Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, podría convertirse en el primer exjefe de Estado del país en enfrentar un juicio penal. El Tribunal Superior de Bogotá está a punto de decidir su futuro judicial en relación con un caso de presunta manipulación de testigos y fraude procesal. Uribe está siendo investigado formalmente por estos delitos.
El propio Uribe ha informado que la Sala Penal del Tribunal de Bogotá podría rechazar su solicitud de preclusión del proceso, dejándolo vinculado al caso por tercera vez. Aunque la noticia fue revelada por el propio Uribe, se espera que el Tribunal haga pública su decisión a las 2:00 p.m. del 6 de octubre, momento en el que se conocerán los detalles. Fuentes cercanas al proceso han informado a El Espectador que, aunque la Fiscalía tiene seis meses para presentar el escrito de acusación contra Uribe, en esta ocasión no esperarán y lo presentarán de inmediato.
Uribe, quien se encontraba en Cartagena cuando fue notificado, ha expresado su preocupación por la noticia. Según el expresidente, su única acción ha sido defender su reputación, y niega tener conocimiento de sobornos a testigos o engaños a la Corte. Uribe sostiene que toda la información que recogía se enviaba de buena fe a la Corte para su examen, pero se le acusa de enviar esa información para engañar.
El caso se remonta a 2012, cuando Uribe denunció al senador del Polo Democrático Iván Cepeda, quien presentó testimonios de exparamilitares que vinculaban al expresidente con las autodefensas en un debate en el Congreso. Seis años después, en febrero de 2018, el alto tribunal concluyó que no hubo irregularidad alguna en la conducta de Cepeda, pero advirtió posibles faltas en la defensa de Uribe. Desde ese momento, el tribunal detectó posibles presiones del expresidente y sus abogados contra los testigos que habían hablado con Cepeda.
Uribe ha afirmado que, a lo largo del proceso, ninguno de los testigos ha podido desvirtuar su afirmación de que nunca tomó la iniciativa para buscar presos. Según el exmandatario, simplemente ha pedido que se verifique si las informaciones que le llegaban eran ciertas, en particular las que sugerían que personas como el senador Iván Cepeda los buscaban y les ofrecían recompensas para que lo acusaran injustamente.
Dentro del proceso, el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien ha sido el testigo estrella, ha señalado a Uribe y a su hermano Santiago de crear, junto con otros hacendados de Antioquia, los primeros grupos paramilitares en ese departamento. Monsalve es hijo de un exmayordomo de la hacienda Guacharacas, que fue propiedad de la familia Uribe Vélez en los años 90. Ha sostenido que en esa finca se creó el Bloque Metro de las AUC, con la supuesta participación del expresidente.
La Fiscalía ha insistido en todas las instancias en que no hay pruebas que indiquen que Álvaro Uribe estuvo inmiscuido en algún delito. El fiscal Javier Cárdenas, subalterno de Gabriel Jaimes, primer fiscal que trató de precluir el proceso, intentó probar que lo correcto era cerrar la investigación. Sin embargo, la jueza Laura Barrera fue crítica al decir que el intento de preclusión fue un “desgaste” para el proceso y que el fiscal nunca investigó a profundidad los hechos denunciados por los testigos.
La jueza Barrera desvirtuó la tesis de la Fiscalía con siete hechos que involucran a la exfiscal Hilda Niño, al excongresista Álvaro Hernán Prada (hoy magistrado del Consejo Electoral) y a los exparamilitares alias el Tuso Sierra y Carlos Enrique Vélez. Este último mencionó en su declaración que el abogado Diego Cadena le ofreció hasta $200 millones por testificar a favor de Uribe.
