La Contraloría General de la República emitió una advertencia a la Superintendencia Nacional de Salud. El motivo es el deterioro crítico y sostenido de las EPS intervenidas. Además, el ente de control realizó un seguimiento permanente de estas entidades. Posteriormente, concluyó que las intervenciones no están cumpliendo su objetivo de estabilizar el sistema.
Por el contrario, el órgano identificó riesgos importantes sobre los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Asimismo, detectó amenazas sobre la continuidad de los servicios. En otras palabras, la Contraloría evidenció un deterioro significativo en la situación financiera de las EPS intervenidas. Consecuentemente, esta situación compromete la operación de clínicas, hospitales y otros prestadores.
Nueva EPS representa el caso más grave entre las entidades analizadas. Esta aseguradora es la más grande del país. Actualmente, atiende a más de 11 millones de afiliados. Sin embargo, no cuenta con estados financieros certificados ni dictaminados para 2024 y 2025. Por lo tanto, esta situación le impide a la Contraloría verificar su información contable.
Adicionalmente, el ente de control identificó un faltante de 4,9 billones de pesos. Este faltante corresponde al registro de reservas técnicas. También se detectaron 13,6 billones de pesos en anticipos pendientes de legalizar. Estos hallazgos revelan graves irregularidades en la gestión financiera de la entidad.
La EPS Savia Salud presenta igualmente una situación preocupante. Su nivel de endeudamiento pasó de 4,41 a 11,73. Este incremento representa un aumento del 166 por ciento. Mientras tanto, Famisanar experimentó un deterioro similar en su estabilidad financiera.
La estabilidad financiera de Famisanar pasó de un estado aceptable a una condición crítica. Específicamente, el indicador cambió de 1,00 a 4,08. Este dato corresponde al corte de diciembre de 2025. Cabe recordar que los rangos para el indicador de endeudamiento tienen tres categorías.
Un indicador menor a 0,70 se considera bueno. Entre 0,70 y 1,0 se califica como aceptable. Por encima de 1,0 se determina como crítico. Famisanar también pasó de tener un patrimonio de menos 2,1 billones de pesos. Este dato corresponde al inicio de la intervención.
Al finalizar 2025, el patrimonio negativo alcanzó los 3,3 billones de pesos. Esta cifra refleja un deterioro patrimonial de 1,2 billones de pesos. En consecuencia, la situación financiera de la entidad se agravó durante la intervención.
El incremento de pasivos constituye otro problema crítico identificado por la Contraloría. En Coosalud EPS, los pasivos aumentaron de 1,88 billones de pesos en octubre de 2024. Para 2025, esta cifra alcanzó los 6,34 billones de pesos. Este incremento refleja un deterioro financiero progresivo y un aumento de las obligaciones.
Las obligaciones crecieron frente a la red prestadora y otros acreedores. En la mayoría de los casos, los pasivos aumentaron drásticamente. Estos incrementos ocurrieron desde que la Supersalud intervino estas EPS. Por lo tanto, las intervenciones no lograron contener el deterioro financiero.
La rentabilidad operacional es negativa en las EPS analizadas. Esta situación limita su capacidad para sostener la prestación del servicio. Además, afecta las condiciones de calidad y oportunidad. La Contraloría comunicó que estas entidades presentan niveles críticos.
Los niveles críticos se reflejan en la entrega oportuna de medicamentos. Igualmente, afectan otros servicios esenciales para los usuarios. El derecho a la salud también se ha visto comprometido. Ninguna de las ocho EPS intervenidas ha cumplido al 100 por ciento.
Este incumplimiento se refiere a la ejecución de fallos de tutela. El ente de control resaltó particularmente el caso de Emssanar. Esta entidad presenta apenas el 4,48 por ciento de cumplimiento de tutelas. Estas acciones buscan proteger el derecho a la salud de los colombianos.
La insatisfacción de los colombianos con el servicio de salud alcanzó niveles históricos durante 2025. El total de Peticiones, Quejas y Reclamos alcanzó los 2.061.661 casos. Esta cifra representa un incremento del 27,4 por ciento frente a 2024. En este contexto, la Nueva EPS concentra el mayor número de casos.
Nueva EPS registró 518.211 PQR durante el período analizado. Salud Total le sigue con 276.010 casos. Por su parte, Sanitas registró 265.896 quejas y reclamos. Los principales motivos de inconformidad se relacionan con la negación en la entrega de medicamentos.
También destacan las quejas por la falta de oportunidad en la asignación de citas médicas. Estos problemas afectan directamente el acceso oportuno a los servicios de salud. Además, vulneran los derechos fundamentales de millones de colombianos.
El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, se pronunció sobre la situación. Indicó que la persistencia de estos resultados confirma la ineficacia de las medidas de intervención. Asimismo, advirtió que existe una amenaza real sobre la continuidad del servicio.
También señaló riesgos sobre la sostenibilidad financiera de todo el sistema de salud. Esta declaración refleja la gravedad de la crisis que enfrenta el sector. Frente a esta situación, el órgano instó a la Supersalud a actuar inmediatamente.
La Contraloría solicitó fortalecer de manera urgente las medidas correctivas. Además, pidió justificar técnicamente las intervenciones realizadas. El objetivo es evitar que se siga extendiendo el daño patrimonial y social. Estas acciones resultan fundamentales para proteger el sistema de salud.
El ente de control agregó que la próxima semana convocará a la superintendencia. También citará a las EPS intervenidas a una mesa de trabajo. En este espacio se darán a conocer directamente los aspectos críticos de la advertencia. Esta reunión busca establecer compromisos concretos para revertir la situación.
La crisis de las EPS intervenidas evidencia fallas estructurales en el sistema de salud colombiano. Los indicadores financieros muestran un deterioro progresivo desde el inicio de las intervenciones. Paralelamente, la calidad del servicio ha disminuido significativamente.
Los usuarios enfrentan barreras crecientes para acceder a medicamentos y citas médicas. Las tutelas se han convertido en el mecanismo más utilizado para garantizar el derecho a la salud. No obstante, incluso estas acciones constitucionales no se cumplen adecuadamente.
El incumplimiento de fallos de tutela representa una violación grave de derechos fundamentales. Esta situación genera desconfianza en las instituciones del sistema de salud. Además, sobrecarga el sistema judicial con acciones que deberían resolverse administrativamente.
La falta de estados financieros certificados en Nueva EPS impide la transparencia y el control. Sin esta información, resulta imposible evaluar la verdadera magnitud de la crisis. También dificulta la toma de decisiones informadas para corregir el rumbo.
Los faltantes identificados en reservas técnicas y anticipos sin legalizar sugieren posibles irregularidades administrativas. Estos recursos pertenecen al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Por lo tanto, su manejo inadecuado afecta a todos los colombianos.
El incremento exponencial de pasivos en las EPS intervenidas genera un efecto dominó. Los hospitales y clínicas no reciben pagos oportunos por sus servicios. Consecuentemente, estas instituciones enfrentan sus propias crisis financieras.
La red prestadora se ve obligada a reducir servicios o cerrar instalaciones. Esta situación afecta especialmente a las poblaciones más vulnerables. Además, genera desempleo en el sector salud y reduce la capacidad instalada del sistema.
La rentabilidad operacional negativa indica que las EPS gastan más de lo que reciben. Este modelo resulta insostenible a mediano y largo plazo. Sin cambios estructurales, el colapso del sistema parece inevitable.
Las medidas correctivas implementadas hasta ahora han resultado insuficientes. La intervención de la Supersalud no ha logrado estabilizar las entidades. Por el contrario, los indicadores muestran un deterioro acelerado durante el período de intervención.
Esta situación plantea interrogantes sobre la efectividad del modelo de intervención vigente. También cuestiona la capacidad técnica y los recursos disponibles para la Supersalud. Se requiere un replanteamiento profundo de las estrategias de intervención.
La advertencia de la Contraloría representa un llamado urgente a la acción. Las autoridades deben implementar medidas inmediatas y efectivas. El tiempo para evitar un colapso total del sistema se agota rápidamente.
Los 11 millones de afiliados a Nueva EPS dependen de soluciones urgentes. Millones más están vinculados a las otras EPS en crisis. Todos estos colombianos merecen un sistema de salud funcional y eficiente.
La mesa de trabajo convocada para la próxima semana será crucial. En ese espacio deben establecerse compromisos claros y verificables. También se requieren plazos definidos y mecanismos de seguimiento rigurosos.
La crisis del sistema de salud trasciende las EPS intervenidas. Afecta la confianza ciudadana en las instituciones públicas. También compromete el cumplimiento de obligaciones constitucionales del Estado colombiano.
Los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud provienen de los aportes de trabajadores y empleadores. Su manejo inadecuado constituye una traición a la confianza de millones de cotizantes. Además, representa un uso ineficiente de recursos públicos escasos.
La situación demanda transparencia absoluta en el manejo de la información financiera. Los colombianos tienen derecho a conocer el estado real de sus EPS. También merecen saber cómo se utilizan sus aportes al sistema.
Las soluciones deben abordar tanto los síntomas como las causas estructurales de la crisis. Se requieren reformas que garanticen la sostenibilidad financiera del sistema. Igualmente, deben asegurarse mecanismos efectivos de control y supervisión.
La protección del derecho fundamental a la salud debe ser la prioridad absoluta. Ninguna consideración administrativa o financiera puede estar por encima de este derecho. El Estado colombiano tiene la obligación constitucional de garantizar el acceso efectivo a servicios de salud.
