La Contraloría General de la República encendió las alarmas sobre la paralización del megaproyecto de recuperación del Canal del Dique, una obra estratégica nacional.
El organismo de control manifestó su preocupación después de que las obras quedaran suspendidas por falta de una licencia ambiental definitiva. Esta situación podría llevar a una liquidación anticipada del contrato.
Luis Fernando Mejía, contralor delegado para el sector de Infraestructura, envió una carta oficial expresando inquietud por los múltiples riesgos. La paralización afectaría directamente a 19 municipios de Bolívar, Atlántico y Sucre.
“El Canal del Dique es mucho más que un proyecto de descontaminación de la bahía de Cartagena”, explicó Mejía. “Se trata de una obra de recuperación ambiental y control de inundaciones que beneficiará a más de 1,5 millones de personas”.
Las consecuencias económicas de cancelar el contrato serían devastadoras para el Estado. Según la Contraloría, podría enfrentar multas cercanas a los 350.000 millones de pesos por obras preliminares ya realizadas.
Adicionalmente, la liquidación interrumpiría compromisos con comunidades locales y causaría daños ambientales significativos en los ecosistemas de la región. El contralor general Carlos Hernán Rodríguez instó a tomar medidas urgentes para evitar el colapso.
La controversia se intensificó cuando el presidente Gustavo Petro sugirió que el proyecto beneficiaría principalmente a las élites cartageneras. Esta declaración generó fuertes reacciones entre los mandatarios regionales.
El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, respondió enfáticamente a través de redes sociales. “Esto no es una obra para ricos. Es un proyecto por el que luchamos desde hace más de una década”, manifestó.
Por su parte, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, advirtió sobre el impacto en familias vulnerables. Miles de hogares continuarían expuestos a inundaciones si el proyecto no avanza.
El contrato de concesión, adjudicado en 2022, contempla inversiones superiores a 3,2 billones de pesos. El plan original establecía un plazo de 15 años para completar construcción, operación y mantenimiento.
Sin embargo, desde mediados de 2023, todo quedó en pausa por exigencias del Ministerio de Ambiente. La entidad requiere una nueva licencia ambiental para continuar las obras.
La Contraloría también mencionó la posible implementación de una contribución por valorización. Este mecanismo de financiación ha generado debate, aunque el ente aclara que debe ajustarse estrictamente a la normativa vigente.
El megaproyecto representa la iniciativa de recuperación ambiental más ambiciosa de América Latina. Además de proteger ecosistemas, busca mejorar la calidad de vida de poblaciones históricamente afectadas por desastres naturales.
La responsabilidad de salvar el proyecto recae ahora sobre el Gobierno Nacional. La Contraloría enfatiza la necesidad de decisiones técnicas y jurídicas prontas para no frustrar esta obra fundamental para el desarrollo regional.
