28 de julio de 2024. Asimismo, debe presentar su renuncia para evitar una crisis mayor en el país.
Ángel Alberto Bellorín e Hidalgo Valero Briceño han expresado sus posiciones por separado. Sin embargo, ambos comparten una visión similar sobre la situación venezolana. Los dos expertos sostienen que la dimisión representa “la solución menos costosa para el país”. De esta manera, se evitaría una tragedia nacional de proporciones impredecibles.
El coronel Bellorín posee distinciones académicas en el campo del derecho. Ha manifestado públicamente su rechazo a cualquier conflicto armado en territorio venezolano. “Yo tampoco quiero guerra, y estoy seguro de que ningún venezolano de bien desea una invasión militar ni sufrir las penurias de una guerra”, afirma el oficial retirado. Su postura refleja la preocupación de muchos ciudadanos ante la escalada de tensiones.
Bellorín responsabiliza directamente a Maduro de tener la solución en sus manos. El mandatario debe reconocer la derrota electoral sufrida hace meses. Posteriormente, debe rendir cuentas ante la justicia internacional por sus actos. Esta vía, según el coronel, evitaría mayores sufrimientos al pueblo venezolano.
El abogado militar ha dirigido un mensaje directo al presidente chavista. “Es cuestión de atreverse a reconocer la derrota electoral del 28 de julio de 2024, hecho probado como cierto y que usted y sus colaboradores se niegan a recordar o mencionar”, señala Bellorín. El oficial considera que este reconocimiento es el primer paso necesario.
Además, el coronel insta a Maduro a presentar disculpas públicas. Estas disculpas deben dirigirse tanto a Venezuela como a la comunidad internacional. Los fraudes y abusos cometidos durante años requieren un reconocimiento oficial. De igual forma, debe cesar el engaño a sus seguidores más vulnerables.
Los sectores más afectados por un posible conflicto armado serían los más débiles. Ancianos y niños se convertirían en las principales víctimas de cualquier enfrentamiento. Por tanto, Maduro debe dejar de perjudicar a estos grupos especialmente vulnerables. La responsabilidad del gobernante es proteger, no exponer a su población.
Bellorín señala que los desaciertos gubernamentales han generado graves daños internos. El país enfrenta una crisis humanitaria sin precedentes en su historia reciente. Asimismo, las relaciones internacionales de Venezuela se han deteriorado significativamente. Las reacciones ante la actuación del Estado venezolano se han multiplicado.
El abogado considera que el Estado se ha confundido con el gobierno. A su vez, ambos se han fusionado con el partido político dominante. Esta confusión ha llevado a decisiones que afectan la institucionalidad del país. Personajes internacionales han respondido al irrespeto de principios básicos de convivencia entre naciones.
La presión internacional sobre Venezuela se ha incrementado considerablemente en los últimos meses. “La guerra avisada no mata al soldado”, recuerda Bellorín con preocupación. Sin embargo, lamenta que las señales de advertencia hayan sido ignoradas sistemáticamente. Incluso, algunas han sido objeto de burla por parte del régimen.
El coronel retirado advierte sobre las consecuencias de despreciar las reglas de Estado. “Sabemos que ‘la guerra avisada no mata al soldado’, y no creo necesario enumerar la larga lista de señales ignoradas y, peor aún, todas las que peligrosamente fueron objeto de burlas y retos absurdos, despreciando las reglas de Estado”, afirma. Esta actitud desafiante podría tener consecuencias graves para la nación.
Bellorín sugiere que Maduro debería rendirse ante quienes exigen cuentas judiciales. Los tribunales internacionales respetarían los principios de presunción de inocencia y derecho a la defensa. Esta garantía contrasta con el sistema judicial venezolano actual. En Venezuela, según el coronel, “todo venezolano se presume culpable de cualquier delito que se le ocurra al opresor”.
El oficial retirado llega incluso a ofrecer sus servicios profesionales. “Hasta soy capaz de juramentarme como su abogado para hacer la mejor defensa posible. Quiere a Venezuela y échale bolas”, concluye Bellorín. Esta declaración muestra su compromiso con una solución pacífica al conflicto.
El coronel aclara que no mantiene vínculos con ciudadanos estadounidenses. Tampoco tiene relaciones con partidos políticos que pudieran comprometer su posición. “Antes que se me acuse de traidor a la patria, y en previa defensa pública, debo afirmar que no conozco ni tengo relación con ningún norteamericano, nunca en mi vida he pisado ese país y los pocos dólares que alguna vez adquirí legalmente, en algún banco, cuando en Venezuela se compraban como pan, los gasté hace muchísimos años”, explica.
Bellorín enfatiza que no rinde culto apologético a ninguna persona. La única excepción fue su fallecida madre, a quien honra con respeto. No tiene amistad con ningún político famoso que recuerde en su trayectoria. Lo que sí conoce a la perfección es la Constitución de la República. También conoce todas las violaciones que ha sufrido desde su aprobación en 1999.
Estas violaciones constitucionales se han intensificado desde enero de 2013. Ese año marca un punto de inflexión en la crisis institucional venezolana. Desde entonces, el deterioro del Estado de derecho ha sido progresivo. Las instituciones democráticas han sido sistemáticamente debilitadas por el gobierno.
Por su parte, Hidalgo Valero Briceño también es coronel retirado. Sirvió en la Guardia Nacional y posee un doctorado en Derecho. Actualmente preside el Movimiento Defensores Populares (DPR), una organización ciudadana. Su posición sobre la crisis venezolana es igualmente contundente y directa.
Valero Briceño asevera que “el 90% de los militares retirados y activos no apoyan a Nicolás Maduro”. Esta cifra, de ser cierta, revela una fractura significativa en las Fuerzas Armadas. Por tanto, le solicita al mandatario que “renuncie ya y evite una tragedia mayor para los venezolanos”. El respaldo militar al gobierno sería mucho menor de lo que se presenta públicamente.
El coronel envía un mensaje directo y sin ambigüedades al presidente. “Maduro, no sea tozudo, usted y todos sus secuaces saben que no tiene capacidad intelectual, ni moral para conducir el país. Ya ha hecho mucho daño a los venezolanos y le está llegando el final”, afirma Valero Briceño. Sus palabras reflejan la frustración de muchos venezolanos ante la situación actual.
El profesional del Derecho destaca un problema económico fundamental. Desde la llegada de Maduro a la presidencia en 2013, el salario mínimo ha permanecido congelado. Esta política ha impedido el desarrollo y el progreso del país. Asimismo, ha destruido el bienestar social de la población venezolana.
Los trabajadores venezolanos han sido privados de una remuneración justa durante años. “La justa remuneración es la vía más expedita para lograr el bienestar social de los venezolanos”, sostiene Valero Briceño. Sin un salario digno, las familias no pueden satisfacer sus necesidades básicas. Esta situación constituye una violación de los artículos 90 y 91 de la Constitución.
La Carta Magna venezolana obliga a los gobernantes a garantizar un “salario mínimo vital”. Este salario debe permitir a los ciudadanos vivir con dignidad. También debe cubrir las necesidades básicas de sus familias sin dificultades. Sin embargo, la realidad dista mucho de este mandato constitucional.
Valero Briceño ofrece datos concretos sobre el deterioro salarial de los militares retirados. “En noviembre del año pasado 2024, los aguinaldos de un oficial retirado, llegaban a menos de USD160 los cuatro meses, un aproximado de USD40 por mes de aguinaldos. Este año, se redujeron a USD7,62 por mes de aguinaldos, como consecuencia de la inflación inducida por el régimen”, denuncia. Esta reducción dramática evidencia la crisis económica que atraviesa el país.
El salario debería ajustarse anualmente según el costo de la canasta básica. No obstante, la inflación ha superado cualquier ajuste salarial realizado por el gobierno. Solo la cesta alimentaria supera los 600 dólares mensuales en la actualidad. Esta cifra no incluye otros gastos esenciales como vestimenta, educación o salud.
Según Valero Briceño, el ministro de Defensa Vladimir Padrino López es cómplice de esta situación. Su complicidad ha contribuido al deterioro de los sistemas de salud militar. También ha afectado negativamente el bienestar social de los militares y sus familias. “Maduro parece ignorar el texto constitucional y considera que un jubilado puede sobrevivir con menos de dos dólares al mes”, denuncia el coronel.
El oficial retirado critica el uso inadecuado de los recursos estatales. El Estado destina fondos a la compra de uniformes, botas y armas. Mientras tanto, las necesidades básicas de la población quedan desatendidas por completo. Esta priorización de gastos militares sobre el bienestar ciudadano es insostenible.
Valero Briceño señala ejemplos concretos de gastos superfluos del gobierno. “El Estado destina fondos a gastos superfluos, como la iluminación de las principales vías de comunicación por el supuesto adelanto de la Navidad, mientras la mayoría de los venezolanos enfrenta una realidad de hambre y precariedad”, indica. Esta contradicción muestra las prioridades equivocadas del régimen actual.
El coronel advierte que la voluntad popular se mantiene firme. El rechazo al régimen continúa siendo mayoritario entre los venezolanos. Asimismo, el respaldo a figuras de la oposición permanece sólido. Edmundo González y María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, cuentan con amplio apoyo ciudadano.
Ambos coroneles coinciden en que ignorar la voluntad popular conlleva graves riesgos. El peligro de una intervención militar extranjera es cada vez más real. La comunidad internacional observa con preocupación la evolución de los acontecimientos. Por tanto, subrayan la urgencia de una transición pacífica en Venezuela.
El respeto a los derechos constitucionales debe ser restaurado con prontitud. Las instituciones democráticas necesitan ser reconstruidas desde sus cimientos. La justicia debe funcionar de manera independiente y equitativa para todos. Estos elementos son fundamentales para superar la crisis que atraviesa el país.
Los cuerpos represivos del régimen han detenido a numerosos dirigentes políticos. También han arrestado a líderes sociales y sindicales en todo el territorio. Estas detenciones arbitrarias violan los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos. La represión se ha intensificado contra cualquier voz disidente del gobierno.
Las familias de presos políticos denuncian amenazas de muerte constantes. Los tratos crueles en las cárceles son una realidad documentada por organizaciones. Existe la posibilidad de desaparición forzada en centros como El Rodeo I. El Observatorio Venezolano de Prisiones ha documentado estas graves violaciones.
Los detenidos estarían siendo sometidos a tratos inhumanos y degradantes. Estos castigos trascienden el castigo físico contemplado en las leyes. Las autoridades de la cárcel El Rodeo I niegan información a familiares. El hermetismo oficial genera alarma por el deterioro físico de los internos.
La incomunicación de los presos políticos es otra forma de tortura psicológica. Las familias no pueden verificar el estado de salud de sus seres queridos. Esta situación genera angustia e incertidumbre entre miles de venezolanos. El régimen utiliza estas tácticas para silenciar la disidencia política.
El régimen chavista también ha lanzado amenazas contra países vecinos. Trinidad y Tobago ha sido advertido sobre las consecuencias de cooperar con opositores. El ministro de Interior Diosdado Cabello habló sobre esta posibilidad recientemente. “Si presta su territorio para atacar a Venezuela, tenemos que responder”, declaró el funcionario.
Esta retórica agresiva aumenta las tensiones regionales en el Caribe. Los países vecinos observan con preocupación el discurso beligerante del gobierno venezolano. La estabilidad regional podría verse comprometida por estas declaraciones irresponsables. La comunidad internacional ha llamado a la moderación y al diálogo.
Los buques petroleros evitan cada vez más los puertos venezolanos. Las acciones de Estados Unidos contra el comercio ilegal de crudo han tenido efecto. El endurecimiento del control marítimo dejó cargamentos varados en alta mar. Las salidas hacia Asia están prácticamente paralizadas en la actualidad.
Esta situación expone las limitaciones operativas de PDVSA, la petrolera estatal. La empresa enfrenta dificultades para comercializar el crudo venezolano en mercados internacionales. Las sanciones han reducido significativamente los ingresos del país por exportaciones petroleras. Esta reducción agrava aún más la crisis económica que sufre Venezuela.
Donald Trump anunció recientemente que Estados Unidos se quedará con el petróleo incautado. El mandatario estadounidense advirtió directamente a Nicolás Maduro sobre las consecuencias. “Si se hace el duro será la última vez que lo haga”, declaró Trump. El gobierno republicano retendrá tanto los barcos interceptados como el crudo transportado.
Esta medida representa un golpe significativo a las finanzas del régimen venezolano. Los ingresos petroleros son fundamentales para el sostenimiento del gobierno actual. Sin estos recursos, la capacidad de maniobra del régimen se ve severamente limitada. La presión económica se suma a la presión política internacional.
La situación en Venezuela se encuentra en un punto crítico de su historia. Las voces de militares retirados como Bellorín y Valero Briceño cobran especial relevancia. Sus llamados a una solución pacífica reflejan la preocupación de sectores importantes. El reconocimiento de la derrota electoral podría abrir una vía de salida.
La renuncia de Maduro evitaría mayores sufrimientos al pueblo venezolano. Esta solución permitiría iniciar una transición ordenada hacia la democracia. Las instituciones podrían comenzar a reconstruirse sobre bases más sólidas. El país podría empezar a recuperarse de años de crisis y deterioro.
Sin embargo, el gobierno mantiene su posición de desconocer los resultados electorales. La negativa a aceptar la voluntad popular prolonga la incertidumbre nacional. Cada día que pasa, la situación se torna más compleja y peligrosa. Las oportunidades para una solución pacífica po
