La convocatoria de los arroceros para una movilización en Bogotá, prevista para el 27 de junio, es una muestra de la necesidad de un sector que busca una comercialización más justa y un incentivo de almacenamiento que les permita contar con mejores condiciones. La lentitud de acciones por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha llevado a los arroceros a tomar medidas. La gran molinería ha disminuido los precios en más del 22 %, lo que está llevando al productor a niveles de pérdida en su actividad que podría desencadenar no solo en debacle sino en una deserción masiva de agricultores, afectando la seguridad y soberanía alimentaria en nuestro país.
El conglomerado ha enfatizado en que el incentivo de almacenamiento es la solución para la crisis que enfrentan en este momento. Están prestos a llegar a un acuerdo con el gobierno en esa materia y con iniciativas tanto en el mediano como largo plazo para un mejor posicionamiento del sector a escala global. Fedearroz ha insistido en su intención de llegar a un consenso que garantice la cosecha tanto en los seis meses que restan de 2023 como para el primer semestre del próximo año.
El gobierno ha afirmado estar abierto al diálogo; no obstante, la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, ha dicho que, si se quiere una expansión en el sector, la discusión no se debería limitar al incentivo de almacenamiento. En los últimos días se conoció que Francia apoyará el financiamiento de la reforma agraria a través de donaciones. El presidente, Gustavo Petro, ha hecho énfasis en que la reforma no puede tener lugar basada en un crédito internacional, sino a partir de donaciones, como la que se llevaría a cabo en este caso. Es necesario tener un sector financiero más popular para garantizar la estabilidad del empleo rural en 216 municipios, la generación de ingresos para 500 mil familias y la soberanía alimentaria del país.
