La mayoría de los chilenos desconoce que sus datos más sensibles podrían estar comprometidos. Los empresarios tampoco parecen estar al tanto. Los militares conocen la situación pero prefieren guardar silencio. Los vecinos del país sudamericano permanecen igualmente inadvertidos.
Sin embargo, la realidad es preocupante. A partir de un convenio entre Chile y China, la información de millones de latinoamericanos podría procesarse en microsegundos en Beijing. Todo esto surge de la asociación China-Chile Express (CCE).
Se trata de un proyecto para instalar un cable submarino de fibra óptica. Este unirá ambas naciones a través del Océano Pacífico. Valparaíso y Hong Kong serán los puntos de confluencia. No obstante, poco se conoce sobre el avance del plan tecnológico.
La transparencia no es un valor agregado en los negocios chinos. Este no es apenas un eslabón más dentro del plan del régimen. Xi Jinping busca lograr influencia en sectores estratégicos de América Latina.
También resultará en una puerta a información sensible de la región. Datos bancarios, de consumo y conversaciones privadas quedarían bajo control chino. Decenas de millones de usuarios se verían afectados.
Pero no solo esos datos se verían comprometidos. Documentos gubernamentales, militares y empresariales pasarían igualmente por la matriz tecnológica de Beijing. Información de seguridad e inteligencia también estaría expuesta.
El análisis de ese caudal informativo no sería un problema, según el régimen. La Inteligencia Artificial facilitaría tareas que antes eran imposibles de procesar. Herramientas como DeepSeek estarían integradas al Ejército Popular de Liberación (EPL).
La falta de transparencia en el proyecto llama la atención. Además, podría generar consecuencias económicas importantes. La incertidumbre podría crear una carga regulatoria para las empresas chilenas. Estas empresas desearían utilizar el cable para sus operaciones.
Surgen múltiples interrogantes sin respuesta. ¿Tendrán que asumir costos extras esas empresas? ¿Cómo impactarán estos en los negocios? ¿Podría comprometerse algún sector de la economía chilena? ¿Chile dejará de ser un país seguro para los negocios?
Hay otro punto preocupante en el proyecto CCE. Se trata de la falta de calidad en los emprendimientos estructurales chinos. El régimen tiene un largo récord de graves fallas infraestructurales. Su afán por copar sectores estratégicos en América Latina ha dejado consecuencias.
En Perú, el Puerto Chancay ha generado impacto en la erosión costera. En Ecuador, la represa Coca Codo Sinclair presenta grietas que amenazan su funcionamiento. Esta es la más grande del país. También pone en riesgo el medio ambiente.
En Bolivia, la construcción de carreteras en pésimo estado requiere reparaciones constantes. La explotación minera ha causado gravísimo impacto ambiental. En Brasil, la deforestación para los agronegocios avanza sin control. La lista es interminable.
Además, China suele imponer cláusulas que limitan el control oficial. Estas restricciones afectan a los países con los que se asocia. Un ejemplo claro es el de exploración espacial en la Patagonia argentina.
El EPL instaló una base para, supuestamente, “ver las estrellas”. Esa estación de control de comunicaciones está conducida por personal militar chino. Las autoridades argentinas no pueden ingresar para controlar la megaantena. Esta se encuentra instalada en Bajada del Agrio, en la provincia de Neuquén.
Las “estrellas” que se ven desde allí deben ser muy confidenciales. Otro punto que genera suspicacias aún no se ha informado. ¿Cómo fueron los procesos de licitación? ¿Hubo procesos de licitación?
¿Qué empresas se beneficiarían con el tendido? ¿Cuáles serán los costos? ¿Quién decidió esos beneficios? Hay una larga lista de hechos de corrupción vinculados al régimen chino. Estos se relacionan con negocios en América Latina.
Chile, hasta ahora, estaba fuera de ese radar de sospecha. Los promotores del cable son entusiastas. Los funcionarios actuales también muestran optimismo.
Dicen que tendrá velocidades de hasta 16 terabits por segundo. Su implementación se traduciría en un “salto cualitativo”. Supuestamente ofrecería mayor velocidad, fiabilidad y reducción en los costos.
El gobierno guarda silencio sobre el tema. La embajada de China en Santiago también permanece callada. La administración de Gabriel Boric quiere que el tiempo pase. Le quedan apenas 27 días de gestión.
Si se cae el proyecto en el próximo gobierno, Boric podrá argumentar algo. Dirá que cumplió su parte con el Partido Comunista Chino.
En Chile son pocos los que advirtieron sobre el proyecto CCE. Algo olía mal, según estos críticos. Los nodos de transmisión serían controlados por China.
Uno de los primeros en alzar la voz fue el senador Alejando Kusanovic. Representa a la Región de Magallanes. “No ha existido una conducción institucional clara ni transparente y dudo que Cancillería haya tenido claro en este tema el interés nacional. Las decisiones se tomaron por impulsos presidenciales, sin lineamientos estables ni defensa coherente de lo que Chile necesita”, dijo.
Por su parte, el diputado republicano Hotuiti Teao expresó su preocupación. Afirmó que el proyecto chino CCE “se vincula directamente con infraestructura crítica de telecomunicaciones y con decisiones que inciden en la proyección digital del país”.
Teao añadió algo más. “Solicitamos que al retorno del receso legislativo (el próximo 2 de marzo), la Comisión de Defensa Nacional realice una sesión secreta para revisar los antecedentes del proyecto de cable submarino que conectaría Chile con Hong Kong”.
Kusanovic señaló que el próximo gobierno chileno debe actuar de inmediato. “Debe corregirlo con urgencia, y espero que en esto no se desmarque del interés nacional”, afirmó.
José Antonio Kast asumirá la presidencia el próximo 11 de marzo. Este sensible asunto tecnológico será uno de los primeros retos. Aún no está en la agenda diaria de los chilenos. También será una de las primeras presiones que deberá soportar.
Beijing buscará cumplir la promesa empeñada por Boric al régimen chino. El nuevo gobierno enfrentará decisiones complejas. La soberanía digital del país está en juego.
La información de millones de latinoamericanos pende de un hilo. Las consecuencias podrían extenderse más allá de las fronteras chilenas. La región observa con atención lo que sucederá.
Los próximos meses serán cruciales para definir el futuro del proyecto. La transparencia y el interés nacional deberán prevalecer. La seguridad digital de Chile y América Latina está en riesgo.
