Varios colegios del municipio de Soledad permanecen sin servicio de vigilancia. La situación pone en riesgo a estudiantes, docentes y directivos. La Asociación de Educadores del Atlántico (ADEA) informó sobre esta problemática el pasado 24 de marzo. Además, el gremio alertó que las denuncias se han repetido en comunicados anteriores sin obtener respuesta.
Los planteles afectados se concentran en las zonas Noroccidental y Vista Hermosa. Estas instituciones funcionan sin personal de seguridad de manera permanente. Por lo tanto, profesores y directivos deben asumir tareas ajenas a su labor pedagógica. En consecuencia, los mismos docentes abren y cierran las instalaciones utilizando candados.
La exposición ocurre en horarios que los educadores consideran críticos. De hecho, la preocupación aumenta por antecedentes violentos registrados en la zona. Años atrás, un profesor fue atacado con arma de fuego en una de estas instituciones. El docente se había negado a pagar una extorsión. Sin embargo, el hecho todavía no se ha esclarecido.
La ADEA expuso la situación en su Comunicado 008. El documento señala que las alertas han sido enviadas previamente sin resultado. Asimismo, el gremio manifestó que los educadores se han visto expuestos a situaciones amenazantes. Las denuncias incluyen casos de extorsión y amenazas directas contra el personal docente.
El pasado 11 de marzo ocurrió un episodio alarmante en el suroccidente de Barranquilla. Alrededor de cinco docentes denunciaron haber recibido videollamadas extorsivas. Los afectados aseguran que los agresores se refirieron a ellos por sus nombres. Además, los intimidaron mostrando armas durante las comunicaciones.
Las llamadas podrían haber sido realizadas por personas pertenecientes a bandas criminales. Específicamente, los docentes mencionan a Los Costeños o las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Por su parte, el Gaula de la Policía confirmó información relevante sobre el origen de las amenazas. Algunas de estas habrían tenido lugar en Boyacá, en la cárcel de Combita.
En la institución Juan Acosta Solera se realizó un plantón para visibilizar la situación. El colegio está ubicado en el barrio Los Olivos Segunda Etapa. Los docentes denunciaron que las amenazas no solo continuaban sino que se habían vuelto más directas. Además, afirmaron que los responsables tendrían información sobre sus rutinas y otros datos personales.
Las organizaciones sindicales señalaron que este tipo de presiones lleva varios años afectándolos. De hecho, algunos docentes habrían accedido a pagos diarios para evitar agresiones. Esta situación revela la magnitud del problema que enfrentan los educadores. También evidencia la falta de protección efectiva por parte de las autoridades.
Según la organización sindical, las decisiones administrativas adoptadas no solucionan el problema estructural. Por ejemplo, el traslado de una docente vinculada a uno de los casos no resuelve la ausencia de vigilancia permanente. En realidad, se requieren medidas integrales que garanticen la seguridad de toda la comunidad educativa.
La falta de personal de seguridad ha obligado a profesores y directivos a asumir responsabilidades adicionales. Estas tareas son ajenas a su labor pedagógica y los exponen a situaciones de riesgo. En algunos planteles, los docentes deben permanecer en las instalaciones durante horarios críticos. Consecuentemente, su integridad física queda comprometida ante la ausencia de protección adecuada.
La Policía Metropolitana aseguró que mantiene acompañamientos en horas de ingreso y salida. Además, indicó que realiza patrullajes preventivos en las zonas afectadas. No obstante, los educadores consideran que estas acciones resultan insuficientes. La problemática que describen tiene características estructurales que requieren soluciones más profundas.
La ADEA emitió una serie de recomendaciones dirigidas a los rectores de las instituciones afectadas. En primer lugar, solicitó dejar constancia escrita de cualquier incidente relacionado con la falta de vigilancia. Posteriormente, pidió remitir los reportes a la administración municipal de manera formal. Asimismo, advirtió que los directivos no deben asumir responsabilidades administrativas que correspondan a las autoridades locales.
El gremio también se extendió una petición a los docentes de distintos territorios del departamento. Les solicitó informar situaciones relacionadas con infraestructura, aseo o seguridad que afecten el funcionamiento de los colegios. Esta medida busca dimensionar la magnitud del problema en todo el departamento del Atlántico.
La organización sindical advirtió que la situación podría escalar si no se toman medidas efectivas. Específicamente, señaló que podrían convocarse movilizaciones en caso de no obtener respuesta. Incluso, no descartó la posibilidad de un cese de actividades si no se garantizan condiciones mínimas de protección.
Los educadores exigen que las autoridades locales asuman su responsabilidad en el tema de seguridad. Consideran que la educación no puede desarrollarse adecuadamente en un ambiente de amenazas constantes. Por lo tanto, reclaman acciones concretas que vayan más allá de los patrullajes esporádicos.
La situación en Soledad refleja problemas más amplios que afectan al sector educativo en la región. Las amenazas extorsivas no son un fenómeno nuevo en el departamento del Atlántico. Sin embargo, la intensificación de estos casos y su impacto directo sobre las instituciones educativas genera alarma. Además, la falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades agrava la percepción de desprotección.
Los docentes señalan que la información personal que manejan los extorsionadores es preocupante. Esto sugiere que existe algún tipo de infiltración o acceso a datos sensibles. Consecuentemente, la sensación de vulnerabilidad aumenta entre el personal educativo. También genera temor entre las familias que envían a sus hijos a estas instituciones.
El caso del profesor atacado con arma de fuego permanece sin esclarecerse. Este antecedente genera desconfianza sobre la capacidad de las autoridades para proteger a los educadores. Además, refuerza el temor de que las amenazas actuales puedan materializarse en hechos violentos. Por ello, los docentes insisten en la necesidad de medidas preventivas efectivas.
La ADEA ha mantenido una postura activa en la denuncia de estas situaciones. Los comunicados anteriores al número 008 ya habían alertado sobre problemas de seguridad. No obstante, la falta de respuesta ha llevado al gremio a intensificar sus acciones. Ahora, la organización evalúa medidas de presión más contundentes para obtener soluciones.
La administración municipal de Soledad enfrenta el desafío de garantizar la seguridad en los planteles educativos. Los recursos destinados a vigilancia parecen insuficientes para cubrir todas las instituciones. Además, la presencia de grupos criminales en la zona complica la situación. Por lo tanto, se requiere una estrategia integral que involucre a diferentes autoridades.
Los educadores también cuestionan la efectividad de las medidas de protección implementadas hasta ahora. Consideran que los patrullajes en horarios específicos no disuaden a los grupos criminales. De hecho, las amenazas continúan a pesar de la presencia policial esporádica. Esto sugiere que se necesita un enfoque diferente para abordar el problema.
La situación afecta no solo la seguridad física sino también el ambiente educativo. Los docentes que trabajan bajo amenaza difícilmente pueden desarrollar su labor con normalidad. Asimismo, los estudiantes perciben el clima de inseguridad que rodea a sus instituciones. En consecuencia, el proceso de enseñanza-aprendizaje se ve comprometido por estas circunstancias.
Las organizaciones sindicales han documentado que algunos docentes realizan pagos extorsivos de manera regular. Esta práctica revela la normalización de una situación que debería ser inaceptable. Además, evidencia el fracaso de las instituciones en proteger a sus trabajadores. También muestra cómo la impunidad fortalece las estructuras criminales que operan en la zona.
La información proporcionada por el Gaula sobre el origen de las amenazas desde la cárcel de Combita añade complejidad al caso. Esto indica que las organizaciones criminales mantienen capacidad operativa incluso desde los centros de reclusión. Por lo tanto, las soluciones deben considerar también el control de las comunicaciones desde las cárceles. Además, se requiere investigar cómo obtienen información personal de los docentes.
Los rectores de las instituciones afectadas enfrentan una situación difícil. Por un lado, deben garantizar el funcionamiento de los colegios. Por otro, carecen de recursos y autoridad para resolver los problemas de seguridad. En consecuencia, quedan en una posición vulnerable entre las demandas del gremio y las limitaciones institucionales.
La ADEA insiste en que no se trata de casos aislados sino de un problema estructural. Las denuncias provienen de múltiples instituciones en diferentes zonas del municipio. Además, el patrón de amenazas y extorsiones se repite de manera similar. Por ello, el gremio demanda una respuesta coordinada que aborde las causas profundas del problema.
La comunidad educativa espera que las autoridades asuman su responsabilidad de manera efectiva. Los docentes han cumplido con denunciar las situaciones ante las instancias correspondientes. Ahora, esperan que se implementen medidas concretas que garanticen su seguridad. De lo contrario, advierten que tomarán acciones más contundentes para defender sus derechos.
La situación en Soledad podría replicarse en otros municipios del departamento si no se actúa oportunamente. Por eso, la ADEA ha extendido su llamado a docentes de todo el Atlántico. La organización busca dimensionar el problema a nivel departamental para exigir soluciones integrales. También pretende evitar que la situación se normalice en otras zonas.
