Los representantes Daniel Briceño y Carol Borda presentaron un proyecto de ley para eliminar el impuesto saludable. Esta medida tributaria ha recaudado $4,8 billones desde su implementación. Sin embargo, los congresistas cuestionan su efectividad real.
El impuesto saludable fue creado mediante el artículo 54 de la Ley 2277 de 2022. Posteriormente, comenzó a aplicarse en noviembre de 2023. Briceño pertenece al Centro Democrático. Por otro lado, Borda representa a Salvación Nacional.
Durante 2024, el gravamen recaudó $2,88 billones en total. Además, en lo corrido de 2026 acumuló $1,9 billones adicionales. Estas cifras fueron presentadas durante la discusión del proyecto. No obstante, los representantes argumentan que el impacto esperado no se materializó.
El diseño del tributo contempla impuestos sobre bebidas azucaradas. También incluye determinados alimentos ultraprocesados en su alcance. Las tarifas aumentan gradualmente según lo establecido. La finalidad declarada era desincentivar el consumo de productos asociados con enfermedades crónicas. Asimismo, buscaba contribuir a aliviar la presión sobre el sistema de salud.
Briceño y Borda explicaron su posición mediante una publicación de Instagram. Según ellos, el impuesto no habría conseguido modificar los hábitos de consumo. En cambio, habría generado presión económica sobre pequeños establecimientos comerciales. Estos negocios venden los productos gravados regularmente.
Los alimentos ultraprocesados aportaron $2,39 billones al recaudo durante 2024. Mientras tanto, las bebidas azucaradas representaron cerca de $489.000 millones. Estas cifras alimentan el debate sobre el alcance de la política fiscal. También cuestionan sus efectos económicos reales en la población.
Entre los productos alcanzados por el gravamen se encuentran cereales. También están incluidas galletas, salchichas, jamón y chorizo. La leche en polvo y otros alimentos de la canasta familiar completan la lista. Briceño cuestionó precisamente la amplitud del impuesto aplicado.
El representante afirmó que se terminó gravando una parte importante de los productos. Estos productos son los que consumen los hogares colombianos diariamente. Además, sostuvo que el argumento de proteger la salud mediante mayores impuestos falló. “Yo no creo que, subiéndole impuestos a la gente, la gente se vaya a comenzar a cuidar más”, afirmó.
Para los congresistas, el problema no está en discutir la salud de los colombianos. Más bien, cuestionan la herramienta utilizada para modificar las decisiones de consumo. Borda planteó que debe fortalecerse la autonomía de las personas. Igualmente, cuestionó que el Estado deba intervenir mediante impuestos para determinar qué alimentos consumir.
Uno de los principales argumentos está relacionado con el efecto sobre establecimientos pequeños. Borda afirmó que el impuesto generó una afectación económica en el 67 por ciento. Además, advirtió que existe un riesgo de cierre para una parte de estos negocios.
La congresista insistió en que el impacto no estaría concentrado en los grandes empresarios. “No es el gran rico, los cuatro mil más ricos. Estamos hablando del panadero, el tendero que vende estos productos y que hacen parte de la canasta familiar”, sostuvo.
Los datos citados en la discusión también señalan hallazgos de una encuesta de Fenalco. Esta encuesta fue publicada en 2025 con resultados preocupantes. El 66,8 por ciento de los tenderos reportó un impacto directo en sus ventas. Cerca del 30 por ciento llegó a considerar el cierre durante 2024.
Fenaltiendas había proyectado una caída mínima del 8 por ciento en los ingresos anuales. El argumento de fondo es que el aumento de los precios no estaría reduciendo el consumo. Para Briceño, el resultado habría sido trasladar parte de la presión económica. Esta presión recae hacia los comercios que dependen de estas ventas. También afecta a los consumidores que adquieren productos de la canasta familiar.
Los representantes consideran que el Estado debería buscar otras formas de promover mejores hábitos alimenticios. Estas formas no deberían trasladar la carga económica a los pequeños comerciantes. Tampoco deberían utilizar nuevos impuestos como principal mecanismo de intervención.
El representante del Centro Democrático resumió su posición con claridad. “El Estado no necesita más impuestos, sino que necesita es un ahorro y parar el derroche”, señaló. Borda, por su parte, insistió en la autonomía de los ciudadanos frente a sus decisiones alimentarias.
“El Estado no te tiene que decir cómo alimentarte”, afirmó la representante. Con esto cuestionó que la política pública dependa de gravámenes para modificar las decisiones. Estas decisiones de consumo son personales de los colombianos.
Para los congresistas, además, el impacto trasciende a los comerciantes individuales. Briceño aseguró que “el millón de familias que dependen de estas tiendas, de los supermercados pequeños, de la panadería, son los que están afectados”. Esta afirmación amplía el alcance de las consecuencias del impuesto.
El impuesto saludable fue una de las principales apuestas tributarias del gobierno de Gustavo Petro. Ahora, después de varios años de aplicación, vuelve a cuestionarse en Colombia. Los resultados obtenidos no corresponderían con los objetivos planteados inicialmente.
La discusión sobre el impuesto saludable plantea interrogantes sobre la efectividad de los tributos. Específicamente, cuestiona si son adecuados para modificar comportamientos de consumo. También evidencia la tensión entre objetivos de salud pública y realidades económicas.
El proyecto de ley presentado busca eliminar completamente el gravamen. Los autores argumentan que los datos respaldan su posición. Después de recaudar $4,8 billones, los hábitos de consumo no habrían cambiado significativamente.
La propuesta legislativa deberá surtir el trámite correspondiente en el Congreso. Allí se debatirán los argumentos a favor y en contra. También se evaluarán las implicaciones fiscales de eliminar esta fuente de ingresos.
Los pequeños comerciantes y tenderos serían los principales beneficiados con la eliminación. Estos establecimientos han reportado afectaciones económicas considerables. La presión sobre sus ingresos se ha incrementado desde la implementación del impuesto.
El debate refleja visiones diferentes sobre el rol del Estado en la salud pública. Por un lado, están quienes defienden la intervención mediante incentivos fiscales. Por otro, quienes privilegian la autonomía individual y la no intervención tributaria.
Las cifras de recaudo demuestran que el impuesto sí genera ingresos significativos para el Estado. Sin embargo, los representantes argumentan que estos ingresos no justifican el impacto negativo. Especialmente cuando no se logra el objetivo de cambiar los hábitos de consumo.
La amplitud de productos gravados también genera controversia en el debate. Muchos de estos productos forman parte de la canasta familiar básica. Esto significa que el impuesto afecta a familias de diferentes niveles socioeconómicos.
El proyecto de Briceño y Borda plantea un cambio de enfoque en la política pública. Propone buscar alternativas diferentes a los impuestos para promover la salud. Estas alternativas deberían proteger a los pequeños comerciantes y respetar la autonomía ciudadana.
