En la mañana del 17 de mayo de 2024, la cárcel La Modelo de Bogotá se convirtió en el epicentro de un caos que resonó más allá de sus muros, afectando incluso la tranquilidad de las calles aledañas. Un artefacto de gas lacrimógeno, lanzado desde el interior de los patios 4 y 5 hacia la carrera 56 con calle 18, marcó el inicio de una serie de eventos que desataron la alarma en la localidad de Puente Aranda. Este acto no solo provocó la intervención inmediata de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) sino que también llevó al cierre temporal de una de las vías principales, evidenciando la tensión que se vivía dentro del penal.
La situación en La Modelo, una de las prisiones más notorias de la capital colombiana, se complicó aún más con la muerte del director del centro, el coronel (r) Élmer Fernández, en un acto de sicariato el día anterior. Este suceso, que sacudió a la comunidad penitenciaria y de seguridad, puso de manifiesto las profundas vulnerabilidades y desafíos que enfrentan las autoridades en el manejo de la seguridad dentro y alrededor de las instalaciones carcelarias.
En medio de este contexto de violencia y desorden, se encuentra Pedro Nel Caro Triana, alias “Pedro Pluma”, un nombre que resuena con fuerza tanto dentro como fuera de los muros de La Modelo. Señalado como el presunto autor de la amenaza de muerte contra el director Fernández, su presencia en el penal subraya la compleja red de poder y control que operan algunos reclusos desde sus celdas. El mensaje amenazante que presuntamente envió a Fernández es un claro indicativo de cómo la violencia y la intimidación se han convertido en herramientas de negociación y poder dentro del sistema penitenciario.
La respuesta de las autoridades a estos eventos ha sido multifacética. Por un lado, se han llevado a cabo allanamientos y traslados dentro de la cárcel, en un intento por restablecer el orden y la seguridad. Por otro lado, la tragedia ha reavivado el debate sobre la necesidad de abordar las causas fundamentales de la violencia y la inseguridad en las prisiones colombianas. Óscar Robayo, presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios, ha hecho un llamado al diálogo y la concertación, sugiriendo que la negociación con grupos delincuenciales podría ser un camino hacia la paz y la estabilidad dentro de las cárceles.
Este complejo escenario en La Modelo de Bogotá es un microcosmos de los desafíos que enfrenta el sistema penitenciario colombiano en su conjunto. La violencia, el hacinamiento, la corrupción y la falta de recursos son problemas endémicos que requieren soluciones integrales y sostenibles. La muerte del coronel Fernández y los disturbios en La Modelo no son sino síntomas de una crisis más profunda que afecta no solo a los reclusos y al personal penitenciario, sino también a la sociedad colombiana en su conjunto.
La necesidad de reformas estructurales en el sistema penitenciario es evidente. Estas deben ir más allá de medidas punitivas y buscar abordar las causas raíz de la violencia y la criminalidad. La educación, la rehabilitación y la reinserción social de los reclusos deben ser pilares fundamentales de cualquier estrategia de reforma. Además, es crucial fortalecer las medidas de seguridad y protección para el personal penitenciario, quienes a menudo se encuentran en la primera línea de un conflicto que trasciende los muros de las prisiones.
El caso de La Modelo es un llamado de atención sobre la urgente necesidad de repensar y reformar el sistema penitenciario en Colombia. Solo a través de un enfoque holístico y humano, que reconozca la dignidad y los derechos de todas las personas involucradas, se podrá avanzar hacia una solución duradera a la crisis penitenciaria del país. La violencia y el caos no pueden ser el legado de las prisiones colombianas; es hora de buscar un nuevo camino hacia la justicia, la seguridad y la paz.
