El Consejo Superior de la Judicatura tomó una medida extraordinaria para garantizar el debido proceso en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
La decisión contempla el nombramiento de tres magistrados de apoyo para la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Esta medida responde a la complejidad, el volumen y los plazos del proceso judicial.
Los nuevos magistrados trabajarán junto a los titulares Manuel Antonio Merchán, Alexandra Ossa y Leonor Oviedo. Sus funciones iniciarán el 11 de agosto y se extenderán hasta el 10 de octubre del presente año.
La designación busca evitar congestiones judiciales y asegurar el cumplimiento de los términos procesales. Mientras los magistrados titulares se concentran en la apelación de Uribe, los adjuntos manejarán otros casos pendientes.
Días atrás, la Judicatura también ordenó suspender el reparto de tutelas para los tres magistrados principales. Esta acción permite dedicar más recursos a un caso que capta la atención nacional e internacional.
La defensa del expresidente tiene plazo hasta el 13 de agosto para presentar el recurso de apelación. Este término cobra especial relevancia considerando que la prescripción del caso está prevista para el 16 de octubre.
Actualmente, Uribe cumple arresto domiciliario tras ser condenado a 12 años de prisión. Los delitos imputados son fraude procesal y soborno en actuación penal, según determinó la jueza 44 Penal de Bogotá.
El exmandatario confirmó su situación legal mediante un video publicado en redes sociales. “Esta tarde comparecí al juzgado de Rionegro para formalizar mi encarcelamiento domiciliario”, expresó Uribe el 6 de agosto.
La defensa intentó suspender la orden de captura mediante una tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá. Sin embargo, la petición fue rechazada y la detención quedó en firme.
Durante el proceso judicial, se determinó que Uribe manipuló testigos para beneficiarse en expedientes sobre presunto apoyo al paramilitarismo. Las pruebas incluyeron interceptaciones telefónicas entre el expresidente y su abogado Diego Cadena.
Cadena enfrenta un juicio por supuestamente ofrecer beneficios a testigos como Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez. Este último declaró haber recibido solo $26 millones de lo acordado, lo que motivó cambios en su testimonio.
En la audiencia de condena, ni la Fiscalía ni la defensa de víctimas apelaron la sentencia de 1.114 páginas. Por su parte, la Procuraduría anunció que presentará recurso de apelación próximamente.
El abogado defensor Jaime Granados solicitó cinco días adicionales para preparar su apelación. La jueza absolvió a Uribe del delito de soborno, decisión que será revisada en segunda instancia.
Uribe reaccionó al fallo manifestando su desacuerdo: “El fallo me interpretó a su amaño y me maltrató sin conocer mis antecedentes”. También afirmó que la decisión busca “afectar a un dirigente de oposición”.
Las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura reflejan la complejidad y trascendencia del caso. La asignación de magistrados adicionales busca garantizar un análisis exhaustivo dentro de los plazos establecidos.
