La Contraloría General de la República ha encendido las alarmas sobre graves irregularidades detectadas en ENTerritorio, una de las principales operadoras de inversión pública del país.
El organismo de control identificó más de $1.130 millones en riesgo fiscal tras auditar tres contratos de la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial durante 2024. Esta suma representa recursos que podrían haberse destinado a importantes beneficios sociales.
Para contextualizar la magnitud del monto comprometido, estos recursos equivaldrían a entregar 18.800 mercados familiares valorados en $60.000 cada uno. Alternativamente, permitirían financiar viviendas subsidiadas para 22 familias con aportes individuales de $50 millones.
El caso más preocupante se relaciona con el proyecto de la sede del SENA en Teusaquillo, Bogotá. En este contrato, identificado como No. 2221174, no se amortizó un anticipo por $1.108 millones. Esta omisión no solo alteró el equilibrio contractual sino que podría derivar en responsabilidades fiscales, disciplinarias y penales.
Las irregularidades continúan con el contrato 2221096 de 2022 para adecuaciones del SENA en Inírida, Guainía. Allí se evidenciaron pagos por $9,98 millones correspondientes a obras que superaban las cantidades realmente ejecutadas. Este hallazgo refleja serias deficiencias en la supervisión técnica.
El tercer caso problemático involucra el contrato 2220669 de 2022 con la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP). La entidad aprobó precios unitarios sin suficiente respaldo técnico, generando pagos irregulares por $12,4 millones.
ENTerritorio, como sociedad de economía mixta vinculada al Ministerio de Hacienda, tiene la responsabilidad de administrar recursos nacionales e internacionales para proyectos de desarrollo. Sin embargo, su historial reciente muestra un preocupante patrón de deficiencias.
En abril de 2025, la Contraloría alertó sobre el manejo irregular de $2,5 billones por parte del Departamento para la Prosperidad Social mediante convenios interadministrativos. La falta de documentación adecuada impidió auditar el 83% de los contratos.
Otro episodio crítico ocurrió en julio de 2024, cuando una auditoría al Ministerio del Deporte reveló hallazgos fiscales por $31.493 millones. El principal problema fue el incumplimiento del Convenio Interadministrativo 1215 de 2023, donde un anticipo de $25.874 millones careció de la debida legalización.
Las consecuencias de estas irregularidades van más allá del aspecto financiero. La Contraloría advierte que estas deficiencias comprometen la capacidad de ENTerritorio para garantizar eficiencia y transparencia en la inversión pública.
Como medidas inmediatas, el organismo de control ha iniciado indagaciones preliminares sobre otros dos hallazgos. Además, trasladó cinco casos de presunta responsabilidad disciplinaria a la Procuraduría General de la Nación.
La entidad deberá reformular urgentemente su Plan de Mejoramiento mientras la Contraloría mantiene un seguimiento riguroso a los contratos cuestionados. Esta situación genera preocupación sobre la efectiva materialización de proyectos sociales y de infraestructura en las regiones del país.
Los antecedentes muestran que en junio de 2023 se revelaron 83 hallazgos en un contrato entre la Unidad de Servicios Penitenciarios y el entonces Fonade, hoy ENTerritorio. De estos, 25 casos presentaron incidencia fiscal por $24.140 millones, evidenciando la persistencia de problemas estructurales en la entidad.
