Las deportaciones a terceros países se han convertido en una herramienta clave del gobierno de Donald Trump. Además, esta estrategia afecta a migrantes latinos que no pueden regresar a sus naciones de origen. Entre los afectados está el colombiano Arín García Yepes. Él fue deportado a Liberia pese a contar con protección migratoria.
García Yepes asegura que tenía una medida que suspendía su expulsión. Sin embargo, fue trasladado a un país africano sin previo aviso. Su caso revela un limbo jurídico que enfrentan cientos de personas.
El colombiano viajó el 20 de agosto en un vuelo del ICE. Este vuelo salió desde Luisiana con otros migrantes a bordo. Muchos de ellos afirmaban tener protección conocida como “withholding of removal”. Esta medida suspende la expulsión cuando existe riesgo de persecución o tortura.
Aun así, fueron trasladados a Liberia sin conocer su destino final. Según García Yepes, los migrantes se preguntaban entre ellos sobre sus protecciones. Varios respondían que sí contaban con la medida de suspensión. A pesar de ello, terminaron en África.
El “withholding of removal” se concede bajo circunstancias específicas. Una persona debe demostrar que podría ser perseguida o torturada en su país. De acuerdo con su testimonio, esta protección debió impedir su deportación. No obstante, las autoridades estadounidenses los enviaron a un tercer país.
La política de deportaciones a terceros países se ha ampliado recientemente. Por consiguiente, migrantes que no son ciudadanos de países africanos son trasladados allí. Estas personas permanecían bajo custodia migratoria en Estados Unidos. Luego, son enviadas a naciones con las que no tienen ningún vínculo.
Entre julio de 2025 y agosto de 2026 se confirmaron al menos 31 vuelos. Estos traslados se dirigieron hacia 12 países africanos. Además, se registraron 42 entregas en total durante ese período. Los destinos incluyen Liberia, Ghana, Guinea Ecuatorial y Esuatini. También figuran Camerún, Sierra Leona, Ruanda y la República Centroafricana.
Los vuelos forman parte de acuerdos entre Washington y gobiernos africanos. Según documentos revisados por EL PAÍS, algunos acuerdos contemplan compromisos internacionales. Estos incluyen obligaciones en materia de refugiados y contra la tortura. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos denuncian que las garantías no se cumplen.
Al llegar a estos países, los migrantes quedan sin estatus migratorio definido. Por ejemplo, personas de Cuba, Honduras, Brasil y Colombia permanecen detenidas. Algunos están en prisiones de máxima seguridad. Otros permanecen en hoteles bajo vigilancia de las autoridades locales.
Muchos no tienen pasaporte ni visa. Tampoco cuentan con documento de viaje válido. Además, no existe una vía clara para regularizar su situación. Esta incertidumbre genera un limbo legal y humanitario.
En el caso de García Yepes, la incertidumbre comenzó antes de llegar. Según contó, los migrantes no conocieron su destino hasta el arribo. Una vez en Liberia, quedaron bajo vigilancia de las autoridades. Tampoco recibieron información sobre cuánto tiempo permanecerían en el país.
Organizaciones como Human Rights First cuestionan estas deportaciones. Savi Arvey dirige el área de políticas para refugiados e inmigrantes. Ella sostiene que muchos latinoamericanos enviados a África tenían protección judicial. Jueces estadounidenses habían considerado que enfrentarían persecución o tortura en sus países.
A pesar de estas determinaciones judiciales, fueron deportados a terceros países. Por lo tanto, se estarían violando sus derechos y protecciones legales. Además, se ignoran las decisiones de tribunales estadounidenses.
El Gobierno de Estados Unidos defiende esta política migratoria. Un portavoz del Departamento de Estado aseguró que Washington utilizará medios legales disponibles. El objetivo es expulsar a personas sin derecho a permanecer. Además, reiteró el compromiso de la Administración Trump con el control migratorio.
La seguridad fronteriza es una prioridad para el gobierno estadounidense. Sin embargo, las organizaciones humanitarias señalan que estas medidas son excesivas. También argumentan que vulneran derechos fundamentales de los migrantes.
El caso de García Yepes pone el foco en una pregunta crucial. ¿Qué ocurre cuando una deportación no termina en el país de origen? En cambio, la persona llega a un tercer territorio. Allí tampoco tiene ciudadanía ni vínculos familiares o sociales. Además, carece de un estatus migratorio definido.
Esta situación genera un vacío legal que afecta a cientos de personas. Muchos migrantes quedan atrapados en países desconocidos. No pueden regresar a Estados Unidos ni a sus países de origen. Tampoco pueden establecerse legalmente en los países de destino.
Las implicaciones humanitarias de esta política son profundas. Personas que buscaban protección en Estados Unidos terminan en África. Allí enfrentan condiciones de detención y vigilancia constante. Además, no tienen acceso a recursos legales ni apoyo consular.
Los migrantes deportados a terceros países enfrentan múltiples obstáculos. Primero, la barrera del idioma dificulta la comunicación. Segundo, el desconocimiento del sistema legal local complica su situación. Tercero, la falta de recursos económicos limita sus opciones.
Además, estos países africanos no tienen infraestructura para recibir migrantes. Por consiguiente, las condiciones de detención pueden ser precarias. También existe incertidumbre sobre el respeto a derechos humanos fundamentales.
La política de deportaciones a terceros países representa un cambio significativo. Históricamente, Estados Unidos deportaba a personas a sus países de origen. Ahora, utiliza acuerdos con terceros países para externalizar las deportaciones. Esta estrategia busca acelerar las expulsiones y disuadir la migración irregular.
Sin embargo, esta política genera cuestionamientos legales y éticos importantes. ¿Pueden las autoridades estadounidenses deportar a personas con protección judicial? ¿Qué responsabilidad tiene Estados Unidos sobre el destino de estas personas? ¿Cumplen los países receptores con estándares internacionales de derechos humanos?
Estas preguntas no tienen respuestas claras en el marco legal actual. Mientras tanto, personas como García Yepes permanecen en un limbo. No pueden regresar a Colombia por temor a persecución. Tampoco pueden establecerse en Liberia sin documentación ni recursos.
La situación también plantea interrogantes sobre la soberanía y responsabilidad internacional. Los países africanos que reciben a estos migrantes asumen una carga. Sin embargo, no está claro qué apoyo reciben de Estados Unidos. Tampoco se conocen los términos exactos de los acuerdos bilaterales.
Organizaciones internacionales han expresado preocupación por esta práctica. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados monitorea la situación. También existen llamados a garantizar que se respeten las obligaciones internacionales. Especialmente aquellas relacionadas con el principio de no devolución.
Este principio prohíbe devolver a personas a lugares donde enfrentarían persecución. Sin embargo, la deportación a terceros países podría eludirlo técnicamente. Aun así, el espíritu de la protección internacional se ve comprometido.
El testimonio de García Yepes ilustra la dimensión humana de esta política. Él había solicitado protección en Estados Unidos por temor a su seguridad. Las autoridades reconocieron inicialmente que enfrentaba riesgos en Colombia. No obstante, fue deportado a un país africano sin conexión con su caso.
Esta práctica también afecta a personas de otras nacionalidades latinoamericanas. Cubanos, hondureños y brasileños se encuentran en situación similar. Todos comparten la experiencia de ser deportados a países desconocidos. Además, enfrentan la incertidumbre sobre su futuro inmediato.
La política de deportaciones a terceros países podría expandirse. Si los acuerdos actuales se mantienen, más personas podrían ser enviadas a África. También podrían establecerse acuerdos similares con países de otras regiones. Esta posibilidad genera preocupación en comunidades migrantes y organizaciones defensoras.
La Administración Trump ha priorizado el endurecimiento de las políticas migratorias. Las deportaciones a terceros países representan una herramienta adicional en esta estrategia. Sin embargo, los costos humanitarios y legales son significativos.
Mientras tanto, García Yepes y otros migrantes deportados esperan respuestas. Necesitan claridad sobre su estatus migratorio en los países receptores. También requieren acceso a procedimientos legales justos. Además, necesitan apoyo consular de sus países de origen.
El caso del colombiano también plantea responsabilidades para el gobierno de Colombia. ¿Qué asistencia puede brindar a sus ciudadanos deportados a terceros países? ¿Existe coordinación con las autoridades de Liberia? ¿Se están gestionando documentos de viaje para facilitar su retorno?
Estas preguntas son urgentes para quienes viven esta situación. Cada día en el limbo representa incertidumbre y angustia. Las familias separadas también sufren las consecuencias de estas políticas.
La comunidad internacional observa con atención estos desarrollos. Las deportaciones a terceros países podrían sentar precedentes preocupantes. Otros países podrían adoptar prácticas similares. Por lo tanto, es fundamental establecer estándares claros y vinculantes.
El caso de García Yepes no es aislado. Representa una tendencia creciente en la gestión migratoria estadounidense. Esta tendencia prioriza la expulsión sobre la protección. Además, busca externalizar las responsabilidades migratorias a terceros países.
Las implicaciones a largo plazo de esta política son inciertas. Sin embargo, el impacto inmediato en personas como García Yepes es evidente. Ellos enfrentan un futuro incierto en países desconocidos. Además, carecen de los recursos y apoyos necesarios para reconstruir sus vidas.
