En un movimiento que ha sacudido los cimientos de la política económica argentina, el presidente Javier Milei ha desplegado una serie de reformas ultraliberales que buscan desregularizar la economía del país. Con un decreto que modifica o deroga más de 300 normas, Milei ha puesto en marcha un plan que, según sus palabras, tiene como fin la “reconstrucción del país” y la devolución de la “libertad y autonomía a los individuos”. Entre las normas afectadas se encuentra la ley de alquiler y el régimen laboral, lo que ha provocado una reacción inmediata y visceral por parte de la ciudadanía.
La noche del miércoles 20 de diciembre, mientras las calles de Buenos Aires resonaban con el sonido de cacerolas, el presidente Milei defendía su decisión como una necesidad para revertir un siglo de intervencionismo estatal que, a su juicio, ha llevado a Argentina a una serie de crisis económicas. La privatización de empresas estatales, como la petrolera YPF o Aerolíneas Argentinas, y la reforma del sistema de atención en medicina privada son solo algunas de las medidas que han encendido el debate público.
La respuesta no se hizo esperar. Miles de personas se congregaron espontáneamente cerca del Congreso, manifestando su rechazo a las políticas que consideran un ataque directo a sus derechos y estabilidad económica. Nicolás Waiselbaum, un docente de 48 años, expresó su temor ante los cambios abruptos, mientras que Leopoldo Maldonado, un estudiante de 25 años, se mostró preocupado por las implicaciones de la reforma laboral y la ley de alquileres, especialmente para los jóvenes que buscan trabajo estable.
La manera en que se han tomado estas decisiones también ha sido objeto de crítica. El uso de un decreto de necesidad y urgencia ha sorprendido incluso a aquellos que apoyaron a Milei durante su campaña, esperando que las instituciones argentinas actuaran como un contrapeso a sus propuestas más radicales. La politóloga Lara Goyburu señaló que la sorpresa radica en la forma, no en el fondo, de las medidas anunciadas.
El decreto, ya efectivo tras su publicación en el Boletín Oficial, deberá enfrentarse al escrutinio del Congreso en una comisión bicameral. La situación parlamentaria de Milei es delicada, con su partido, La Libertad Avanza, contando con una representación minoritaria tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. La coalición de centro-derecha Juntos por el Cambio, aunque parcialmente aliada, no garantiza una mayoría absoluta, y el peronismo, ahora en la oposición, mantiene una presencia significativa en ambas cámaras.
La economía argentina, ya golpeada por una inflación interanual que supera el 160% y una tasa de pobreza que rebasa el 40%, se encuentra en un punto de inflexión. Las medidas de austeridad presentadas por Milei, incluyendo la eliminación de subsidios y la paralización de obras de infraestructura, buscan recortar el gasto público en un 5% del Producto Interno Bruto y han llevado a una devaluación de la moneda de más del 50%.
Este conjunto de reformas, que Milei justifica como un retorno a la prosperidad que Argentina disfrutó en la década de 1920, ha abierto un debate profundo sobre el futuro económico y social del país. Las calles, los hogares y las instituciones argentinas se convierten ahora en el escenario de una lucha ideológica y práctica sobre cómo debe ser gobernada la nación y cuál es el camino hacia la recuperación económica y la justicia social.
