Mientras los productores de arroz de Guárico y Portuguesa luchan por salvar su cosecha, buques brasileños descargan miles de toneladas de arroz importado. En los silos, la respuesta es siempre la misma: no hay capacidad. Los agricultores enfrentan una situación desesperante en plena temporada de recolección.
La crisis estalló precisamente cuando la producción nacional alcanzaba su punto máximo. Los estados de Portuguesa y Guárico concentran cerca del 85% de la producción nacional de arroz. Sin embargo, justo en ese momento crítico, grandes cargamentos comenzaron a llegar desde Brasil.
“Nos dijeron que produjéramos cuando el país estaba en escasez. Ahora nos dejaron solos otra vez”, resumió un productor y dirigente gremial del sector arrocero venezolano. Su nombre fue reservado por razones de seguridad debido a la delicadeza del tema.
Los documentos obtenidos revelan detalles precisos de estas operaciones comerciales. Un cargamento de 10.000 toneladas métricas de arroz paddy salió del puerto de Macapá, Brasil. El exportador registrado fue SRMZ FOOD TRADING LIMITED, empresa domiciliada en Isla de Man. Esta jurisdicción offshore es conocida por sus ventajas fiscales y regulaciones flexibles.
La carga fue consignada a XIE YEN ALIMENTOS AGROINDUSTRIALES C.A., empresa radicada en el estado Miranda. Las 10.000 toneladas llegaron sin procesar para ser trilladas posteriormente. Después, el arroz sería distribuido en el mercado venezolano desplazando la producción local.
La Declaración Única de Aduanas confirmó oficialmente el ingreso del cargamento a Venezuela. El arroz entró por la Aduana Principal de Puerto Cabello entre el 30 de abril y el 1 de mayo de 2026. La documentación fue procesada a través del sistema SIDUNEAWORLD con todos los sellos oficiales correspondientes.
Las 10.000 toneladas fueron declaradas por un valor de 2,9 millones de dólares bajo modalidad CFR. El arancel y el IVA fueron exonerados completamente, marcando 0% en ambos casos. Este beneficio fue otorgado por tratarse de un alimento de primera necesidad según las autoridades.
El expediente identifica a AGENTES ADUANALES VICGABXI, C.A. como responsable de la nacionalización de la mercancía. Los sellos de inspección de la Guardia Nacional Bolivariana aparecen claramente en la documentación de Puerto Cabello. Todo el proceso contó con el respaldo y aprobación de las autoridades venezolanas.
Los productores aseguran que ese cargamento forma parte de una ola mucho mayor de importaciones. Según el agroproductor venezolano exiliado en España Miguel Arvelaiz, ya ingresaron ocho buques completos. Además, al menos siete embarcaciones más estarían próximas a arribar en las próximas semanas.
“El mercado quedó abastecido por meses justo cuando comienza la cosecha nacional. Eso destruye el precio del productor venezolano”, afirmó Arvelaiz. La sincronización de estas importaciones masivas genera sospechas entre los agricultores sobre posibles intenciones deliberadas.
El problema central radica en el enorme diferencial de costos entre ambos productos. Producir arroz en Venezuela cuesta actualmente entre 600 y 630 dólares por tonelada acondicionada. En contraste, el arroz importado desde Brasil estaría entrando por unos 270 a 280 dólares por tonelada.
“Con esa diferencia nadie puede competir”, explicó el dirigente gremial consultado. Esta brecha de precios hace prácticamente imposible que los productores nacionales mantengan su actividad. La competencia resulta desigual desde cualquier perspectiva económica que se analice.
El ciclo pasado el arroz húmedo llegó a pagarse a 0,52 dólares por kilo. Este año, tras negociaciones entre el Estado, la agroindustria y algunos sectores productivos, el precio acordado cayó a 0,40 dólares. Esta reducción representa un golpe significativo para los márgenes de ganancia de los agricultores.
Sin embargo, incluso ese monto comenzó a ser cuestionado por industrias procesadoras. Ahora buscan comprar por debajo de ese valor aprovechando la saturación del mercado. Los productores se encuentran atrapados entre costos elevados y precios que siguen bajando.
José Luis Pérez, presidente de la Federación Venezolana de Arroz, denunció recientemente la situación. Varias empresas se niegan a recibir el arroz nacional porque sus silos están llenos. El producto importado ocupa todo el espacio disponible dejando sin opciones a los agricultores locales.
“El productor llega y no tiene a quién venderle”, resumió una de las fuentes consultadas. Esta situación genera pérdidas incalculables para quienes invirtieron en la siembra. Muchos agricultores enfrentan ahora la posibilidad real de perder toda su producción.
Para los productores, lo que ocurre hoy no es un hecho aislado ni casual. Se trata de la continuidad de un modelo instalado desde los tiempos de Hugo Chávez. Este sistema ha privilegiado sistemáticamente las importaciones sobre la producción nacional durante más de dos décadas.
Durante los años de CADIVI y el control cambiario, importar alimentos con dólares preferenciales resultaba más rentable. Producirlos en Venezuela se volvió cada vez menos atractivo para los grandes operadores económicos. Según productores consultados, aquello destruyó buena parte del aparato agrícola nacional y sus capacidades.
“El negocio siempre estuvo en importar”, aseguró Arvelaiz. “Ahí nació la economía de puertos”. Este término se refiere al modelo que privilegia la entrada de productos extranjeros. Los puertos se convirtieron en centros de poder económico más importantes que las zonas agrícolas.
La crisis económica venezolana obligó luego al Estado a estimular parcialmente la producción nacional. La caída de importaciones durante los años más duros generó escasez generalizada de alimentos. En ese contexto, el gobierno promovió temporalmente el desarrollo agrícola interno para abastecer el mercado.
Pero ahora, denuncian los productores, el esquema volvió a favorecer a los importadores. “Es exactamente lo que está pasando”, afirmó el dirigente gremial entrevistado. “Nos necesitaron cuando no había comida y ahora otra vez favorecen las importaciones”.
Productores y dirigentes agrícolas denuncian que el acceso a las licencias de importación sigue concentrado. Pocos actores con respaldo político y financiero controlan este lucrativo negocio. El sistema de permisos funciona de manera opaca sin criterios públicos claramente establecidos.
Entre las empresas mencionadas por el sector aparecen las marcas comerciales de arroz Mary y arroz Kali. Estas compañías son señaladas como organizaciones con acceso privilegiado a permisos de importación. Sus nombres circulan constantemente entre los productores afectados por la situación actual.
“Solo dos o tres empresas manejan realmente ese negocio”, aseguró una de las fuentes consultadas. Esta concentración genera un monopolio de facto en el sector. Los pequeños y medianos productores quedan completamente excluidos de las decisiones que afectan el mercado.
Según Arvelaiz, el esquema actual mantiene rasgos similares a los denunciados durante años. “Antes eran dólares preferenciales; ahora son licencias, permisos y acceso privilegiado. El aparato productor quedó apartado otra vez”, afirmó. Los mecanismos cambian pero el resultado es siempre el mismo.
El productor exiliado también sostuvo que sectores militares continúan teniendo influencia en distintas áreas. El negocio agroalimentario venezolano involucra a grupos extranjeros vinculados a las importaciones. Estas conexiones políticas y militares resultan fundamentales para acceder a las licencias necesarias.
Más allá del problema de los precios, los productores describen condiciones extremadamente precarias para trabajar. “Estamos haciendo milagros”, resumió el dirigente gremial. La falta de recursos básicos convierte cada cosecha en una hazaña casi imposible.
Los agricultores denuncian escasez permanente de combustible para sus maquinarias y vehículos. La falta de financiamiento bancario impide realizar inversiones necesarias en tecnología y mejoras. La maquinaria disponible está deteriorada por años de uso sin mantenimiento adecuado.
Los problemas de transporte complican el traslado de la cosecha a los centros de procesamiento. Las trabas burocráticas permanentes retrasan cada operación comercial y administrativa. Uno de los casos relatados fue el de un productor detenido por trasladar gasoil destinado a su finca.
“El sistema financiero prácticamente no existe para el agro”, explicó una de las fuentes. Los bancos no ofrecen créditos accesibles para el sector agrícola venezolano. “Las plantas tampoco tienen capital suficiente para absorber la cosecha”, agregó el dirigente gremial.
Según los productores, muchas empresas procesadoras quedaron sin capacidad financiera para comprar arroz nacional. Mientras tanto, los actores que manejan importaciones ya tienen inventarios suficientes para meses. Esta asimetría de recursos profundiza aún más la desigualdad en el sector.
El resultado es una cadena productiva completamente paralizada en varios puntos críticos. Hay agricultores que cosechan sin tener compradores disponibles para su producción. Muchos productores están obligados a vender a pérdida para no perder toda la cosecha.
El presidente de Fedeagro, Osman Quero Pérez, calificó recientemente la situación como “irreversible” para muchos productores. Responsabilizó directamente a decisiones desacertadas en materia de importaciones por parte del Estado. Sus declaraciones generaron controversia pero encontraron amplio respaldo entre los agricultores afectados.
Según explicó Quero Pérez, el sector había calculado que solo se requerían 200.000 toneladas importadas. Esta cantidad sería suficiente para complementar el consumo nacional sin afectar a los productores locales. Sin embargo, las licencias otorgadas superaron ampliamente esa necesidad calculada por los técnicos.
Los productores temen ahora por la próxima siembra y su viabilidad económica. “¿Quién va a volver a sembrar después de esto?”, preguntó Arvelaiz. La pregunta refleja la incertidumbre que domina al sector agrícola venezolano actualmente.
“Mientras tanto estamos ayudando las economías de otros países”, añadió el productor exiliado. El dinero que podría circular en la economía venezolana se va al exterior. Los empleos que podrían generarse localmente se crean en Brasil y otros países exportadores.
La nueva crisis del arroz en Venezuela volvió a poner en evidencia un viejo problema. Durante años, productores y economistas han denunciado la llamada “economía de puertos”. Este modelo se basa en importaciones favorecidas por el poder político establecido.
Según el sector agrícola, este sistema terminó desplazando nuevamente a la producción nacional. Las políticas públicas privilegian sistemáticamente a los importadores sobre los productores locales. Los agricultores venezolanos quedan marginados de las decisiones que afectan directamente su sustento.
Dos décadas después de que el chavismo prometiera alcanzar la soberanía alimentaria, la situación es paradójica. Muchos agricultores venezolanos vuelven a enfrentar el mismo dilema de siempre. No compiten contra el mercado internacional en condiciones equitativas ni transparentes.
En cambio, deben competir contra un sistema donde importar sigue siendo más rentable que producir. Las conexiones políticas pesan más que la eficiencia productiva o la calidad. El acceso a divisas y permisos determina el éxito más que el trabajo agrícola.
La economía de puertos regresó con fuerza dejando a los productores de arroz al borde de la quiebra. El alivio parcial de las sanciones internacionales reactivó las importaciones masivas. Este modelo privilegia a grupos empresariales vinculados a sectores militares y con acceso al poder.
El agro nacional quedó nuevamente desplazado por intereses que no responden a criterios productivos. Los agricultores que respondieron al llamado de sembrar cuando había escasez se sienten traicionados. Ahora enfrentan la ruina mientras buques extranjeros siguen descargando arroz en los puertos venezolanos.
