La tensión social y la seguridad se entrelazan en Ecuador tras la detención de presuntos miembros del Tren de Aragua durante protestas contra el alza del diésel. Las autoridades ecuatorianas capturaron a dos ciudadanos venezolanos señalados como integrantes de esta organización criminal.
Los arrestos se produjeron en medio de manifestaciones masivas organizadas por el movimiento indígena. Específicamente, los sospechosos fueron detenidos junto a otras dieciocho personas en el municipio de Otavalo, provincia de Imbabura.
El ministro del Interior, John Reimberg, expresó su preocupación por la presencia de estos individuos en las protestas. “Esto es algo que nos llama la atención, qué hacen estos venezolanos en estas manifestaciones”, declaró durante una entrevista televisiva.
La situación se torna más compleja considerando que Ecuador atraviesa un “conflicto armado interno” desde inicios de 2024. El presidente Daniel Noboa ha catalogado oficialmente al Tren de Aragua como grupo terrorista, junto a otras organizaciones internacionales.
Las detenciones ocurrieron luego de un violento ataque a un destacamento policial en Otavalo. El incidente dejó como saldo dos policías heridos y considerables daños materiales en las instalaciones.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) lidera las protestas contra el incremento del precio del diésel. El combustible pasó de costar 1,80 a 2,80 dólares por galón tras la eliminación del subsidio gubernamental.
El gobierno de Noboa trasladó temporalmente su sede ejecutiva a Latacunga, capital de Cotopaxi. Esta provincia, junto a Imbabura, registra la mayor concentración de manifestantes y tensión en las calles.
Las autoridades han desplegado fuerzas policiales y militares para contener las manifestaciones. Los accesos a Latacunga amanecieron militarizados para impedir el avance de los protestantes.
El Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) mantiene su presión sobre el ejecutivo. Sin embargo, el presidente Noboa ha sido enfático en que no negociará la eliminación del subsidio al diésel.
La medida busca liberar aproximadamente 1.100 millones de dólares anuales. El gobierno planea destinar estos recursos a programas de protección social y apoyo a pequeñas y medianas empresas.
Los líderes indígenas argumentan que el incremento del combustible afecta desproporcionadamente a las poblaciones rurales. En años anteriores, protestas similares lograron revertir medidas económicas durante los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso.
La Fiscalía General ha advertido que actuará con “firmeza” ante posibles delitos durante las manifestaciones. Mientras tanto, continúan las investigaciones sobre la participación de los venezolanos detenidos en los disturbios.
Las autoridades mantienen especial vigilancia ante la posibilidad de que grupos delictivos infiltren las protestas. La designación del Tren de Aragua como organización terrorista otorga poderes especiales a las fuerzas de seguridad para perseguir a sus miembros.
El clima de tensión persiste mientras el gobierno equilibra dos desafíos simultáneos: mantener el orden durante las protestas sociales y combatir la amenaza del crimen organizado transnacional.
