Bolivia atraviesa los últimos días antes de las elecciones regionales del 22 de marzo. Más de 5.000 autoridades locales serán elegidas en todo el territorio nacional. Entre los cargos en disputa figuran gobernadores, alcaldes, asambleístas y concejales. Además, se elegirán otras funciones públicas de relevancia local.
El proceso electoral registra un récord histórico de candidatos inscritos. Más de 34.000 postulantes compiten en las diferentes circunscripciones del país. Esta cifra sin precedentes refleja la fragmentación del panorama político boliviano. Asimismo, muestra el interés renovado por los espacios de poder regional.
Estas elecciones autonómicas son las primeras tras la implosión del Movimiento Al Socialismo. El MAS gobernó Bolivia durante las últimas dos décadas de manera hegemónica. Sin embargo, su derrumbe ha transformado radicalmente el escenario político nacional. Ahora, la dispersión de fuerzas caracteriza el mapa electoral boliviano.
Carlos Saavedra, analista y consultor en comunicación política, explica la magnitud del cambio. “Antes en las regiones había la postura oficialista masista contra la antimasista”, señala. Esa división definía claramente el escenario político local en cada departamento. “Ahora hay una absoluta dispersión y caos electoral sin un orden político”, agrega. Los liderazgos locales han proliferado ante el vacío dejado por el MAS.
El derrumbe de la hegemonía masista marca un escenario completamente fragmentado. No existen proyectos políticos con perspectiva nacional que articulen las candidaturas regionales. Por el contrario, cada región presenta dinámicas propias y particulares. Los candidatos responden a intereses locales más que a lineamientos nacionales coherentes.
La sobredosis de candidaturas complica el análisis del proceso electoral. No obstante, un elemento común atraviesa todas las regiones del país. La expectativa autonómica se ha convertido en el eje central de la campaña. Las regiones esperan mayor autonomía administrativa y, especialmente, financiera del gobierno central.
Durante la campaña electoral presidencial, Rodrigo Paz planteó un modelo de redistribución de recursos. Su propuesta se basa en un concepto denominado “50/50” que generó gran interés. Aunque no se explicó técnicamente de manera pública en detalle, la promesa es clara. Supondría una mayor descentralización administrativa y financiera hacia las regiones.
El modelo autonómico se aplica en Bolivia desde el año 2009. Su implementación fue resultado de una larga lucha regional liderada por Santa Cruz. Esta región, la más próspera del país, impulsó la descentralización durante años. Sin embargo, el modelo nunca terminó de implementarse completamente según diversos analistas.
La falta de recursos y ajustes normativos impidió su plena aplicación. Saavedra sostiene que la visión del MAS siempre fue centralista y concentradora. “Hubo transferencia de competencias, pero no hubo transferencia de plata”, señala el experto. Las regiones recibieron responsabilidades sin los recursos necesarios para cumplirlas adecuadamente.
Con ese antecedente, la promesa de Paz genera enormes expectativas en las regiones. Descentralizar los recursos públicos se ha convertido en una demanda regional urgente. Por tanto, uno de los principales desafíos políticos del gobierno es materializar esta propuesta. Lograr acuerdos territoriales será fundamental para el éxito de su administración.
El poder local en Bolivia ha funcionado como contrapeso al nacional durante décadas. Las plazas más disputadas integran el denominado “eje central” del país. La Paz, Cochabamba y Santa Cruz concentran tanto recursos como población significativa. Por ello, los resultados en estas tres regiones tendrán implicancias políticas nacionales.
En Santa Cruz, la disputa por la Gobernación presenta dos candidatos principales. Luis Fernando Camacho, exlíder cívico y actual gobernador, busca la reelección. Juan Pablo Velasco, emprendedor tecnológico y excandidato a vicepresidente, es su principal rival. Las encuestas muestran que ambos lideran con ventaja sobre el resto.
La definición de esta votación tiene implicancias importantes por múltiples razones. El peso demográfico de Santa Cruz es el mayor del país actualmente. Además, su relevancia política y económica es innegable en el contexto nacional. La región genera gran parte de los recursos económicos de Bolivia.
La relación de los principales candidatos con el Gobierno añade complejidad al escenario. Camacho postula en alianza con el presidente Paz en esta elección regional. Mientras tanto, Velasco fue candidato con Jorge Quiroga en las pasadas presidenciales. Quiroga lidera actualmente la oposición a nivel nacional frente al gobierno de Paz.
Otro cargo relevante en el contexto político actual es la Gobernación de Cochabamba. Leonardo Loza, dirigente cocalero, se perfila como ganador según las encuestas disponibles. Loza es uno de los sucesores políticos del expresidente Evo Morales. Ha sido colaborador leal del exmandatario durante muchos años en el movimiento cocalero.
Evo Morales desapareció de la escena pública durante 46 días recientemente. Una enfermedad viral lo mantuvo alejado de sus actividades políticas habituales. Sin embargo, reapareció en un mitin para respaldar públicamente a Leonardo Loza. Este gesto político tiene enorme significado en el contexto electoral de Cochabamba.
Loza ha asumido el rol de vocero del evismo en los últimos años. Representa la continuidad del proyecto político de Morales en la región cocalera. “El verdadero candidato ahí es Evo”, sostiene categóricamente Saavedra sobre la contienda cochabambina. “Es su imagen y su habilidad política las que están en juego”, añade.
La fuerza del evismo se canalizará en la figura de Loza durante esta campaña. Aunque el movimiento tiene otros candidatos para otras instancias regionales, ninguno es tan preponderante. La candidatura de Loza es la más significativa para medir el poder electoral de Morales. Por tanto, el resultado en Cochabamba será interpretado como termómetro del evismo.
El Gobierno también es un actor transversal en esta contienda electoral regional. Tras llegar al poder, Rodrigo Paz articuló una alianza de partidos regionales. El Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) forma parte central de esta coalición. Este partido resucitó después de más de dos décadas sin personería jurídica.
El MIR pertenece a Jaime Paz Zamora, padre del actual presidente. Jaime Paz Zamora gobernó Bolivia entre los años 1989 y 1993. Su partido había desaparecido del escenario político boliviano durante el predominio del MAS. Ahora, con su hijo en el poder, el MIR recupera protagonismo político.
Esta alianza gubernamental se denomina Patria y ha inscrito candidatos en varias plazas. Sin embargo, ninguno consigue imponerse en las encuestas con números entusiastas. Los candidatos de la alianza oficialista no logran despegar en las preferencias electorales. Esta situación preocupa al entorno presidencial ante las próximas elecciones.
Algunos analistas consideran que involucrarse en la campaña electoral fue un error estratégico. El gobierno arriesga su legitimidad en una contienda que podría evitar fácilmente. “El presidente arriesga su legitimidad en una contienda innecesaria”, manifestó Cecilia Solís. La diputada y analista política cuestiona la estrategia electoral del presidente Paz.
Solís añade que esta decisión debilita la transición democrática en Bolivia. Según su análisis, el presidente prefirió lanzarse en una aventura electoral prematuramente. En lugar de ello, debió priorizar la unidad del país en esta etapa. No obstante, el gobierno decidió comprometer su capital político en las regionales.
Ciertamente, en algunos espacios, la elección regional podría funcionar como referéndum. Sería una muestra de aprobación o rechazo al naciente gobierno de Paz. Los resultados de los candidatos oficialistas se interpretarán como respaldo o cuestionamiento presidencial. Sin embargo, la votación está abierta en casi todas las instancias regionales.
Las encuestas muestran, ante todo, un alto nivel de indecisión electoral. Los votantes no tienen claridad sobre los liderazgos locales que enfrentan. La multiplicidad de candidatos dificulta la identificación de propuestas diferenciadas y coherentes. Además, la ausencia de proyectos políticos nacionales aumenta la confusión del electorado.
La fragmentación política es el rasgo dominante de estas elecciones autonómicas bolivianas. Sin el eje articulador del MAS ni una oposición cohesionada, prevalece la dispersión. Los liderazgos locales compiten sin referentes ideológicos claros en muchos casos. Las propuestas se centran en demandas inmediatas más que en visiones programáticas.
La promesa de descentralización del presidente Paz atraviesa todas las campañas regionales. Las autoridades electas esperarán que el gobierno nacional cumpla su compromiso. La transferencia efectiva de recursos será el principal desafío del gobierno central. De ello dependerá la gobernabilidad y la relación entre el poder nacional y regional.
El 22 de marzo se terminará de conformar el mapa político boliviano. Los resultados definirán el equilibrio de poder para el próximo quinquenio en el país. La relación entre el gobierno central y las autoridades regionales será determinante. Asimismo, se medirá la capacidad de supervivencia del evismo sin control del Estado.
Las próximas tres semanas serán intensas en la campaña electoral boliviana. Más de 34.000 candidatos buscarán convencer a un electorado fragmentado y confundido. Las regiones esperan respuestas concretas sobre autonomía y recursos económicos propios. Mientras tanto, el gobierno de Paz se juega su credibilidad política prematuramente.
La expectativa autonómica marca el pulso de estas elecciones en todo el territorio. Bolivia enfrenta una oportunidad histórica de profundizar su modelo descentralizado y autonómico. No obstante, también enfrenta el riesgo de mayor fragmentación y debilitamiento institucional. Los resultados del 22 de marzo comenzarán a responder estos interrogantes fundamentales.
