El Consejo de Estado ordenó al presidente Gustavo Petro rectificar declaraciones contra el máximo directivo del Grupo Keralty, propietario de EPS Sanitas.
La decisión judicial exige al mandatario colombiano retractarse públicamente de las acusaciones realizadas durante su alocución del 15 de julio de 2025.
Durante dicho pronunciamiento presidencial, Petro lanzó graves señalamientos contra Joseba Grajales Jiménez, presidente del Grupo Keralty, a quien calificó como “criminal”.
El alto tribunal consideró que estas declaraciones presidenciales sobrepasaron los límites permitidos y afectaron la honra del empresario del sector salud.
Esta controversia se suma a las tensiones existentes entre el gobierno y las Entidades Promotoras de Salud (EPS) en medio del debate por la reforma al sistema sanitario.
El Grupo Keralty, a través de EPS Sanitas, es uno de los principales actores del sistema de salud colombiano, prestando servicios a millones de afiliados en el país.
La orden judicial establece un precedente importante sobre los límites del discurso presidencial frente a representantes del sector privado de la salud.
Esta situación ocurre en un momento crítico para el sistema de salud colombiano, cuando diversas EPS han manifestado dificultades financieras y operativas.
El fallo del Consejo de Estado resalta la necesidad de mantener un debate constructivo sobre el futuro del sistema de salud, basado en argumentos técnicos y no en señalamientos personales.
Las declaraciones presidenciales habían generado preocupación en el sector salud, especialmente entre los usuarios de EPS Sanitas, por las posibles implicaciones en la prestación de servicios.
La retractación ordenada deberá realizarse con la misma visibilidad que tuvieron las declaraciones originales, según establecen los procedimientos habituales en estos casos.
Este episodio evidencia las complejas relaciones entre el gobierno y los actores privados del sistema de salud en medio de las discusiones sobre su transformación.
