El 9 de mayo de 2026, los medios oficialistas del régimen nicaragüense publicaron simultáneamente un documento. Se trata de una “carta aclaratoria” atribuida a Alba Luz Ramos Vanegas. Ella es, legalmente, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. La carta niega que Ramos esté detenida. También niega que haya huido del país. Además, declara su lealtad a Daniel Ortega y Rosario Murillo. Sin embargo, el documento no tiene firma.
Una carta sin firma autógrafa genera más preguntas que certezas en Nicaragua. Fue distribuida únicamente por medios del Estado. ¿La escribió realmente Ramos? ¿La firmó y el régimen eligió no publicar esa versión? ¿O el texto fue producido sin su participación real? Estas interrogantes permanecen sin respuesta. Nadie ha podido verificar la autenticidad del documento.
El régimen no ha permitido ninguna aparición pública de la magistrada desde octubre de 2023. Han pasado dos años y medio. Ramos tiene 76 años de edad. Fue, hasta hace menos de tres años, la figura judicial más poderosa de Nicaragua. Llevaba treinta y cinco años como magistrada de la Corte Suprema. Trece de ellos los ejerció como presidenta. Era, según registros regionales, la magistrada en funciones con más antigüedad en todo el continente.
Alba Luz Ramos Vanegas nació el 3 de junio de 1949 en León, Nicaragua. Militante del Frente Sandinista de Liberación Nacional desde los años 70, ingresó al servicio público en los 80. Fue durante la revolución sandinista. Se incorporó a la Corte Suprema de Justicia como magistrada en 1988. Fue presidenta de la institución en 2002-2003. Retomó el cargo en 2010. Lo mantuvo de forma continua desde entonces.
Con 49 años de ejercicio profesional como Doctora en Derecho, 35 de ellos los ejerció como magistrada. Su título lo obtuvo en la UNAN-León. En 2002, bajo el gobierno de Enrique Bolaños, se convirtió en la primera mujer en presidir ese organismo. Entre los cargos que ocupó antes figuraron directora nacional de registros en 1981. También fue procuradora penal de la República en 1983. Además, ejerció como viceministra de Justicia en 1984, según recuento de la plataforma Nicaragua Investiga.
Hasta 2019, se le contabilizaban 27 parientes ocupando cargos en el Poder Judicial. Entre ellos estaba su hija María Alejandra Ramos. Ella fungía como su asistente personal. Este nivel de nepotismo era característico de la estructura de poder nicaragüense.
En diciembre de 2018, Ramos condenó verbalmente, sin previo juicio, a personas acusadas de participar en las protestas. Estas protestas eran contra el régimen de Daniel Ortega. Con ello violó la garantía constitucional de presunción de inocencia. Abogados la criticaron abiertamente por ello. Este episodio reveló su alineamiento con el régimen.
Sin embargo, su relación con Rosario Murillo fue siempre tensa. Cuando Murillo comenzó a madurar su poder real alrededor de 2014, Ramos empezó a ausentarse de las reuniones. Evitaba específicamente las reuniones de los cuatro poderes del Estado si sabía que quien coordinaría sería Murillo. Si era Ortega, asistía. Si era Murillo, no llegaba. “Es un odio recíproco”, contó una fuente del Poder Judicial al diario La Prensa.
El 24 de octubre de 2023, un grupo de policías vestidos de civil llegó al edificio de la Corte Suprema. Los encabezaba Horacio Rocha. Él es comisionado general en retiro reactivado como asesor presidencial en seguridad. Le dijo a Ramos que debía abandonar su despacho. Cuando ella protestó, Rocha respondió que eran órdenes de arriba. A su hija ni le permitieron recoger sus pertenencias.
Desde ese día, Ramos no volvió a aparecer en ningún acto público. Fuentes del entorno judicial describieron su situación como arresto domiciliario no declarado. La llevaron a su residencia en un residencial de uso militar. Está cerca del kilómetro 16 de la Carretera a Masaya. La residencia quedó rodeada de patrullas policiales.
No hubo decreto de destitución. La Asamblea Nacional tampoco conoció renuncia alguna de Ramos. El régimen de los Ortega Murillo la borró de facto. Simplemente desapareció de la vida pública. Su nombre dejó de mencionarse en actos oficiales.
En las semanas siguientes, la purga se extendió a toda la institución. Más de mil empleados del Poder Judicial perdieron sus cargos. Las propiedades de Ramos se supone fueron confiscadas. Su colaborador más cercano, Roberto Larios Meléndez, fue desnacionalizado. Fue deportado a Estados Unidos tras meses en la cárcel El Chipote. En noviembre de 2025, el régimen completó la reestructuración de la Corte. Instaló magistrados enteramente supeditados a la cúpula.
El trasfondo de la purga nunca fue explicado oficialmente. Las fuentes consultadas por medios independientes apuntan a varias hipótesis. Una señala irregularidades financieras dentro de la administración de la Corte. La magistrada habría tolerado o promovido estas irregularidades. Otra hipótesis, más sencilla y más grave, es que Rosario Murillo tiene una animadversión personal contra Ramos.
Una tercera hipótesis sugiere que Ramos sabía demasiado. Tres décadas y media en la cima del Poder Judicial implican conocimiento de expedientes. También implica conocimiento de acuerdos y maniobras que nunca fueron públicos. El régimen tenía razones para no querer que esa información circulara libremente. El silencio forzado podía ser una forma de control.
El control sobre ella era férreo incluso antes del desalojo. En 2022, cuando viajó a República Dominicana para un congreso de cortes supremas, el régimen impuso una condición. Su hija debía quedarse en Nicaragua. Ramos viajó y regresó. Según una fuente citada por el diario La Prensa, la magistrada habría intentado después salir del país de manera irregular. Habría planeado hacerlo con toda su familia.
En enero de 2025 un juez argentino dictó una orden de captura internacional contra ella. La señaló como cómplice de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la represión de 2018. Si lograba salir de Nicaragua, la Interpol podría arrestarla. Esto ocurriría en el primer país al que llegara. Esta orden complicaba aún más su situación.
Ese es el contexto en el que hay que leer los rumores de mayo de 2026. En los primeros días del mes, cuentas en redes sociales comenzaron a circular versiones. Hablaban de un arresto efectivo de Ramos y su posterior fuga. Según esos reportes, habría escapado junto a su hija y su yerno hacia Costa Rica. Habría burlado la vigilancia policial que custodiaba su vivienda. Ninguna fuente oficial confirmó ni desmintió el paradero de la magistrada.
Dos días después de que esos rumores comenzaran a circular, el régimen publicó la carta. “Ante la campaña de infamias, noticias falsas y montajes mediáticos que circulan en plataformas digitales, me dirijo al pueblo de Nicaragua para rechazar categóricamente las calumnias que intentan empañar la imagen de nuestro gobierno, y al mismo tiempo manchar mi honor y el de mi familia, con el único fin de generar confusión en nuestro pueblo”, indica.
El texto lleva fecha del 7 de mayo. Fue difundido el 9. En el primero de sus tres puntos, Ramos supuestamente desmiente su salida del país. Califica los reportes de “ataques desesperados”. En el segundo punto, niega que ella o su familia hayan sido investigados o detenidos. En el tercero, declara cuarenta años de servicio al pueblo nicaragüense. Termina con una frase de lealtad explícita a Ortega y Murillo.
“Reafirmo, con la frente en alto, mi trayectoria de más de 40 años de servicio ininterrumpido al pueblo nicaragüense. Mi compromiso ha sido, es y será con mi patria. Mi lealtad es firme hacia nuestra población y a su gobierno ,los Copresidentes, Comandante Daniel Ortega Saavedra y Compañera Rosario Murillo Zambrana”, dice la carta.
La carta fue publicada únicamente por medios del Estado. No hubo aparición en cámara. No hubo audio. No hubo imagen reciente de la magistrada. Solo el documento. Y, crucialmente, sin firma.
Para los medios independientes nicaragüenses, que trabajan desde el exilio por la persecución del régimen, la forma del documento es reveladora. Es tan reveladora como su contenido. Artículo 66 señaló que la reaparición mediante comunicado escrito, en lugar de una comparecencia televisada, generaba suspicacias. Estas suspicacias son entre quienes conocen los mecanismos del sandinismo. Nicaragua Investiga apuntó que una carta sin firma, en lugar de aclarar, profundiza las dudas.
Cuando un colaborador de alto rango cae en desgracia en el régimen sandinista, el proceso sigue un patrón. No termina con la expulsión del cargo. Termina con una declaración pública de lealtad al mismo sistema que lo purga. Es una humillación ritual. Es también un mensaje de advertencia para otros.
Ramos no es el primer caso de deserción de altos personeros sandinistas. El magistrado Rafael Solís, amigo personal de Ortega durante décadas, huyó al exilio en 2019. El hermano del dictador, Humberto Ortega, fue marginado políticamente hace años. Murió como preso político del régimen de su hermano en septiembre de 2024. Varios funcionarios que se creyeron intocables terminaron siendo devorados por el mismo sistema que construyeron.
En el caso de Ramos, su limbo jurídico se ha sostenido durante casi tres años. El régimen no la encarcela formalmente. Tampoco la libera. Una orden de captura internacional la atrapa desde afuera. Su única reaparición pública, después de todo ese tiempo, es un texto sin firma. Fue publicado por los medios del Estado.
Al cierre de esta edición, el paradero real de Alba Luz Ramos no ha sido confirmado. Ninguna fuente independiente ha podido verificarlo. El régimen no ha permitido ningún contacto verificable con la magistrada. La carta sigue siendo el único signo de vida. Un signo de vida cuestionable. Un documento que genera más dudas que certezas. Una prueba más del control absoluto que ejerce el régimen sobre quienes alguna vez formaron parte de su estructura de poder.
