China activó una cacería fiscal global sobre fortunas en el exterior. Además, reclamó impuestos impagos de hasta 25 años atrás. La ofensiva fue lanzada desde Beijing para cubrir un deterioro de sus ingresos públicos. También busca reforzar el control sobre la salida de capitales.
La campaña alcanzó ganancias obtenidas en inversiones fuera del país. En algunos casos, la revisión se remonta hasta el año 2000. Así lo informó Financial Times citando a funcionarios extranjeros. También consultó a banqueros chinos y gestores de patrimonios familiares.
El giro coincidió con una caída de la recaudación tributaria. Otra fuente clave de recursos estatales se derrumbó: las ventas de tierras. Estas pasaron de 8,7 billones de yuanes en 2021 a 4,15 billones. El desplome ocurrió tras la crisis inmobiliaria que sacudió al país.
Bancos e instituciones financieras recibieron instrucciones desde las autoridades centrales. Debieron revisar inversiones en el exterior de ciudadanos chinos adinerados. Posteriormente, verificaron si esos ingresos fueron declarados ante las autoridades tributarias. La revisión incluyó bienes raíces, acciones y metales preciosos. Además, abarcó criptomonedas y estructuras en fideicomisos offshore.
En el sur de China, un banquero reveló detalles al diario británico. Durante los últimos meses, varias entidades coordinaron con la administración tributaria. Juntas implementaron el congelamiento de cuentas de depositantes adinerados. Las cuentas permanecieron bloqueadas hasta comprobar el pago de impuestos atrasados. Estos tributos estaban ligados a activos, cuentas y fideicomisos en el exterior.
La práctica habitual fue contundente con los afectados. Los clientes pagaron de inmediato multas y tributos en efectivo. Solo así pudieron reactivar sus fondos bloqueados. Sin embargo, la ofensiva no tuvo un período uniforme de aplicación.
El jefe de una oficina patrimonial con sede en Shenzhen compartió su experiencia. A sus clientes les exigieron pagos por ganancias offshore específicas. El reclamo abarcó rentas acumuladas entre 2017 y 2022. No hubo una explicación oficial sobre ese recorte temporal particular.
China persiguió a sus contribuyentes más ricos por rentas obtenidas fuera del país. Simultáneamente, endureció el cerco sobre los canales financieros. Estos canales eran usados para mover patrimonio al exterior. La consecuencia inmediata fue doble para los afectados. Por un lado, más presión recaudatoria para el Estado. Por otro, menos margen para mantener activos offshore fuera del radar fiscal.
Victor Shih es profesor de economía política china en la Universidad de California. Trabaja específicamente en el campus de San Diego. Según Shih, la motivación de la nueva campaña fue “claramente fiscal”. Los ingresos presupuestarios dependían mucho de los impuestos. Estos se estancaron tras la pandemia de COVID-19. Posteriormente, cayeron 1,7% hasta 21,6 billones de yuanes en 2025.
El mes pasado, el Ministerio de Finanzas tomó medidas drásticas. Junto con la Administración Tributaria Nacional introdujeron nuevas reglas. Las normas afectaron activos transferidos a fideicomisos en el exterior. Así cerraron un vacío legal importante. Los individuos ricos usaban este vacío desde hace años. Les permitía resguardar patrimonio fuera de China sin tributar adecuadamente.
Bajo el nuevo esquema, los ingresos generados por esos vehículos cambiaron radicalmente. Ahora quedaron sujetos a un impuesto de 20%. Además, este gravamen se aplica en múltiples etapas del proceso.
Un banquero con base en Singapur administra activos offshore. Sus clientes son principalmente chinos con grandes fortunas. Según este profesional, la medida “sorprendió” a esos patrimonios. Explicó que durante los años de auge económico la situación era diferente. Durante el período de salidas a bolsa, una estructura fiduciaria adecuada funcionaba bien. Permitía proteger ingresos de la carga tributaria china. Sin embargo, la nueva norma eliminó completamente esa ventaja fiscal.
Expertos citados por la publicación británica señalaron posibles escenarios. Algunos esquemas complejos podrían eludir parcialmente las nuevas reglas. No obstante, muchos titulares de fideicomisos enfrentarían obligaciones tributarias extraordinarias. Probablemente, algunos venderían activos para afrontar estos pagos inesperados.
Medios chinos informaron el miércoles sobre una extensión de la medida. Las autoridades empezaron a cobrar también un 20% adicional. Este gravamen afecta dividendos e intereses específicos. Se aplica sobre rentas generadas por pólizas offshore de seguros.
Ese reporte golpeó duramente a grupos financieros importantes. Principalmente afectó a empresas expuestas al negocio patrimonial asiático. Las acciones de Prudential llegaron a caer 13% en Londres. Por su parte, las de HSBC bajaron más de 6%. Posteriormente, ambas recortaron pérdidas antes del cierre.
Ye Yongqing es abogado tributario en Shanghái. Además, es socio de la firma Anli Partners. Afirmó que los reguladores reforzaron de forma constante el control. Este abarca flujos transfronterizos de capital y declaración de ingresos. También incluye el mercado cambiario en general.
Según Ye, Beijing adoptó una aproximación restrictiva hacia los fideicomisos offshore. Esta es similar a la del código fiscal de Estados Unidos. Rechaza en términos amplios su uso para diferir obligaciones. También impide eliminar obligaciones de residentes fiscales chinos.
Los datos oficiales mostraron que la estrategia produjo resultados concretos. La recaudación del impuesto sobre la renta personal subió 11,5% en 2025. Este incremento estuvo muy por encima del crecimiento general. La recaudación total creció apenas 0,8% en el mismo período.
La directora de una firma de inmigración compartió información relevante. Su empresa tiene oficinas en China y Nueva York. Según ella, las autoridades empezaron por los ciudadanos más ricos. Se enfocaron en quienes operan acciones estadounidenses a través de Hong Kong. También apuntaron a otros canales offshore similares.
Añadió que la revisión avanzaría después sobre otras áreas. Incluiría cuentas bancarias en el exterior, sobre todo en Hong Kong. Luego se extendería sobre otras formas de riqueza offshore. Entre estas destaca especialmente la propiedad inmobiliaria internacional.
A esa presión se sumó confusión sobre la definición de residencia fiscal. Beijing mantiene criterios que generan incertidumbre entre los contribuyentes. Quienes pasan menos de 183 días al año en China pueden enfrentar problemas. Todavía pueden ser considerados residentes fiscales chinos. Esto ocurre sin importar su pasaporte extranjero. Tampoco importa su estatus migratorio en otros países. Solo escapan quienes renuncian formalmente a la nacionalidad china. Además, deben dejar de vivir en el país la mayor parte del año.
David Lesperance es abogado radicado en Asia. Asesora a familias ricas de Hong Kong y China continental. Atribuyó parte de la aceleración de los controles a la tecnología. Específicamente, señaló el uso de inteligencia artificial para analizar registros. Esta permite revisar inversiones con más rapidez que antes. También reduce significativamente el costo de las auditorías fiscales.
Lesperance añadió información sobre el comportamiento de sus clientes. Este año al menos seis de sus clientes chinos tomaron decisiones drásticas. Todos tienen patrimonios ultraaltos y activaron sus planes de salida. Buscan irse definitivamente de la segunda economía del mundo.
La sede del Banco Popular de China en Beijing simboliza esta transformación. Desde allí se coordina parte de esta ofensiva fiscal sin precedentes. El banco central juega un papel clave en el monitoreo de flujos.
La estrategia de Beijing tiene múltiples objetivos entrelazados. Por un lado, busca aumentar la recaudación en tiempos difíciles. Por otro, pretende frenar la fuga de capitales. Finalmente, refuerza el control sobre las élites económicas del país.
Los banqueros y asesores patrimoniales enfrentan un dilema complejo. Deben equilibrar las demandas de sus clientes con las nuevas regulaciones. Muchos están reconfigurando completamente sus estrategias de planificación patrimonial.
Las familias adineradas chinas evalúan opciones limitadas. Algunas consideran la repatriación de activos para regularizar su situación. Otras exploran jurisdicciones alternativas con marcos legales más predecibles. Un tercer grupo acelera planes de emigración definitiva.
El impacto en centros financieros internacionales es significativo. Singapur, Hong Kong y Londres sienten la presión. Estos lugares han sido históricamente refugios para el capital chino. Ahora enfrentan mayor escrutinio y regulación desde Beijing.
La crisis inmobiliaria china agravó la situación fiscal del gobierno. Las ventas de tierras eran una fuente crucial de ingresos. Su colapso dejó un vacío enorme en las arcas públicas. Las autoridades buscan compensar esta pérdida con mayor recaudación tributaria.
Los fideicomisos offshore perdieron su atractivo principal. Durante años ofrecieron protección fiscal y confidencialidad. Las nuevas reglas eliminaron estas ventajas de manera efectiva. Ahora representan una carga tributaria significativa para sus titulares.
La coordinación entre entidades financieras y autoridades fiscales se intensificó. Los bancos reciben instrucciones específicas sobre qué información compartir. Deben reportar activos y transacciones de clientes seleccionados. El incumplimiento puede acarrear sanciones severas para las instituciones.
La tecnología permite un nivel de vigilancia sin precedentes. La inteligencia artificial cruza datos de múltiples fuentes. Identifica patrones de inversión y movimientos de capital sospechosos. Este análisis automatizado hace casi imposible ocultar activos significativos.
Los profesionales del sector patrimonial adaptan sus servicios. Ofrecen cada vez más asesoría sobre cumplimiento regulatorio. La planificación fiscal agresiva da paso a estrategias conservadoras. La prioridad cambió de minimizar impuestos a evitar sanciones.
El mensaje desde Beijing es claro y contundente. Las fortunas chinas, sin importar dónde estén, están bajo escrutinio. El alcance extraterritorial de la autoridad fiscal se expande. La era de los activos offshore opacos llegó a su fin.
