La advertencia de la Procuraduría sobre la posible interrupción del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el departamento del Magdalena durante el segundo semestre del 2023 es una señal de alarma que no puede ser ignorada. La paralización de la adjudicación del contrato ha generado cuatro aplazamientos y obstáculos administrativos que impiden avanzar en el proceso de contratación del operador, lo que pone en peligro los derechos constitucionales a la educación y la alimentación equilibrada de los niños, niñas y adolescentes de 28 municipios del departamento.
Gabriel del Toro, procurador primero delegado para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, ha expresado su preocupación al respecto, afirmando que es responsabilidad de las autoridades priorizar el interés supremo de la población escolar. La indebida planificación del proceso y la falta de culminación del mismo han llevado a Del Toro a instar a la Gobernación del Magdalena a publicar de manera inmediata el informe final de la evaluación de las ofertas y adjudicar el contrato en el menor tiempo posible.
La urgencia de resolver esta situación radica en que los estudiantes tienen programado regresar de sus vacaciones el próximo 3 de julio, lo que deja un margen de tiempo muy limitado para asegurar la continuidad y el funcionamiento adecuado del PAE. La Procuraduría ha reiterado su compromiso de “velar por el buen desempeño de las funciones públicas y la protección de los derechos de los niños”, así como garantizar el cumplimiento eficiente del Programa de Alimentación Escolar en todo el país.
Por otra parte, la Procuraduría General también realizó una solicitud a la gobernadora de La Guajira, Diala Patricia Wilches Cortina, para que adopte las medidas necesarias y solucione las deficiencias detectadas en la prestación del servicio del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en 12 municipios del departamento, antes del reinicio de clases tras las vacaciones de mitad de año. La acción preventiva realizada por la Procuraduría Regional de Instrucción de La Guajira encontró que algunas instituciones educativas no cumplen con los requerimientos técnicos necesarios en áreas como manejo higiénico sanitario, saneamiento básico, menaje y dotación.
Entre las falencias detectadas, se ha constatado que algunos colegios no disponen de espacios adecuados para la preparación de los alimentos y carecen de la cantidad suficiente de platos, vasos y cubiertos para los estudiantes. Además, el órgano de control encontró que “las personas encargadas de manipular los alimentos no tienen la instrucción necesaria para el uso de implementos de seguridad, y los refrigeradores donde se almacenan las carnes no se encuentran en sitios adecuados”.
Es necesario tomar medidas urgentes para garantizar el derecho a la alimentación equilibrada y a la educación de los niños, niñas y adolescentes de estos departamentos. La Procuraduría ha hecho un llamado a las autoridades para que prioricen el interés supremo de la población escolar y se comprometan a cumplir eficientemente con el Programa de Alimentación Escolar en todo el país.
