La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y actual gerente del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, realizó graves señalamientos en diálogo con la revista Semana. Además, reveló detalles sobre un presunto plan orquestado para dañar su imagen. Igualmente, denunció intentos para sacarla del Gobierno nacional.
Según la entrevista concedida al medio, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo, estaría aliado con más de veinte personas. Asimismo, habría utilizado a una persona como espía dentro de la entidad. De esta manera, se mantendría informado sobre sus actividades diarias.
Rodríguez tuvo acceso a una conversación entre Carrillo y el señalado espía. En ese diálogo, el director de la Ungrd habría manifestado: “Lo que ella no sabe es que adentro le lloverá candela”. Posteriormente, la funcionaria interpretó ese mensaje como una amenaza directa. Por consiguiente, considera que buscan encarcelarla o asesinarla.
“O me quieren matar o me quieren llevar presa, lo tengo clarísimo”, afirmó la funcionaria al medio citado. Además, señaló que Carrillo no actuaría solo en este presunto complot. También identificó a otras personas involucradas en el supuesto plan.
Entre los nombres mencionados figura Juliana Guerrero, señalada de haber recurrido a irregularidades para obtener títulos académicos. Específicamente, se cuestiona su título como contadora pública y tecnóloga en gestión contable. La joven estuvo cerca de ser viceministra de Juventudes en el Ministerio de Igualdad. Sin embargo, las denuncias sobre anomalías en sus títulos impidieron su nombramiento.
La gerente del Fondo de Adaptación aseguró que ella denunció al interior del Gobierno las inconsistencias educativas de Guerrero. Incluso, informó directamente al presidente Gustavo Petro sobre estas irregularidades. No obstante, el mandatario defendió a la joven en varias oportunidades.
Rodríguez descubrió que Guerrero estaba implicada en los ataques contra ella gracias a información del presunto espía. “En una de las amenazas y extorsiones que me entrega el espía, me habla de Juliana Guerrero”, precisó. Posteriormente, agregó: “y me dice: ‘Es que yo tengo cosas tuyas y yo le voy a pasar a Juliana Guerrero, y yo también me hablo con Carrillo y también el señor de Palacio, que en este caso es Raúl Moreno'”.
La funcionaria afirmó que Juliana Guerrero tiene poder en muchas entidades del Estado. Además, se habría encargado de desprestigiar a la vicepresidenta Francia Márquez. “Ella envenenaba a esa persona diciéndole: ‘Hay que sacar a la vicepresidenta Francia, ella no sirve'”, aseveró Rodríguez. Según su versión, el objetivo final era “tomarse el Ministerio de la Igualdad”.
Asimismo, reveló que Juliana Guerrero solía decir que tenía nexos con el Ejército de Liberación Nacional. “Nadie se va a aguantar las presiones de ellos, y lo digo con conocimiento de causa porque me pasó a mí”, manifestó. Posteriormente, añadió: “y más cuando la señora Juliana Guerrero se ufanaba de tener vínculos con el ELN”.
La gerente aseguró que Guerrero pronunció esas palabras en su presencia. Igualmente, indicaba que era amiga de integrantes de la guerrilla. De esta manera, al parecer, intimidaba a las personas para evitar críticas. Por lo tanto, nadie se atrevía a decir nada malo sobre ella.
Desde la perspectiva de Rodríguez, Juliana Guerrero y las demás personas involucradas tenían un interés particular. Principalmente, buscaban sacarla del Dapre para adquirir el control de la entidad. A su juicio, ese objetivo respondía únicamente a ambición personal. “Ellos tienen un delirio por el poder y la plata”, señaló categóricamente.
El caso de Juliana Guerrero continúa bajo la lupa de varias entidades estatales. Resulta llamativo que a su corta edad, sin experiencia y sin títulos universitarios válidos, ocupara espacios de poder. Específicamente, estos espacios se ubicaban en la Casa de Nariño.
Tras su salida sorpresiva del Gobierno, Angie Rodríguez reveló más detalles sobre su remoción. Según su versión, detrás de este movimiento había una campaña organizada en su contra. Además, esta campaña involucraría a múltiples actores dentro del Ejecutivo.
Rodríguez envió un mensaje directo al presidente Gustavo Petro sobre esta situación. “Presidente, escúcheme lo que le estoy diciendo, porque creo que a usted lo están engañando”, expresó. Posteriormente, agregó que parte de la estrategia de estas personas sería aislarlo. Finalmente, concluyó: “y parte de la estrategia de todas estas personas es quererlo aislar de la gente que es buena y leal con el proyecto”.
La funcionaria sostiene que fue ella quien alertó sobre las irregularidades de Guerrero. No obstante, sus advertencias no fueron suficientemente atendidas en su momento. Por el contrario, la joven continuó ascendiendo en la estructura gubernamental.
Las acusaciones de Rodríguez revelan tensiones internas dentro del Gobierno nacional. Asimismo, exponen posibles redes de influencia que operarían en las altas esferas. Además, plantean interrogantes sobre los mecanismos de control y verificación de antecedentes.
El supuesto vínculo de Guerrero con el ELN constituye una de las acusaciones más graves. Igualmente, representa un riesgo potencial para la seguridad institucional. Por consiguiente, estas afirmaciones requieren investigación exhaustiva por parte de las autoridades competentes.
La presunta campaña de desprestigio contra Francia Márquez añade otra dimensión al caso. Además, sugiere que las ambiciones de Guerrero iban más allá de posiciones administrativas. Específicamente, apuntarían a cargos de alta jerarquía en el Ministerio de Igualdad.
El papel de Carlos Carrillo en este entramado también genera preocupación institucional. Como director de la Ungrd y predecesor de Rodríguez en el Fondo de Adaptación, tendría información privilegiada. Asimismo, contaría con contactos estratégicos dentro de la administración pública.
La existencia de un presunto espía dentro del Fondo de Adaptación evidencia vulnerabilidades en la seguridad interna. Además, demuestra que la información sensible podría estar siendo filtrada. Por lo tanto, se requieren medidas urgentes para proteger la confidencialidad institucional.
Las conversaciones interceptadas constituyen evidencia clave en este caso. No obstante, aún falta determinar su autenticidad y contexto completo. Igualmente, será necesario verificar la cadena de custodia de estos materiales.
La referencia a “más de veinte personas” involucradas sugiere una red amplia de colaboradores. Asimismo, indica que el supuesto plan tendría ramificaciones en múltiples entidades. Por consiguiente, la investigación debería extenderse más allá de los nombres mencionados.
Las amenazas de muerte y encarcelamiento contra Rodríguez representan delitos graves. Además, si se comprueban, podrían acarrear consecuencias penales para los responsables. Igualmente, afectarían la credibilidad del Gobierno ante la opinión pública.
El hecho de que Guerrero estuviera cerca de ser viceministra pese a las irregularidades plantea cuestionamientos. Específicamente, sobre los procesos de selección y nombramiento en el Ejecutivo. Además, sobre la diligencia debida aplicada a los candidatos.
La defensa del presidente Petro hacia Guerrero, según Rodríguez, sugiere posible desinformación al mandatario. Alternativamente, podría indicar presiones o influencias que desconoce. Por lo tanto, la funcionaria insiste en que el presidente está siendo engañado.
Las acusaciones sobre el “delirio por el poder y la plata” apuntan a motivaciones corruptas. Asimismo, contrastan con el discurso oficial del Gobierno sobre transparencia. Además, generan dudas sobre la integridad de algunos funcionarios.
La estrategia de aislar al presidente de personas leales constituye una táctica política conocida. Sin embargo, si se confirma, revelaría manipulación dentro del círculo presidencial. Igualmente, afectaría la capacidad del mandatario para tomar decisiones informadas.
Las declaraciones de Rodríguez coinciden con un momento político delicado para el Gobierno. Además, se producen en contexto de elecciones presidenciales programadas para dos mil veintiséis. Por consiguiente, podrían tener implicaciones electorales significativas.
La credibilidad de estas acusaciones dependerá de las investigaciones que se adelanten. Asimismo, de las pruebas que puedan presentarse ante las autoridades competentes. Igualmente, de la coherencia entre las diferentes versiones de los hechos.
El caso Guerrero ya había generado controversia previamente por las irregularidades académicas. Ahora, estas nuevas acusaciones amplían el espectro de cuestionamientos. Además, vinculan el caso con temas de seguridad nacional.
La mención específica de Raúl Moreno como “el señor de Palacio” sugiere su participación. Asimismo, indica que tendría un rol de coordinación o articulación. Sin embargo, aún no se conoce su versión sobre estos señalamientos.
Las instituciones involucradas incluyen el Dapre, el Fondo de Adaptación y la Ungrd. Además, potencialmente el Ministerio de Igualdad y otras entidades no especificadas. Por lo tanto, el alcance del supuesto plan sería considerable.
La intimidación mediante referencias al ELN constituye una forma grave de amenaza. Además, si Guerrero efectivamente tiene vínculos con esta organización, configuraría delitos específicos. Igualmente, pondría en riesgo la seguridad de funcionarios y del Estado.
