En el entramado político y judicial que vincula a Colombia y Estados Unidos, la reciente confesión de Álvaro Córdoba, hermano de la senadora Piedad Córdoba, ha generado un torbellino de reacciones y ha puesto en el foco la figura del presidente Gustavo Petro. La congresista María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, lanzó una pregunta directa y punzante: “Y ahora que el mismo hermano de Piedad confesó el delito de narcotráfico, ¿qué tiene para decir?”. Esta interrogante no solo buscaba una respuesta, sino que también parecía tener la intención de desentrañar la postura del gobierno frente a un caso que podría tener connotaciones políticas.
La respuesta del presidente Petro fue rápida y concisa: “Que yo lo extradité”, afirmó, dejando claro que su decisión no estuvo influenciada por posibles lealtades políticas. Este hecho es significativo, ya que, tras la captura de Álvaro Córdoba en Medellín en febrero de 2022, hubo especulaciones sobre si el presidente actuaría con imparcialidad, dada la relación de Córdoba con una figura prominente del Pacto Histórico, al cual Petro también pertenece.
La extradición, firmada por Petro en septiembre de 2022, culminó con el envío de Córdoba a Estados Unidos en enero de 2023. Este proceso se llevó a cabo en un contexto en el que la congresista Cabal recordó un trino de Petro de febrero de 2022, en el que este último se refería a un supuesto “entrampamiento” dirigido hacia él y hacia el hermano de Piedad Córdoba. La mención de este trino añade una capa de complejidad al asunto, sugiriendo que el caso podría haber tenido motivaciones políticas ocultas.
Las autoridades estadounidenses, por su parte, han acusado a Álvaro Córdoba de ser parte de una red criminal con operaciones en Venezuela, Colombia, México y Estados Unidos. La gravedad de las acusaciones se refleja en la admisión de culpabilidad de Córdoba, quien reconoció su participación en una conspiración para enviar al menos 500 gramos de cocaína a Estados Unidos. Durante la audiencia en un tribunal federal de Manhattan, Córdoba expresó con claridad su conciencia sobre la ilegalidad de sus actos: “Sabía que la cocaína terminaría en Estados Unidos y sabía que lo que estaba haciendo estaba mal”.
Este caso no solo pone de manifiesto las dinámicas del narcotráfico y su persecución internacional, sino que también resalta la tensión entre la política y la justicia. La sentencia de Álvaro Córdoba, prevista para el 11 de abril, podría ser de hasta cinco años de prisión, un desenlace que seguramente continuará generando debate y análisis en el ámbito político colombiano y más allá de sus fronteras. La atención está puesta en cómo este caso influirá en las relaciones entre los dos países y en la política interna de Colombia, donde la lucha contra el narcotráfico sigue siendo un tema central y controvertido.
