El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, sentado en una ceremonia oficial
Foto de archivo: Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, en un acto oficial / Presidencia de la República (dominio público), Wikimedia Commons. Recorte de El Centavo

La Alcaldía de Bogotá prepara un proyecto de acuerdo para fusionar, suprimir o liquidar ocho entidades distritales. Según el borrador, que se filtró y que conoció El Tiempo, también crearía un fondo mixto de cultura. El documento no ha sido radicado y puede cambiar. La Alcaldía no ha publicado su texto.

La reforma necesita la aprobación del Concejo. Según la información más reciente, se presentaría en febrero de 2027, el primer mes del último año del alcalde Carlos Fernando Galán. Antes se había contemplado radicarla este año. Una fuente de la Alcaldía dijo que se define «si alcanzamos este año o nos toca en febrero».

Esto es lo que propone el borrador, según los medios que lo conocieron. El Departamento Administrativo del Servicio Civil pasaría a la Secretaría General. El Foncep, fondo de prestaciones, cesantías y pensiones, sería liquidado. Sus obligaciones irían a la Secretaría de Hacienda.

El Idep, instituto de investigación educativa, sería suprimido, y sus funciones pasarían a la Secretaría de Educación. El Idipron, instituto de protección de la niñez y la juventud, pasaría a la Secretaría de Integración Social. La Fundación Gilberto Alzate Avendaño se fusionaría con el Idartes. El Ipes, instituto de economía social, sería disuelto. Sus funciones irían a la Secretaría de Desarrollo Económico.

La Agencia Analítica de Datos, Ágata, sería liquidada. Según El Espectador y Portafolio, el borrador facultaría al alcalde para venderla o liquidarla. Sus tareas irían a la ETB o a la Secretaría General, según la decisión final. La Entidad de Gestión Administrativa y Técnica, que presta servicios al sector salud, sería eliminada. La administración distrital asumiría sus tareas.

Además, se crearía el Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes. Estaría vinculado a la Secretaría de Cultura y no tendría ánimo de lucro. Combinaría recursos públicos y privados. Operaría la red pública de bibliotecas BibloRed y estructuraría proyectos de arte.

Los medios no cuentan igual las entidades afectadas. El Tiempo habla de siete fusionadas y una liquidada. Portafolio cuenta seis, las que pierden autonomía. En la lista del borrador son ocho.

El Tiempo reportó un ahorro de unos $40.000 millones al año. Vendría de menores costos de funcionamiento, sobre todo en cargos directivos y de libre nombramiento. Según esa fuente, se eliminarían unos 53 cargos. El medio no muestra cómo se calculó la cifra. El Espectador y otra nota de El Tiempo dicen que el borrador no trae cifra de ahorro.

No hay una cifra pública de empleados afectados. El borrador, según El Tiempo y El Espectador, garantiza los derechos de los servidores de carrera administrativa. También respeta los acuerdos colectivos. Los programas, funciones y contratos pasarían «sin interrupciones» a las entidades receptoras. Habría protección laboral reforzada para tres grupos. Cubre a cabezas de hogar sin alternativas económicas y a personas con discapacidad. También a quienes estén a tres años o menos de pensionarse.

Miguel Silva, secretario general de la Alcaldía, dijo que «un proceso de modernización institucional no se hace por decreto ni a punta de trinos». Agregó: «No vamos a eliminar ningún programa social». Sus metas son «modernizar el Distrito» y «hacer más con menos».

La concejala Heidy Sánchez Barreto, del Pacto Histórico, publicó un hilo en X el 9 de noviembre. Dice que la administración justifica la supresión del Ipes, el Idipron y el Foncep en problemas de cobertura, duplicidad de funciones y eficiencia administrativa. Lo hace, según ella, «sin demostrar suficientemente que su eliminación garantice mejores servicios». Persisten, añade, interrogantes sobre los empleos, los servidores y los contratistas.

«Especial preocupación genera la liquidación del IPES, pues no se explica cómo se garantizará la continuidad y el fortalecimiento de los programas dirigidos a vendedores informales…».

Heidy Sánchez Barreto, concejala de Bogotá

Juan Carlos Realpe, edil de Kennedy, escribió en X: «¿Cuántos empleos están en riesgo? ¿Qué garantías tendrán quienes hoy prestan sus servicios al Distrito?». Pidió conocer «los estudios técnicos, el impacto laboral y el verdadero ahorro».

Según El Tiempo, algunos concejales, que no nombra, ven la propuesta como una buena iniciativa que reduce la burocracia. También hay sectores que dicen que «es muy poco tiempo para debatir una reforma administrativa tan importante como esta».

Hasta la mañana del 10 de noviembre, los sindicatos distritales y los directores de las entidades no se habían pronunciado en público. La administración dijo que el proyecto puede cambiar hasta febrero con aportes de sindicatos, trabajadores y concejales.

La última gran reforma administrativa de Bogotá fue en 2006. Desde entonces se han creado al menos ocho entidades, según la administración. La reforma está en el plan distrital de desarrollo. Allí Galán se comprometió a «formular una propuesta de actualización de estructura, organización y funcionamiento de las entidades».

La transición podría tardar hasta diez meses. En noviembre el Concejo trabaja en el presupuesto de 2027. La nota se actualizará si la Alcaldía publica el texto del proyecto.

Fuentes: Alcaldía de Bogotá (declaraciones de Miguel Silva), Heidy Sánchez Barreto, Juan Carlos Realpe, El Tiempo, El Espectador, Portafolio.

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