La tensión entre el Gobierno colombiano y las administradoras de fondos de pensiones continúa escalando. El debate gira en torno al destino de los recursos ahorrados por miles de personas. Estas decidieron trasladar sus aportes a Colpensiones durante la ventana de traslado habilitada recientemente.
Andrés Velasco, presidente de Asofondos, insistió en que las administradoras están acatando las órdenes judiciales. Por su parte, el Ejecutivo mantiene su posición sobre el traslado inmediato de los recursos. La controversia alcanzó un punto crítico tras la suspensión del decreto gubernamental por parte del Consejo de Estado.
Durante tres décadas, bajo la Ley 100, el sistema pensional colombiano operó con una regla clara. Cuando un cotizante se traslada de un fondo a otro, sus recursos acumulados deben moverse con él. Esta ha sido la posición defendida históricamente por el Gobierno en materia de movilidad entre sistemas pensionales.
Sin embargo, la reforma pensional introdujo un cambio sustancial en este mecanismo tradicional de traslado de recursos. El artículo 24 de dicha reforma establece un destino diferente para los dineros de los cotizantes. Estos recursos deberán ser trasladados al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, administrado por el Banco de la República.
Velasco explicó que la nueva normativa modifica radicalmente la destinación de estos recursos en el sistema. En lugar de utilizarse de manera inmediata para el pago de pensiones, deben permanecer ahorrados. Este mecanismo, según el presidente de Asofondos, resulta más sostenible para el sistema pensional en el largo plazo.
Aproximadamente 25.000 afiliados completaron su traslado a Colpensiones durante la ventana habilitada por la reforma. El Gobierno sostiene que el pago de sus pensiones debería financiarse con los 5 billones de pesos actualmente en disputa. Esta cifra representa el monto total de los recursos acumulados por quienes se trasladaron al sistema público.
No obstante, Velasco argumenta que el marco normativo vigente no permite utilizar esos recursos para tal fin. Citando las disposiciones legales actuales, sostiene que el pago de las pensiones debe provenir de otra fuente. Específicamente, señala que debería financiarse con los aportes realizados por otros 105.000 cotizantes que también se trasladaron.
“De esta manera no se abre un hueco en Colpensiones”, afirmó Velasco en entrevista con Blu Radio. Además, destacó que la lógica de mantener el ahorro resulta mucho más poderosa y conveniente. Por eso, agregó, recibieron con beneplácito la decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto gubernamental.
El Consejo de Estado trabaja actualmente en determinar quién tiene la razón en este complejo debate jurídico. Aunque la reforma pensional se encuentra suspendida, lo que favorecería la aplicación de la Ley 100, existen matices importantes. La Corte Constitucional dejó vigentes dos artículos específicos de la reforma que complican el panorama legal.
Uno de los artículos que permanece con vida es el que creó las Administradoras del Componente Complementario. El otro es el artículo 76, que precisamente creó la oportunidad de traslado para los cotizantes. Este último artículo resulta crucial para resolver la controversia sobre el destino de los recursos en disputa.
El artículo 76, actualmente vigente, establece claramente que los recursos deben permanecer en los fondos privados. Esta disposición aplica hasta que los cotizantes trasladados cumplan con los requisitos necesarios para pensionarse. Por esta razón, varios expertos en derecho pensional advirtieron previamente sobre la ilegalidad del decreto gubernamental.
Kevin Hartmann, abogado experto en temas pensionales y fundador de Hartmann Asociados, fue uno de los profesionales consultados. También Andrés Felipe Izquierdo, gerente general de Integral Soluciones Pensionales, expresó su opinión al respecto. Ambos especialistas habían advertido que el decreto del Gobierno contravenía las disposiciones legales vigentes sobre el tema.
El centro del debate se concentra en quienes ya cumplieron los requisitos de pensión tras haberse trasladado. La reforma pensional establece en su artículo 24 que cuando estos afiliados se pensionen, ocurrirá un traslado específico. Los recursos pasarán al fondo de ahorro que administrará el Banco de la República según esa normativa.
La dificultad radica en que precisamente ese artículo 24 se encuentra actualmente suspendido por decisión judicial. Esta suspensión crea un vacío normativo sobre el tratamiento de los recursos de quienes ya están en edad de pensionarse. Mientras tanto, los 5 billones de pesos permanecen en una especie de limbo jurídico a la espera de definiciones.
El Gobierno ha señalado públicamente que las administradoras de fondos de pensiones se benefician de esta situación. Según el Ejecutivo, estarían obteniendo réditos económicos a través de las comisiones que cobran por administrar estos recursos. Esta acusación ha generado fuertes declaraciones por parte del gremio de las administradoras de fondos privados.
Velasco respondió categóricamente que las administradoras “no se están ganando un solo peso por tener esos recursos”. Además, afirmó que pueden transferirlos sin ningún problema tan pronto el Consejo de Estado así lo indique. Estas declaraciones buscan desmentir las acusaciones gubernamentales sobre supuestos beneficios económicos indebidos por parte del sector privado.
El presidente de Asofondos detalló dónde se encuentran invertidos actualmente los 5 billones de pesos en disputa. Explicó que estos recursos están distribuidos en diversos activos financieros de acuerdo con las regulaciones vigentes. Más del 70% de estos dineros están invertidos en títulos de tesorería del Gobierno colombiano.
“El 95% de esos dineros están en Colombia”, puntualizó Velasco durante sus declaraciones públicas sobre el tema. Aclaró que hacen parte del fondo conservador, tal como lo ordena la ley para este tipo de recursos. Este fondo corresponde a las personas que están a menos de diez años de cumplir la edad de pensionarse.
Velasco hizo un llamado al Gobierno para cesar los ataques públicos contra las administradoras de fondos privados. Recordó que el uso de los ahorros pensionales no depende netamente de la voluntad de las administradoras. Estas entidades hacen parte de un sector altamente regulado y vigilado por las autoridades financieras del país.
“En 30 años no se ha perdido un solo peso en las AFP”, concluyó el presidente de Asofondos. Esta afirmación busca resaltar el historial de seguridad y confiabilidad del sistema privado de pensiones en Colombia. También pretende contrarrestar las críticas gubernamentales sobre el manejo de los recursos por parte del sector privado pensional.
La controversia evidencia las profundas diferencias entre el Gobierno y el sector privado sobre el modelo pensional colombiano. Mientras el debate jurídico continúa en el Consejo de Estado, miles de cotizantes esperan claridad sobre sus recursos. La definición de este caso podría sentar precedentes importantes para el futuro del sistema pensional en el país.
