El apagón que sacudió a Chile el 25 de febrero ha dejado una estela de interrogantes y desafíos para el país. A las 3:16 p.m., una falla en la línea de transmisión Nueva Maitencillo-Nueva Pan de Azúcar, operada por ISA Interchile, dejó sin electricidad a ocho millones de hogares. Este evento no solo afectó a la población, sino que también impactó a sectores clave como la minería, el comercio y el transporte.
Interchile, filial de la colombiana ISA, se encuentra en el centro de la tormenta. La empresa fue creada en 2012 para construir y operar la línea de transmisión Cardones-Polpaico, una infraestructura vital para la estabilidad del sistema eléctrico chileno. Esta obra, inaugurada en 2019, demandó una inversión de US$1.000 millones y permite la integración de energías renovables en el país. Sin embargo, el reciente apagón ha puesto en duda la fiabilidad de esta infraestructura.
ISA, la empresa matriz, es uno de los mayores operadores de redes de transmisión en América Latina. Con presencia en Brasil, Perú, Bolivia y Chile, su historia en este último país se remonta a 1999. En ese año, adquirió Transelec, la principal transmisora eléctrica chilena, aunque en 2015 vendió esta compañía para concentrarse en Interchile. La estructura accionaria de ISA, con un 51,4 % en manos de Ecopetrol y participación de Empresas Públicas de Medellín (EPM), convierte a esta red eléctrica en un activo estratégico para Chile y Colombia.
El impacto del apagón fue inmediato y devastador. El metro de Santiago colapsó, se generaron grandes atascos vehiculares, y hospitales y aeropuertos activaron planes de contingencia. Miles de personas quedaron atrapadas en ascensores y sistemas de transporte paralizados. Ante esta situación, el Gobierno declaró estado de emergencia y toque de queda para evitar saqueos y garantizar el orden público.
Luis Llano Zuleta, gerente general de Interchile, afirmó que la empresa ha estado en continua coordinación con la autoridad técnica. Según él, el evento se produjo por la activación no deseada de un sistema de protección, que desconectó automáticamente ambos circuitos de la línea. Esto generó el colapso del suministro eléctrico. A pesar de que el servicio comenzó a restablecerse a las 4:00 p.m., apenas 44 minutos después del evento, las causas exactas del fallo aún se investigan.
Los sistemas de protección en redes de alta tensión son cruciales para evitar daños estructurales y fallas prolongadas. En este caso, el sistema de protección operó sin la existencia de una falla real, lo que llevó a la desconexión automática de la línea. Este hecho ha puesto de manifiesto la necesidad de revisar y mejorar los protocolos de seguridad.
El apagón no solo afectó a los hogares, sino que también golpeó duramente a la economía. La minería, que representa el 10 % del PIB de Chile, fue una de las industrias más perjudicadas. Escondida, la mina de cobre más grande del mundo, cerró por completo su producción durante el apagón. Codelco, la minera estatal, detuvo operaciones en varias de sus plantas. Otras compañías, como Anglo American y Antofagasta, lograron seguir operando gracias a fuentes de energía alternativas. Las pérdidas millonarias por hora reavivaron preocupaciones en el mercado global del cobre, del cual Chile es el mayor exportador.
El presidente chileno, Gabriel Boric, calificó el apagón como “indignante” y exigió responsabilidades a las empresas privadas que operan la red eléctrica. En una declaración televisada, Boric afirmó: “No es posible que la vida cotidiana de millones de chilenos y chilenas se vea alterada de esta forma. Vamos a asegurarnos de que los responsables de esta situación tengan que responder”.
Por su parte, la ministra del Interior, Carolina Tohá, descartó un sabotaje y afirmó que se trató de una falla técnica en la red de transmisión. No obstante, el gobierno ha anunciado investigaciones y posibles sanciones a las empresas involucradas. Aunque Interchile aseguró que su infraestructura se restableció en menos de una hora, el colapso generalizado del sistema evidenció la falta de redundancia y protocolos más sólidos para evitar crisis de este tipo.
Para Interchile, esta crisis puede tener consecuencias de largo plazo. Aunque su infraestructura ha sido clave para la modernización del sistema eléctrico chileno, su reputación queda en entredicho tras este evento. El gobierno ya evalúa ajustes en la regulación del sector, con posibles cambios en los protocolos de seguridad y nuevas exigencias a las empresas operadoras.
En este contexto, es crucial que las autoridades y las empresas trabajen juntas para fortalecer el sistema eléctrico chileno. La implementación de medidas preventivas y la mejora de los protocolos de seguridad son esenciales para evitar futuros apagones. Además, es fundamental que se realicen inversiones en infraestructura y tecnología para garantizar un suministro eléctrico confiable y sostenible.
El apagón del 25 de febrero ha sido un recordatorio de la importancia de contar con un sistema eléctrico robusto y resiliente. La colaboración entre el gobierno, las empresas y la sociedad civil será clave para superar este desafío y asegurar un futuro energético más seguro para Chile.
