En marzo de 2017, Mocoa, un municipio ubicado en el departamento de Putumayo, Colombia, fue devastado por una avalancha que dejó un saldo trágico y un déficit habitacional significativo entre los damnificados. En respuesta a esta catástrofe, se declaró una emergencia y se planificó un ambicioso proyecto de construcción de 909 viviendas, destinadas a brindar un techo a quienes lo habían perdido todo. Sin embargo, este noble objetivo se ha visto empañado por una serie de presuntas irregularidades que han llevado a la Contraloría a abrir un proceso de responsabilidad fiscal por un valor de $24.315 millones.
La investigación se centra en dos contratos específicos, a través de los cuales se han desembolsado $18.566 millones. A pesar de esta considerable inversión, las viviendas prometidas no se han materializado, lo que ha generado un detrimento patrimonial de $5.748 millones. Este detrimento no solo refleja los recursos financieros perdidos, sino también el costo humano de familias que continúan esperando una solución habitacional.
Entre los presuntos responsables de estas irregularidades se encuentran figuras de alto perfil, incluidos exdirectores de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el actual ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Estos individuos, junto con el Consorcio Mocoa 2019, enfrentan ahora el escrutinio de la Contraloría, que busca esclarecer su participación en el manejo de los fondos destinados a la reconstrucción de Mocoa.
La situación se complica aún más al considerar el impacto social de estas presuntas irregularidades. La demora en la entrega de las viviendas ha obligado al Estado a extender los subsidios para los damnificados, lo que implica un gasto adicional y continuado que podría haberse evitado con una gestión eficaz del proyecto. Además, la falta de un hogar estable agrava la vulnerabilidad de las familias afectadas, retrasando su recuperación emocional y económica.
Para abordar esta problemática, la Contraloría ha llevado a cabo dos audiencias públicas en Mocoa, buscando no solo llamar la atención sobre las irregularidades, sino también promover una mayor transparencia y participación ciudadana en el proceso de reconstrucción. Estas audiencias son un paso crucial para entender las dimensiones del problema y trabajar hacia soluciones que prioricen el bienestar de los damnificados.
Este caso subraya la importancia de una gestión transparente y eficiente en proyectos de reconstrucción post-desastre. La tragedia de Mocoa requiere una respuesta coordinada que asegure la rápida entrega de viviendas a quienes más lo necesitan, evitando así el desperdicio de recursos valiosos y minimizando el sufrimiento humano. La investigación de la Contraloría es un recordatorio de que la responsabilidad fiscal y la rendición de cuentas son fundamentales para restaurar la confianza en las instituciones encargadas de liderar estos esfuerzos de reconstrucción.
En última instancia, el caso de Mocoa plantea preguntas críticas sobre cómo se gestionan los proyectos de reconstrucción y el papel de los diversos actores involucrados. A medida que avanza el proceso de responsabilidad fiscal, es esencial que se adopten medidas correctivas para garantizar que los errores del pasado no se repitan. Solo así se podrá avanzar hacia la reconstrucción de Mocoa, no solo en términos de infraestructura, sino también en la reconstrucción de la confianza y la esperanza entre sus habitantes.
