El impuesto saludable regresó al centro del debate público en Colombia. Los representantes Daniel Briceño y Carol Borda anunciaron un proyecto para eliminarlo. Al mismo tiempo, expertos en salud pública y epidemiología solicitaron evaluar sus efectos antes de modificar la política.
El gravamen fue creado mediante el artículo 54 de la Ley 2277 de 2022. Se aplica desde noviembre de 2023. Fue diseñado para bebidas azucaradas y determinados alimentos ultraprocesados. Sus tarifas aumentan gradualmente. Buscan desincentivar consumos para evitar el avance de enfermedades crónicas.
El choque de posiciones tiene un punto común. Todavía no existe una evaluación integral. Esta permitiría establecer cuánto del comportamiento observado responde directamente al impuesto. Alejandra Bastos, docente de la Maestría en Salud Pública de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, marca ese límite.
La investigación realizada por esa institución incluyó 44 participantes. Estos estaban en Bogotá, Yopal y Salvador de Bahía, Brasil. El estudio analizó cómo las personas se apropian de los sellos de advertencia. En Colombia se encontró alto reconocimiento. También hubo alta visibilidad de estas señales nutricionales.
Sin embargo, Bastos advierte algo importante. Reconocer un sello no significa necesariamente dejar de comprar. Las decisiones también están mediadas por otros factores. Entre ellos están el precio, la fidelidad a las marcas y las costumbres familiares. También influyen la cultura, la publicidad y la disponibilidad de alternativas. Estos factores pueden mantener patrones habituales de consumo.
El estudio encontró casos de personas que redujeron cantidad o frecuencia de consumo. Pero también encontró participantes que mantuvieron sus decisiones. Por eso, la investigadora considera algo fundamental. Ninguna intervención informativa o económica garantiza, por sí sola, cambios sostenidos en los hábitos alimentarios.
Esa precisión resulta central en la discusión. Bastos señala expresamente algo clave. La investigación no midió el impacto de los impuestos saludables. Tampoco analizó ventas, recaudo o consumo nacional. Por tanto, sus resultados no permiten cuantificar los efectos alcanzados por Colombia.
Aun así, sus hallazgos muestran algo relevante. El precio ocupa un lugar central en la compra. Algunas familias quieren elegir alimentos con mejor perfil nutricional. Pero encuentran barreras relacionadas con costos. También enfrentan problemas de disponibilidad y ausencia de sustitutos equivalentes. Esto ocurre especialmente entre hogares con menores ingresos.
Desde esta perspectiva, un mayor precio puede desincentivar las compras. Pero también puede generar desigualdades. Esto sucede si no existen opciones saludables, accesibles y culturalmente aceptables. Bastos plantea evaluar los efectos según varios criterios. Entre ellos están los ingresos, el territorio, la sustitución de productos y los cambios en el gasto alimentario.
El frente económico aparece también en el proyecto anunciado por Briceño y Borda. Según los datos incluidos en la discusión, el impuesto recaudó $2,88 billones durante 2024. Además, acumuló $1,9 billones en lo corrido de 2026.
En 2024, los alimentos ultraprocesados aportaron $2,39 billones al recaudo. Mientras tanto, las bebidas azucaradas representaron cerca de $489.000 millones. Entre los productos gravados aparecen varios alimentos. Están los cereales, las galletas, las salchichas, el jamón y el chorizo. También están la leche en polvo y otros alimentos.
Los autores del proyecto cuestionan algo específico. Sostienen que el gravamen no está logrando modificar los hábitos en la magnitud esperada. Además, afirman que existe presión económica sobre pequeños comercios. Borda afirmó que el impuesto habría afectado 67% de los establecimientos. También advirtió riesgo de cierre.
Los datos citados en la discusión señalan información adicional. Una encuesta de Fenalco publicada en 2025 encontró algo preocupante. El 66,8% de los tenderos reportó impacto directo en sus ventas. Cerca de 30% habría considerado cerrar durante 2024, según esas cifras.
Fenaltiendas había proyectado además una caída mínima de 8% en los ingresos anuales. Briceño resumió su posición al señalar algo contundente. “Yo no creo que, subiéndole impuestos a la gente, la gente se vaya a comenzar a cuidar más”, afirmó. Así cuestionó el mecanismo utilizado.
Borda, por su parte, puso el foco en la autonomía de los ciudadanos. Cuestionó que el Estado intervenga mediante impuestos para orientar decisiones alimentarias. Su posición quedó expresada claramente. “El Estado no te tiene que decir cómo alimentarte”, manifestó.
Red PaPaz presenta una lectura diferente. Lina Cerón, experta en proyectos de la organización, sostiene algo distinto. Los impuestos saludables son medidas de salud pública costo efectivas. Señala que más de 100 países han implementado estas herramientas. El objetivo es desincentivar productos ultraprocesados.
Su argumento parte del peso de las enfermedades no transmisibles. Cerón señala que en Colombia representan 76% de todas las muertes. Advierte sobre edades cada vez más tempranas. También destaca algo importante. Las preferencias alimentarias adquiridas durante la infancia pueden mantenerse en la adultez.
Sobre el comportamiento reciente, Cerón cita la Encuesta de Calidad de Vida del Dane. Entre 2023 y 2024, el consumo de bebidas azucaradas cayó 2,9 puntos porcentuales. El de comestibles ultraprocesados bajó 4,3 puntos. En algunas regiones, afirma, la reducción llegó a 13,9%.
Pero Cerón también reconoce algo fundamental. Medir la efectividad de una medida reciente es complejo. Plantea que se necesitan alrededor de diez años. Este tiempo permitiría observar tendencias e impactos con mayor claridad. Por ahora, considera que los datos disponibles muestran señales iniciales de cambio.
La asociación de epidemiología de Colombia (Asocepic) también pidió frenar el proyecto de eliminación. Solicitó esperar más evidencia. La asociación sostiene algo claro. Retirar la medida después de dos años sería prematuro. Reclama una evaluación independiente. Esta debe tener métodos, fuentes y resultados públicos. Debe basarse en datos colombianos.
El organismo reconoce algo importante. Colombia aún no tiene una evaluación integral sobre el efecto del impuesto. Tampoco sobre los sellos en la salud poblacional. Sin embargo, considera que ya pueden medirse varias cosas. Entre ellas están las compras, el consumo, la sustitución y la reformulación. Otros resultados requieren seguimiento prolongado.
Asocepic cita experiencias regionales. En Chile, según su comunicado, el paquete de medidas se asoció con una reducción de 8,3%. Esta fue en la compra de calorías. También hubo una reducción de 20% en la compra de azúcar. En México y Perú también reporta cambios.
El debate no se reduce al recaudo. Red PaPaz plantea algo adicional. Los recursos deberían apoyar prevención. También deberían facilitar el acceso a alimentos saludables. Además, deberían promover estilos de vida saludables y programas de alimentación escolar. Cerón estima que hacia finales de 2024 había unos $3,3 billones recaudados.
Para Bastos, el impuesto debe evaluarse junto con otras medidas. Entre ellas están el etiquetado frontal, la educación y la regulación de publicidad. También debe considerarse el acceso a alimentos saludables. Así mismo, Red PaPaz agrega restricciones publicitarias. También menciona entornos escolares protegidos, subsidios y compras públicas orientadas hacia alimentos reales. Además, plantea la promoción de la lactancia humana.
El punto pendiente es medir con precisión qué ocurre en Colombia. Bastos pide observar consumo, gasto y sustitución. Asocepic reclama evaluación independiente. También solicita actualización de la información nutricional nacional. Red PaPaz plantea mirar también los costos futuros para el sistema de salud.
Así, mientras Briceño y Borda impulsan la eliminación con argumentos sobre precios y pequeños comercios, los expertos advierten algo diferente. Todavía falta evidencia para atribuir resultados definitivos.
